La agencia Moody’s Investors Rating puso en revisión a la baja la calificación de El Salvador por los riesgos de liquidez del Gobierno y su limitada capacidad para adquirir nuevo financiamiento.

Economía

Moody’s pone en revisión a la baja calificación de El Salvador La agencia evaluará si el Gobierno aplica medidas de consolidación. Advierte de gobernabilidad débil por no cumplir Ley de Responsabilidad Fiscal.

Uveli Alemán

martes 17, noviembre 2020 • 4:15 am

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La agencia Moody’s Investors Rating puso en revisión a la baja la calificación de El Salvador por los riesgos de liquidez del Gobierno y su limitada capacidad para adquirir nuevo financiamiento.

“El período de revisión permitirá a Moody's evaluar la respuesta política de la administración (el Ministerio de Hacienda) para abordar las restricciones financieras y evaluar los planes de consolidación fiscal del gobierno para 2021 y, más allá, si serán efectivos para asegurar la sostenibilidad de la deuda”, indicó en un comunicado.

Ante Moody’s, El Salvador tiene una calificación de B3, con perspectiva positiva. Sin embargo, por la pandemia del covid-19 la situación fiscal salvadoreña se deterioró por el incremento de la deuda que casi roza el 90 % del Producto Interno Bruto (PIB, la producción de bienes y servicios).

La agencia espera que el déficit fiscal (la brecha entre ingresos y gastos) llegue al 11 % del PIB en 2020, un nivel superior al 8.5 % que estimó de manera preliminar en mayo pasado. Esto se debe a que el Ejecutivo ha recurrido a más deuda para financiar programas de ayuda social como el fideicomiso de reconstrucción económica y de entrega de paquetes de alimentos, en actual investigación por indicios de corrupción.

Sin recortar gasto.

Moody’s esperaba que el Gobierno recortara el gasto de algunas áreas para dar espacio a acciones fiscales, sin embargo, enfatizó la agencia, mientras el Ejecutivo se encuentra en negociaciones con la Asamblea Legislativa de aprobar préstamos con multilaterales “implementó una serie de medidas de gasto y no ha anunciado recortes significativos”.

Para el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aplicar austeridad en el presupuesto de 2020 no es posible ante la crisis económica. “Aplicar una política restrictiva del gasto público, en este momento, es un suicidio para nuestra población. Si yo empiezo a recortar, ¿cómo voy a comprar insumos médicos si tengo un repunte?”, dijo en octubre pasado a los diputados.


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En esa medida, el período de revisión de la calificación se centrará en la capacidad del Gobierno de garantizar sus fuentes de financiamiento para 2020 y 2021. También evaluará “el nivel del compromiso de la consolidación fiscal” y si sus esfuerzos “son efectivos”.

El período de revisión de la agencia también evaluará las perspectivas de sostenibilidad de la deuda de El Salvador. También advierte de riesgos sociales y ambientales que podrían deteriorar las finanzas.

Cierre de mercados.

Las necesidades de financiamiento para 2020 están cubiertas en su mayoría, pero en 2021 el Gobierno necesitará concretar préstamos con multilaterales y garantizar acceso a los mercados globales para cubrir la brecha desfinanciada en el presupuesto para el próximo año.

Moody’s advierte que planteará “riesgos crediticios” por las condiciones del mercado deterioradas este año. Una muestra es que mantiene un Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de 869 puntos, el doble de los puntos mostrados en noviembre de 2019.

Dicha situación “indica una mayor preocupación de los inversores sobre las condiciones de financiamiento estrictas, la respuesta política del Gobierno y las implicaciones que esto podría tener sobre la sostenibilidad de la deuda”, sentenció la agencia.

TRES PUNTOS QUE DEBÉS CONOCER:

  • La agencia estima que las necesidades de financiamiento brutas del Gobierno representan el 18 % del PIB en 2020 contra un 7.9 % que estimó en marzo.
  • El incremento de gasto se justifica por un “fuerte deterioro” en el saldo primario y el aumento de los pagos de intereses por la dependencia a deuda de corto plazo.
  • La agencia considera que hay debilidad institucional por no cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal y el historial de confrontación política entre el Ejecutivo y Legislativo.