Este jueves 24 de junio, integrantes de Víctimas Demandantes (VIDAS) y la Asociación de Excombatientes por la Democracia (AED) acudimos a la Asamblea Legislativa. Pretendíamos hablar con la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputada Rebeca Santos de González, para plantearle nuestra profunda preocupación por el incumplimiento de ese órgano gubernamental en lo relativo a sus obligaciones derivadas de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, publicada el 13 de julio del 2016. Queríamos saber qué se hará para saldar dicha deuda con las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas de las atrocidades ocurridas antes de la guerra y durante la misma, cuya autoría se atribuye a fuerzas gubernamentales e insurgentes. Pero no pasamos del portón principal de la llamada “casa del pueblo”. Les cuento lo sucedido.

Opinión

¿Nuestra casa? ¿Por qué hablamos de una necesaria y legítima dignificación, no solo de las víctimas sino también de nuestra sociedad? Porque hasta ahora los poderes formales y reales han impedido que esta se concrete

Benjamín Cuéllar / Defensor de Derechos Humanos @BenjamnCullar2

jueves 1, julio 2021 • 12:00 am

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Este jueves 24 de junio, integrantes de Víctimas Demandantes (VIDAS) y la Asociación de Excombatientes por la Democracia (AED) acudimos a la Asamblea Legislativa. Pretendíamos hablar con la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputada Rebeca Santos de González, para plantearle nuestra profunda preocupación por el incumplimiento de ese órgano gubernamental en lo relativo a sus obligaciones derivadas de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, publicada el 13 de julio del 2016. Queríamos saber qué se hará para saldar dicha deuda con las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas de las atrocidades ocurridas antes de la guerra y durante la misma, cuya autoría se atribuye a fuerzas gubernamentales e insurgentes. Pero no pasamos del portón principal de la llamada “casa del pueblo”. Les cuento lo sucedido.

Propositivas que somos, íbamos con la intención de solicitarle una reunión de trabajo en la cual pudiéramos acordar una agenda para impulsar un proceso de consulta amplia con víctimas y elaborar la ley nacional para la dignificación, tanto de estas como de la sociedad salvadoreña con base en los parámetros establecidos en el referido fallo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Asimismo, queríamos plantear nuestro interés por participar después en el diseño de las políticas públicas para hacer realidad el contenido de esa normativa.

¿Por qué hablamos de una necesaria y legítima dignificación, no solo de las víctimas sino también de nuestra sociedad? Porque hasta ahora los poderes formales y reales han impedido que esta se concrete, al negarles precisamente la vigencia de los derechos antes mencionados. Han impedido esclarecer y conocer plenamente innumerables y terribles hechos consumados durante décadas. Fuera de algunos casos como los incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad y de los escasos “reconocimientos” oficiales, simbólicos y de poco provecho realizados durante los períodos presidenciales de la exguerrilla, nada se ha ejecutado en favor de quienes sufrieron cualquier tipo de barbaridad y continúan sufriendo al ver a los criminales ‒que tanto daño les hicieron‒ protegidos por la impunidad.

Para ilustrar lo anterior, recordemos el 16 de noviembre del 2009 cuando Mauricio Funes entregó la Orden José Matías Delgado a familiares de seis jesuitas masacrados veinte atrás, dentro de la universidad adonde la mayoría de estos laboraba. A Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariset, las otras víctimas mortales durante esa siniestra madrugada, solo las mencionó dos veces durante su perorata; de haber homenajeado de igual forma a estas, Funes habría realizado un digno reconocimiento al crucificado pueblo salvadoreño con el cual se comprometieron los curas inmolados. Para colmo, como jefe de Estado y comandante general de la Fuerza Armada, luego protegió a un grupo de militares acusados de ser autores intelectuales y materiales de tal matanza; lo hizo cuando se emitieron órdenes internacionales para su captura y extradición a España.

Regresando al infructuoso intento de entregar nuestra petición a la diputada Santos de González, no queríamos dejarla en la fría e impersonal ventanilla adonde reciben correspondencia. Demandábamos explicarle detalladamente a ella o a alguien de la comisión a su cargo de qué trataba; también que lo hacíamos en la víspera de cumplirse cinco años de la citada sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía de 1993. Asimismo, deseábamos contarle que en junio de 1979 asesinaron al sacerdote Rafael Palacios y un año después a fray Cosme Spessotto; que el 26 de junio de 1980, militares y guardias nacionales incursionaron a sangre y fuego en la comunidad La Fosa y la vecina Universidad de El Salvador; que en esa fecha, además, actualmente se conmemora el Día internacional en solidaridad con las víctimas de la tortura…

Pero no. Había que dejar la carta en la mencionada ventanilla, esperar que la entregaran a la comisión y suponer que esta se dignaría convocarnos. No quisimos ceñirnos a lo establecido por la burocracia legislativa; pensamos que era cierto lo que, días antes, había expresado el jefe de la bancada del partido presidencial. “Al fin es la casa del pueblo ‒dijo Christian Guevara, refiriéndose a esa entidad estatal‒ y no una franquicia de corporaciones”. Pecamos, pues, de inocentes.


Pero al enterarse de nuestra presencia y decidida intención de hablar con alguien, uno de los partidos que burlonamente llaman “esquineros” envió su representante. Recordemos que en la “Arena El Salvador”, está la esquina de los “limpios” y la de los “sucios”. De la primera salió alguien del partido VAMOS y con él hablamos; bajo el sol, después de más de una hora de espera, logramos así que nos escucharan.