El Salvador es el país de las contradicciones en materia de gestión del agua. Es un país con escasez de agua y con un umbral cercano al stress hídrico que ronda los 1,700 m³ por persona por año, pero con un alto índice de precipitación anual que casi dobla el umbral del stress hídrico, con lluvias que parece serán cada año más intensas por la variabilidad climática que vive el planeta. Al mismo tiempo es un país que aprobó en 5 horas el bitcoin como moneda de curso legal, pero lleva más de una década discutiendo una ley de aguas para regular el uso y explotación del recurso hídrico.

Opinión

¡Nos llueve sobre mojado porque queremos! Todos los años es la misma historia, la repetimos porque tenemos gobernantes y funcionarios a nivel central y municipal que ni recoger la basura pueden.

Roberto Rivera Ocampo / Consultor en desarrollo y políticas públicas @RobertoMOcampo

jueves 17, junio 2021 • 12:00 am

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El Salvador es el país de las contradicciones en materia de gestión del agua. Es un país con escasez de agua y con un umbral cercano al stress hídrico que ronda los 1,700 m³ por persona por año, pero con un alto índice de precipitación anual que casi dobla el umbral del stress hídrico, con lluvias que parece serán cada año más intensas por la variabilidad climática que vive el planeta. Al mismo tiempo es un país que aprobó en 5 horas el bitcoin como moneda de curso legal, pero lleva más de una década discutiendo una ley de aguas para regular el uso y explotación del recurso hídrico.

Según datos de la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples de la DIGESTYC en 2017, el 8.8% de los hogares a nivel nacional no tienen acceso a agua seguro, para un total de 161,978 hogares lo que representa 581,501 personas. Este déficit es más drástico en el área rural, que tiene una carencia de agua potable del 18%. Por otra parte, el “Informe de la calidad del agua de los ríos de El Salvador” elaborado en 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), concluye que ninguno de los 10 ríos evaluados a través de las guías de calidad de agua (Lempa, Paz, Cara Sucia, Grande de Sonsonate, Comalapa, Jiboa, Bahía de Jiquilisco, Grande de San Miguel, Sirama, Goascorán) cumple con la aptitud de uso para agua cruda a potabilizar por métodos convencionales, en su mayoría debido a presencia de valores fuera de rango en los coliformes fecales.

A la escasez, mala calidad y falta de regulación del agua, hay que agregar que la condición de los suelos, el desarrollo inmobiliario sin controles estrictos, la mala gestión de los desechos sólidos, sistemas de drenajes colapsados, son el escenario ideal para que cada año las lluvias en pocas horas provocan inundaciones en casi todas las ciudades grandes o medianas. A pesar de que esto ocurre todos los años poniendo en riesgo a cada vez más personas, no solo a la que vive a la orilla de ríos y quebradas; a pesar de que se sabe que la escasez de agua se profundiza año con año ¿Por qué las autoridades no hacen nada? La adecuada gestión del recurso hídrico podría solucionar dos graves problemas: la escasez y las inundaciones.

Todos los años muchos salvadoreños tienen grandes pérdidas materiales y humanas a causa del desbordamiento de ríos y quebradas, deslaves, derrumbes e inundaciones. La implementación de medidas para atender esos riesgos no puede depender de la voluntad política para aprobar una ley de aguas o implementar la ley de protección civil. El Estado cuenta con todas las herramientas necesarias para desarrollar e implementar soluciones técnicas baratas reducir los riesgos de inundación aguas abajo. La pregunta es si ¿puede, quiere o sabe hacerlo? En el año 2012, cuando ejercía como Director Ejecutivo del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) llevé a la Junta Directiva una propuesta de Adaptación Urbana al Cambio Climático que se había trabajado en conjunto con la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y un socio privado.

La propuesta era muy sencilla. Consistía en readecuar techos y parqueos de inmuebles públicos y privados de tal manera que el agua lluvia pudiera ser reorientada hacia un dispositivo (tanque de captación o cisterna) que estaría bajo tierra. Con ello se podría disminuir la escorrentía, controlar las descargas de agua y con ello disminuir la cantidad de agua que va a dar a los drenajes en los momentos de mayor precipitación de aguas lluvias. EL costo sería asumido en buena parte por la empresa privada y para los particulares habría un apoyo a través de un fideicomiso. La propuesta fue engavetada por la Junta Directiva por, según palabras textuales de Lina Pohl, “no estar en la agenda del MARN”.

Si la prueba piloto hubiese funcionado el reto era masificar dicha medida voluntaria, pero con la mira de generar los incentivos correctos para que todos pudieran adoptarla. La otra parte de la propuesta consistía en cómo poder aprovechar el agua recolectada para su uso en comunidades cercanas para usos domésticos (no consumo humano) y con ello luchar contra la escasez en el área metropolitana. Si bien esta intervención por masiva que fuera no evitaría por completo las inundaciones, ésta se debía complementar con otras acciones relacionadas con la recuperación de las cuencas, la reforestación aguas arriba, la construcción de lagunas de laminación (grandes infraestructuras receptoras de aguas), la prohibición de construir en zonas de recarga, etc, etc, etc.


Todos los años es la misma historia, la repetimos porque tenemos gobernantes y funcionarios a nivel central y municipal que ni recoger la basura pueden. Nos llueve sobre mojado porque la gente vota por incapaces que no saben cómo, no pueden ni quieren resolver un problema que saben que tendremos siempre.