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"No es asunto de capricho o irrespeto, se trata de volver a la obediencia a la Constitución": Juez Guzmán

Iliana Cornejo

martes 28, septiembre 2021 • 4:28 pm

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El juez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, envió una carta a la Comisión de Jueces de la Corte Suprema de Justicia donde declinó asistir a una reunión, a la que fue citado para hoy (28.09.2021), a las 2:00 de la tarde.

Guzmán expone que tiene claro el motivo de la reunión: "Mi regreso a la sede judicial para la tramitación del proceso "Masacre El Mozote y lugares aledaños". 

Ante ello quiero expresar que no es asunto de capricho o irrespeto, se trata de volver a la obediencia a la Constitución y a las leyes de nuestro país, y eso solo se puede lograr derogando el decreto 144 inconstitucional o declarando inaplicable el mismo". Jorge Alberto Guzmán Urquilla, juez que ha tramitado el caso El Mozote. 

El juez advierte a la Comisión de Jueces que se atendrá a las acciones de carácter internacional, ante la negativa de derogar el decreto 144 o inaplicarlo.

Lo anterior, luego que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, dijera el domingo que ya había un nuevo juez nombrado a esta sede judicial y que, incluso, había dado su número de teléfono para estar en comunicación. López dijo que le urgía que este caso finalizara rápido y también que debía empezar de cero.


Guzmán envió una primer misiva a la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, donde anunciaba que cesaba del cargo si decidían aplicar el decreto legislativo 144, con la excepción si la Cámara de Familia de Oriente emitiera medidas cautelares.

Ayer, en una entrevista el juez Guzmán explicó que la Cámara emitió medidas, por tanto su cese en el juzgado no se hizo efectiva, sin embargo, la Corte había nombrado un nuevo juez en el caso. "Denuncio mi destitución ilegal", señaló en una entrevista de YSUCA.

El juez de El Mozote ha sido uno de los juzgadores que tildaron de ilegal las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, contenidas en el decreto legislativo 144 que ordenaba el cese "automático" de los jueces mayores de 60 años y aquellos que tuvieran más de 30 años en la judicatura.

El decreto fue aprobado por la bancada oficialista de Nuevas Ideas  y los partidos aliados, bajo el argumento de depurar a los "jueces corruptos".