Mirna del Carmen Solórzano (izq), y su esposo Miguel Angel Medrano, visitan la tumba de Glenda Medrano Solórzano, en el cementerio municipal en Jayaque, La Libertad. Glenda fue una de las víctimas de la masacre de Tamaulipas en agosto de 2010./AFP

El Mundo

“Nadie nos ha dado ayuda de nada”, dice familia de víctima de masacre de Tamaulipas Masacre de 72 migrantes cumple 10 años, hay 15 detenidos pero ninguno con sentencia.

Redacción DEM/AFP

domingo 23, agosto 2020 • 7:09 am

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A diez años de la masacre de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, el el estado Tamaulipas, noreste de México, la indignación dio paso al "olvido y la impunidad", denuncian familiares y abogados. 

Entre los migrantes había 14 salvadoreños. Glenda Medrano Solórzano, originaria de Jayaque, en La Libertad, era una de ellas 

Mirna Solórzano, madre de Glenda Medrano Solórzano,  busca también que se haga justicia por el crimen, aunque denunció que ni el gobierno de México ni el de El Salvador le han brindado apoyo.

"Nosotros siempre hemos querido que salga la verdad, que haya justicia y reparación. Hasta el momento, el gobierno de México no nos ha dado una ayuda de nada, ni de palabra siquiera. Del gobierno de El Salvador tampoco hemos recibido ninguna ayuda hasta el momento", dijo.

"Ya pasaron diez años (de la masacre) y para nosotros como familia es como si fuera el día uno", agregó.


Hay 15 detenidos, pero ninguno con sentencia por esta matanza ejecutada por narcotraficantes entre el 22 y 23 de agosto de 2010.

"Verdaderamente es indignante que ni uno solo tenga condena porque ya son diez años sin justicia", comentó vía telefónica desde Honduras Johni Hernández, hermano de Eva Noemí.

La mujer se había sumado a la peligrosa travesía hacia Estados Unidos para garantizarles un mejor futuro a sus tres hijos que entonces tenían uno, cinco y siete años.

Pero fue encontrada en un rancho-bodega entre una pila de cadáveres baleados, algunos con las manos atadas a la espalda.

"Lo que puede resumir el estatus del caso es la impunidad, desdén y falta de voluntad política", dijo a la agencia AFP la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, que representa a 11 de las familias de las personas asesinadas.

Según la versión oficial, el crimen ocurrió a menos de 150 km de la frontera con Estados Unidos, destino final de los 58 hombres y 14 mujeres originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.

Nueve cadáveres permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México aún sin identificar.

"No han investigado como deberían, hay mucha gente que está detrás de todo esto y anda suelta como si nada", condena Hernández.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los migrantes fueron secuestrados por el cartel de Los Zetas y llevados a un rancho donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo, pero al negarse los mataron.

Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano que fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran.

Cuando los verdugos se fueron, corrió unos 10 km hasta una base de la secretaría de Marina y dio aviso de lo ocurrido.

Algunos familiares sospechan que en la masacre pudieron haber participado miembros de organismos de seguridad ligados a los criminales.

"Ni las familias ni nosotros creemos que sólo fueron Los Zetas", afirma Delgadillo, para quien una década después hay "más preguntas que respuestas".

"¿Por qué no se ha investigado la probable participación o colusión de agentes del Estado y el crimen organizado? ¿Por qué no se ha investigado el tráfico y trata de personas? ¿Por qué no se ha investigado la línea financiera del crimen organizado?", apunta la abogada.

Delgadillo ha representado a las once familias desde hace nueve años, pero recién hace tres logró tener acceso a los expedientes.

"Ha sido un camino para las víctimas marcado de obstáculos para que no puedan saber lo que pasó", denuncia.

Cinco familias guatemaltecas y una brasileña que recibieron restos de sus seres queridos han expresado dudas sobre su identidad.

"Hay desdén de las autoridades por estas familias pobres y excluidas", subraya Delgadillo.

En Ciudad de México, unas cincuenta personas colocaron este sábado un monumento en el icónico Paseo de la Reforma para recordar a las víctimas de la masacre.

El monumento, hecho de metal, lleva el número 72 con las leyendas "nadie es ilegal en el mundo" y "migrar es un derecho humano".

"Este monumento es un recordatorio para quien sea que pase por aquí, quien sea que lo vea, de que no puede haber impunidad en ningún caso de los migrantes que están viajando por nuestro territorio", dijo Ana Lorena Delgadillo durante el evento, en el que también se realizó una misa en memoria de las víctimas.