El exmagistrado constitucionalista Rodolfo González Bonilla no ve un arraigo pleno de la Constitución de la República en los salvadoreños pese a que es un instrumento que logra integrar las visiones liberal y socialista para resolver los problemas del país. El problema, según el abogado, no es el contenido de la Constitución, ni que esta sea ambigua, al contrario: señala que el problema en El Salvador es su aplicación y las débiles instituciones.

Política

"No es problema de Constitución" Para el exmagistrado, toda Constitución es mejorable pero advierte que antes debe hacerse un diagnóstico serio y de amplia consulta.

Yolanda Magaña

miércoles 16, diciembre 2020 • 5:00 am

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El exmagistrado constitucionalista Rodolfo González Bonilla no ve un arraigo pleno de la Constitución de la República en los salvadoreños pese a que es un instrumento que logra integrar las visiones liberal y socialista para resolver los problemas del país. El problema, según el abogado, no es el contenido de la Constitución, ni que esta sea ambigua, al contrario: señala que el problema en El Salvador es su aplicación y las débiles instituciones.

 

Se cumplen 37 años de la Constitución. ¿Cuál es la herencia de esta Constitución?

Toda Constitución tiene pretensiones de regular las bases de la convivencia con base en ciertos principios, democracia, dignidad humana, libertad, igualdad, Estado de derecho, seguridad jurídica, bien común. En eso, la Constitución es igual a las constituciones de los países democráticos. Pero en nuestra historia concreta esta es ya la segunda Constitución nuestra que ha tenido más duración, aquí tuvimos una Constitución que duró un año nada más en el siglo diecinueve y esta es la segunda, acercándose a la Constitución de 1886 que llegó a 1939. Aparte de su duración, los primeros diez años rigió durante el conflicto sirvió como fundamento para firmar la paz para la incorporación de un sector que estaba fuera del proceso político, se hizo partido, se incorporó, se hicieron reformas, en términos de mayor independencia judicial, Consejo de la Judicatura, creación de la Procuraduría de derechos humanos, se separó la función de defensa de la seguridad pública, se mandó al ejército a acuartelarse y a estar listo solo para la defensa de la soberanía y de la integridad territorial, y la función de policía se le encomendó a la PNC con obligación de respetar los derechos humanos y la legalidad.

Ha servido para la transición de Arena al FMLN, del FMLN a Gana, que es el partido de Gobierno en este momento, y mientras tanto ha integrado los distintos aspectos y visiones sobre cómo debe conducirse la cosa pública, ha sido un punto de encuentro de distintas visiones.

Lo que estamos viviendo en el último año y medio es una variante de populismo que desprecia las instituciones, que se sienta incómodo con esta situación de la legalidad fundamentada por la Constitución del 83, quiere aparentar, sigue replicando los mismos vicios del pasado pero quiere aparentar que está pasando la página, que es un nuevo capítulo de nuestra historia y se está hablando de una reforma profunda. Este día, un diputado del partido de Gobierno, de Gana, ha dicho que lo que en realidad necesitamos es una nueva Constitución, el diputado Gallegos. Pero yo creo que la Constitución ha superado en este tiempo, no por cualquier motivo, ahí se han visto reflejados de forma incompleta las visiones distintas de más Estado, más mercado, una asistencia a los sectores desvalidos vía justicia social, protección a los campesinos o grupos vulnerables y también el respeto a las libertades económicas, libertades políticas. Ha fallado, no la Constitución, hay realidades concretas de nuestro país, tres millones de salvadoreños residiendo fuera del país que contribuyen al sostenimiento de la economía pero que no ven reflejada una mejora de las condiciones de manera que, si ellos decidieran, no es que están pensando todos venirse, quisieran encontrar unas condiciones económicas, de seguridad, culturales, etcétera, ese sector de facto se ha visto excluido; poco a poco se le ha ido reconociendo derecho al sufragio y a niveles de organización social, eso ha sido muy evidente, pero no es problema de la Constitución, la Constitución nunca ha dicho que condición indispensable para poder votar es residir en el país, ha sido la legislación y las autoridades que administran los procesos electorales los que han dejado fuera a ese sector, no es la Constitución.


Bueno, con todo el dato objetivo es una Constitución que casi llega a las cuatro décadas, rigiendo procesos económicos y políticos de distinto signo, que refleja distintas ideologías, distintas tradiciones, eso es meritorio en nuestra historia de casi 200 años, hemos tenido casi 14 constituciones.

 

¿Cómo definiría la Constitución de El Salvador?

Es una Constitución que retoma elementos liberales, liberales quiero decir el Estado es casi el demonio, que no se meta, que solo garantice seguridad pública, ordenar el tráfico y dejar las libertades económicas, esos son elementos del siglo diecinueve pero se integran con elementos de la Constitución del 50 en que el auge era justicia social, protección a sectores desvalidos e integra incluso reivindicaciones más recientes, ya de finales del siglo veinte, por ejemplo el tema de medio ambiente y cabe una lectura integradora de las visiones liberales que reivindican la libertad del individuo y reducen el papel del Estado a un rol mínimo con aquellas reivindicaciones que dicen que el gran problema de la distribución del mercado y de la exclusión de amplios sectores de la población solo lo puede resolver el Estado con una política tributaria progresiva, cobrándole más impuestos a quien más gana, no castigando el éxito pero sí facilitando que los sectores de población de menos recursos tengan acceso a elementos básicos de las condiciones de vida, seguridad, salud, medio ambiente, educación. Es una Constitución que integra superar los antagonismos propios de principios de principios de los 80, que era una concepción liberal versus una concepción socialista. Algunos le critican ambigüedad pero es desconocimiento. No se puede definir de forma excluyente y decir 'la única manera de resolver los problemas económicos del país es con más mercado, con más Estado', dejando que el individuo llegue con su propio esfuerzo hasta donde quiera o ayudando a los sectores desfavorecidos, los perdedores de la globalización, del sistema económico que claramente es excluyente.

La Constitución siempre está abierta a sus reformas pero es fundamental, fundamental, antes de tocarla, hacer un diagnóstico serio, concienzudo, amplio, amplio de verdad.

¿Es una mezcla de ambas?

Hay una mezcla pero yo no la calificaría de ambigua, sino de integradora, que son distintas visiones. Ahora, más recientemente, en este siglo, hay toda una teoría política y jurídica feminista, y bueno la Constitución reconoce los derechos. Por decir problemas concretos, brechas salariales entre hombre y mujer, si la Constitución es clara, igual trabajo corresponde igual remuneración, no es problema de Constitución.

 

¿Es problema de la aplicación?

Es problema de la legislación y de las instituciones que no han garantizado eso. Niñas que en vez de ir a la escuela, se embarazan o las embarazan miembros de sus familias, no son problemas que la Constitución no reconozcan los derechos reproductivos, la Sala que yo integré extrajo, es relativamente fácil, extraerle los grandes principios de la Constitución protección a los derechos reproductivos, educación sexual, de manera que nuestras niñas no tengan ese panorama tan sombrío de no poder realizarse, sino que terminan siendo embarazadas por actos que son verdaderas violaciones de adultos. No es problema de Constitución, es problema de aplicación y es problema de institucionalidad que ha sido muy débil. Claro, la corrupción de los últimos años que hemos visto y seguimos viendo es problema de funcionamiento de las instituciones.

¿Se ha arraigado esa Constitución a la población salvadoreña o no?

Yo creo que ha habido un serio problema de internalización de la Constitución. Aquí está previsto en nuestra Constitución la exigencia de que la Constitución sea enseñada en la educación básica, pero no se ha cumplido. Pero en los países en los que sí se cumple, el nuevo ciudadano desde su formación escolar, básica, primaria, conoce sus derechos, conoce el funcionamiento del Estado, no a profundidad como puede un abogado o un constitucionalista pero sí los elementos básicos de la ciudadanía, división de poderes, igualdad, el respeto a la legalidad, la protección del medio ambiente, la integración centroamericana, eso lo dice la Constitución que debe ser enseñado pero el sistema educativo ha fallado. Entonces, yo no creo que haya habido un arraigo pleno como sería deseable porque el sistema educativo en ese punto no ha enfatizado. Educación ciudadana, hay países donde se ha propuesto, por la misma laicidad del Estado, por lo menos en el sistema público sustituir la clase de religión por educación para la ciudadanía, ¡pero eso es viejo, eso está en la Constitución de Cádiz de 1812 que es la que tomamos de modelo todos los países centroamericanos; cuando nos íbamos independizando en realidad no partimos de la nada, tomamos de modelo la Constitución de Cádiz de 1812 y ahí ha estado por más de 200 años esa exigencia que la Constitución sea enseñada en los centros educativos públicos y privados de educación primaria básica.

Entonces, sí es cierto que hay un sector de la población, eso usted lo ha visto en los últimos años, decreto 743 y otras manifestaciones de la ciudadanía pidiendo respeto a la institucionalidad, cumplimiento de los fallos, el respeto a la división de poderes, que son elementos constitucionales, tal vez no con mucha conciencia, pero sí se tiene la idea de que no debe haber abusos de poder, eso es inconstitucional, lo que pasa es sin citar un artículo de la Constitución sí se habla en ese lenguaje.

 

La generación de la Sala de lo Constitucional que usted integró anduvo repartiendo la Constitución, hoy se habla de cambiarla o mejorarla o perfeccionarla. ¿Por qué cree que se está hablando de mejorar la Constitución?

Toda Constitución es mejorable, toda Constitución está abierta a modificaciones que vayan desechando cosas que tal vez ya no responden a los tiempos actuales e incorporando nuevas cosas, siempre está abierta la Constitución a eso. Por cierto, si en duración esta es la segunda Constitución que más ha durado, en reformas es la más reformada siguiendo su propio procedimiento. Porque, antes de esta Constitución, la forma de cambiar era golpe de Estado. Y aquí no. Desde la incorporación de la exguerilla como partido, la firma de los Acuerdos de Paz en el 92 y otras reformas puntuales en materia económica, institucional, derechos, es la Constitución más reformada y muestra que la Constitución no está cerrada a sus mejoras y reformas. ¿Cuál es el problema que algunos objetamos de la situación actual?, claramente la iniciativa de la reforma proviene del Ejecutivo, Félix Ulloa, vicepresidente de la República, ha sido delegado, a mi juicio el presidente ha delegado algo que no puede delegar, pero, bueno, ahí está el vicepresidente cumpliendo una delegación que ha hecho el presidente de la República para dirigir un equipo que haga un estudio de reforma a la Constitución. Ya ve cómo manejan ambigüedades de reformas profundas, de reformas puntuales, escuchando a la población pero no todo lo que pide; por mayoría este comité va a decidir qué se incorpora y qué no, pero al final se va a llevar al presidente en septiembre del otro año y va a ser el presidente de la República el que decida qué se propone a la Asamblea o no. Pero a veces se habla no de reformas, sino de una nueva Constitución, y lo está haciendo un grupo que gira alrededor del Ejecutivo que se ha caracterizado muy irrespetuoso de esta Constitución, eso es lo que preocupa a algunos sectores en términos de qué se busca en realidad.

No está escrito en piedra que no se puede hacer una nueva Constitución, pero hay que hacer algo por los procedimientos institucionalizados, yo no creo que eso sea una función que le corresponda al Ejecutivo.

¿Cree que está en riesgo la integridad de la Constitución?

Sí está en riesgo si se permite que el Ejecutivo básicamente, sus partidos afines, la base poblacional claramente manipulada en términos de opinión pública, modifique la Constitución de forma sustancial para facilitar, porque ese ha sido el discurso del Ejecutivo: el sistema de pesos y contrapesos ha sido un obstáculo para llevar adelante su proyecto político. Si se reforma para quitar esos obstáculos, podría haber una reducción en términos de independencia judicial, acceso a la información, controles financieros por parte de la Corte de Cuentas o del Tribunal de Ética Gubernamental o las potestades de control entre órganos que ejerce la Asamblea vía interpelaciones o comisiones especiales de investigación. Eso yo sí creo que está en riesgo. Primero, porque esta gente habla un lenguaje ambiguo, confuso, yo creo que es intencional. Y, además, ha demostrado en los hechos un irrespeto, un desprecio a la normativa y a la institucionalidad, por eso sí yo creo que hay un riesgo.

 

¿Qué debería reformarse y qué no de la Constitución?

Una de las tres cláusulas pétreas es la forma y sistema de gobierno. Las otras son más fáciles, alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República  y la irreductibilidad del territorio. Pero forma y sistema de gobierno, ¿de qué estamos hablando?, eso lleva no 200 años sino 2,000 años. Si nos vamos al antecedente de Roma, del derecho romano, que todavía lo estudiamos en las facultades en el primer año de la carrera de derecho en las universidades, lo que los romanos le llamaban y por 2,000 años le llamamos una forma de gobierno equilibrada, con frenos y contrapesos, que evite la concentración de poder en manos de una sola persona o de una sola institución, no puede ser reformada, porque sería debilitar la forma y el sistema de gobierno, los controles recíprocos que hacen los órganos entre sí. Igual, si la Asamblea le quitara la potestad de veto al presidente o la potestad del Judicial para conocer de demandas de amparo o de inconstitucionalidad, quitarle, reducirle o anularle a la Asamblea las facultades de interpelar ministros, de formar comisiones especiales de investigación, la facultad de control financiero que hace la Corte de Cuentas o la facultad de vigilancia ciudadana que hace la prensa libre, sería alterar una cláusula pétrea.

Afortunadamente para nosotros ha habido países en el cono sur que han adelantado los procesos hace 20-15 años, y hemos visto que se meten cosas atractivas para la población, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, y se meten en un solo paquete donde va la reelección presidencial, el control o la intervención del Ejecutivo en la integración del consejo de la judicatura o la Corte Suprema de Justicia, y se somete a referéndum haciendo campaña sobre las cosas atractivas, ocultando los aspectos que son de interés para el régimen. De hecho, creo que hay jurisprudencia que ha dicho que deben ser papeletas individuales por cada pregunta para evitar trampa. No debe ni puede ser reformado el objetivo de las cláusulas pétreas, vamos a estar vigilantes de que eso no cambie.

 

¿Podrían reformar una cláusula pétrea sin cambiar el artículo 248, modificando otro artículo o una ley?

Sí, el tema también se plantea en el debate de la teoría constitucional si se puede modificar las cláusulas pétreas no tocando el 248 sino otros artículos periféricos de la Constitución o incluso leyes secundarias. En Estados Unidos los magistrados de la Corte los nomina el Presidente, en México, Brasil, y los confirma la cámara alta del Senado. ¿Por qué aquí el Ejecutivo no tiene nada que ver en la elección de magistrados de la  Corte? No cambiemos la cláusula pétrea del 248 sino hipotéticamente, no se lo he escuchado al equipo pero pensemos que se le ocurriera, decir que vamos a darle intervención directa al Ejecutivo nominando los candidatos, usualmente los presidentes nombran a gente de su confianza. Lo que pasa es que el nivel de cultura política, lo acabamos de ver en Estados Unidos, la última jueza de la Suprema Corte nominada por Trump ha votado contra sus intereses la semana pasada, se tiene muy valorada la independencia judicial.

Se puede hacer eso, 'no cambiemos el 248 en cuanto a la alternabilidad del presidente de la República pero quitemos la prohibición de que un pariente hasta segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad se pueda postular', 'quitemos la prohibición de que alguien simultáneamente ocupe un cargo el Ejecutivo y en el Legislativo', eso sería una forma fraudulenta de modificar una cláusula pétrea, también hay que estar vigilantes.

 

¿La Sala de lo Constitucional puede actuar ante cualquier acuerdo de reforma a la Constitución?

Sí, hay un precedente de 2012 en que la Sala dijo que, además de las leyes secundarias, tratados, reglamentos, ordenanzas municipales, también podrían revisar si un acuerdo de reforma constitucional no se está alterando de forma directa o indirecta las cláusulas pétreas del 248 o si no se está revirtiendo los logros alcanzados en materia de derechos constitucionales. La Sala ya ha sentado precedentes, todavía antes de salir nosotros, anulando ese decreto que ampliaba de tres a cinco años los periodos de diputados y alcaldes, que también decía que el matrimonio estaba reservado por hombre y mujer así nacidos, por la razón de que el acuerdo de reforma lo aprobó la legislatura saliente en sus últimos días sin informar a la población, de manera que cuando el pueblo votó para configurar la segunda legislatura no sabían la intención que tenía la legislatura saliente de reformar la Constitución. Ocho años de precedentes en este tema y yo estoy seguro que la Sala podría entrar a revisar eso.

 

El Ejecutivo está haciendo una consulta, ¿quién debe decir si una reforma es conveniente, el pueblo o el constitucionalista?

El dueño de la Constitución es el pueblo, no son los constitucionalistas, pero hay que pensar la forma en que se hace esa consulta. El control de ese mecanismo lo tiene el Ejecutivo, primer problema. En las democracias consolidadas, es cierto, la propuesta de reformas la trabaja una comisión de técnicos, de especialistas, pero luego se consultó al pueblo incluso de manera formal, vía consulta popular, no una consulta en una página web en donde personeros del Ejecutivo tienen el control de quién entra, quién se expresa, no se hace público lo que está proponiendo una determinada institución o persona, entonces, eso por lo menos genera sospechas de si está haciendo bien o no.

 

¿Qué mensaje daría en la coyuntura actual en torno al aniversario de la Constitución?

La Constitución siempre está abierta a sus reformas pero es fundamental, fundamental, antes de tocarla, hacer un diagnóstico serio, concienzudo, amplio, amplio de verdad, con todos los sectores, qué ha servido y qué nos falta o ha sido realmente un obstáculo para avanzar en temas económicos, sociales y políticos en estos 37 años. Uno ve el capítulo de la Constitución que se refiere al orden económico, todavía habla de procesos de reforma agraria de principios de los 80, no dice nada de la protección de los migrantes, no dice nada de la tecnología, de la economía digital, del gobierno digital, de los derechos que se plantean ahora con los cambios tecnológicos. Se pueden afrontar estas realidades con la misma normativa, no digamos El Salvador, Estados Unidos (tiene) una Constitución bicentenaria, y en Europa tienen constituciones que tienen siete, seis décadas, y están enfrentando estos problemas con la misma normativa que aprobaron recién saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Pero se puede cambiar, por supuesto, pero previo a un diagnóstico serio, concienzudo, amplio, de qué ha pasado estos 37 años, qué nos ha funcionado, qué no ha funcionado. Solo porque el vicepresidente quiere realizar un sueño cuando era niño, no creo yo que sea una razón suficiente para reformar la Constitución.

 

¿Es posible instalar una Asamblea constituyente en El Salvador?

Algunos hemos sostenido por escrito que se pudiera reformando la Constitución, el 208, y dándole la potestad al Tribunal Supremo Electoral de convocar a una Constituyente, pero ese solo hecho yo lo sometería a referéndum, a una consulta popular, en que el Tribunal convocara al pueblo soberano a una Asamblea constituyente. Pero son muy pocas las constituciones que prevén la sustitución de ella por otra nueva, ¿por qué?, porque es inherente a toda Constitución, lo que decimos los constitucionalistas, pretensión de perpetuidad. Si una Constitución llega a los dos siglos de vigencia o siglo y medio como en Argentina, se ve bien, es una Constitución respetable, que ha regido a varias generaciones, que tiene principios no digo eternos pero sí muy importantes que han regido por varios siglos. Pero no está escrito en piedra que no se puede hacer una nueva Constitución, pero hay que hacer algo por los procedimientos institucionalizados, yo no creo que eso sea una función que le corresponda al Ejecutivo. Es una autoatribución que se ha  hecho, arranca desde el punto cero arranca mal, el presidente delegando una facultad que no tiene.

 

Perfil para entrevista

 

Rodolfo González Bonilla

Fue magistrado de la Sala de lo Constitucional 2009-2018 de la Corte Suprema de Justicia, Sala que prohibió el fondeo interministerial de la partida secreta, dio luz verde a las candidaturas no partidarias de diputados y permitió el voto por rostro, además de declarar inconstitucionales elecciones de funcionarios de segundo grado.

Ha sido asesor de la Sala de lo Constitucional, catedrático de derecho constitucional en la Escuela Superior de Economía y Negocios, coordinador de colaboradores jurídicos de inconstitucionalidad.