Opinión

Normativa para agencias de seguridad

Jaime Ulises Marinero, periodista @ulisesmarinero

martes 21, septiembre 2021 • 12:00 am

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El  1 de octubre de 2012 Amado Neftali Mendoza Gallegos, entonces de 45 años de edad, se desempeñaba como agente de seguridad privada de una empresa de seguridad y estaba asignado al estacionamiento de un restaurante de comida rápida en el Bulevar Los Héroes y pasaje San Carlos, en San Salvador. En tanto Julio César Solórzano, un indigente de 42 años, se dedicaba a pedir dinero o comida a clientes que salían o entraban al restaurante. A eso de las 8:00 de la noche. Mendoza le pidió a Solórzano que se retirara, pero como éste no comprendió la orden le disparó en la cabeza.

En el juicio, Mendoza fue condenado a diez años de internamiento en el Hospital Psiquiátrico, ya que un informe del Instituto de Medicina Legal determinó que el agente de seguridad tenía problemas mentales y era incapaz de comprender o diferenciar lo lícito de lo ilícito. Además lo describió como una persona violenta, que había consumido thinner y pega de zapatos, lo cual fue confirmado por sus propios parientes.

Aun así, con problemas mentales, la empresa de seguridad lo contrató y le asignó la responsabilidad de “brindar seguridad” en una zona concurrida, donde empleados, clientes y transeúntes corrían peligro sin saberlo. El mismo Ministerio de Defensa le autorizó la tenencia de arma, sin percatarse que era una persona violenta.

El caso de Mendoza, quien en el juicio declaró que le pegó un disparo en el tórax a la víctima, pero que luego le disparó en la cabeza para no verlo sufrir en el suelo, conmocionó a muchos, porque era evidente que el tipo no estaba cuerdo y porque la empresa de seguridad logró evadir su responsabilidad en el hecho.

Así como Mendoza, muchos agentes de seguridad privada han actuado al margen de la ley, con intolerancia e abusando de sus funciones. Hemos conocido decenas de situaciones en los cuales los vigilantes agreden y hasta balean (o matan) a personas por casos de intolerancia en estacionamientos y otros lugares. Hasta ahora no hay quien supervise adecuadamente a estas empresas para que cumplan con las normas básicas a la hora de contratar personal. El único requisito que ponen es que sean personas dispuestas a ser tratadas mal por la misma empresa y a recibir salarios miserables, la mayoría de veces sin prestaciones de ley.


Los miles de agentes de seguridad privada son personas sin mayor preparación académica, la mayoría campesinos o casi ancianos, con poca capacitación en el uso de armas y con ningún curso o formación de relaciones públicas. A los propietarios de las agencias de seguridad les conviene contratar a este tipo de personas porque los explotan, les dan un tratamiento inhumano, les violan sus derechos laborales, les retienen indebidamente las cuotas laborales y les pagan el salario mínimo o menos, aparte de hacerles descuentos bajo variopintos argumentos o por cualquier motivo.

Los ponen a trabajar turnos de 24 o 36 horas continuas, a algunos hasta les exigen que utilicen sus propias armas, y les descuentan horas por minutos de atrasos. En algunas empresas les descuentan los uniformes y literalmente los abandonan cuando se meten en problemas legales. Los despiden por cualquier motivo y ni siquiera les indemnizan. Las empresas prefieren pagar a abogados o a empleados corruptos del Ministerio de Trabajo, antes que a los trabajadores que despiden.

Hace unos 20 años fui parte de una directiva en la colonia donde residía y contratamos los servicios de una empresa de seguridad y por cada vigilante que nos proporcionaba le pagábamos 475 dólares, pero resulta que al vigilante ellos le pagaban 225 dólares. Es decir, que la empresa se quedaba con 250 dólares como ganancia por cada empleado. Una vez terminó el convenio decidimos contratar por nuestros medios a los vigilantes y les doblamos el salario.

Se ha anunciado una nueva normativa para regular a las empresas de seguridad pública y a sus trabajadores, en busca de mejorar las condiciones laborales de los vigilantes. Lo primero que se debe tomar en cuenta es que estas empresas deben contratar a personas idóneas y que les den capacitación constante en relaciones interpersonales, así como que cumplan con todas las prerrogativas de ley hacia el trabajador a quien deben darle un trato humano y mejores salarios. En tanto los ministerios de Seguridad, Defensa y Trabajo, deben hacer lo suyo y garantizar que se cumpla la normativa. Los agentes de seguridad privada (y las empresas de seguridad) son necesarios en un país donde la inseguridad es una condición cotidiana.