El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no ha presentado el plan de regulación para cumplir la LRF. /DEM

Economía

Moody's considera que hay gobernabilidad débil por no cumplir Ley de Responsabilidad Fiscal El Ministerio de Hacienda aún no presenta a la Asamblea las nuevas métricas para dar sostenibilidad a la deuda tras el impacto de la pandemia.

Uveli Alemán

martes 17, noviembre 2020 • 12:04 pm

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La agencia de riesgo soberano Moody's Investors Rating consideró que las instituciones en El Salvador son “débiles” por no cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal y la confrontación política.

Moody's anunció ayer que inició un proceso de revisión a la baja la calificación soberana de El Salvador, en actual “B3”, por el alto riesgo de liquidez del Gobierno ante el aumento en las necesidades de financiamiento y las estrictas condiciones del mercado.

En el período de revisión de la calificación se centrará en la capacidad del Gobierno de garantizar sus fuentes de financiamiento para 2020 y 2021. También evaluará “el nivel del compromiso de la consolidación fiscal” y si sus esfuerzos “son efectivos”, indicó Moody's.

En su comunicado, la agencia hizo énfasis en que las “instituciones de El Salvador son débiles” por la falta de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Estado de derecho, la inseguridad y el “historial de confrontación” política entre los poderes del Ejecutivo y Legislativo.

¿Qué es la Ley de Responsabilidad Fiscal?

La Ley de Responsabilidad Fiscal se aprobó en noviembre de 2016 como parte de un acuerdo entre el Gobierno -de Salvador Sánchez Cerén- y ARENA, que se celebró en Casa Presidencial.

El Ejecutivo solicitaba la autorización para emitir $550 millones y la oposición, por su parte, pedía una normativa que obligara al Estado salvadoreño a tomar medidas para reducir su déficit fiscal y las deudas en un período de consolidación, que en un principio se consideró para tres años.


Luego que se cambiara en marzo de 2018 el Sistema de Cuentas Nacionales, la metodología para medir el Producto Interno Bruto (PIB), Hacienda presentó un paquete de reformas a la ley para modificar las metas y que el período de consolidación pasara a cinco años a partir de 2017 (llegaría a 2022).

La ley contempla medidas de gasto público, aumento de carga tributaria, reducción del déficit fiscal y la deuda pública para dar sostenibilidad a las finanzas.

Este período incluye implementar medidas de ingresos y gastos que den como resultado al menos 3 % del PIB. En los siguientes cinco años al período de consolidación, el Ministerio de Hacienda deberá garantizar que el ratio de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) no sea mayor al 50 % del PIB, sin considerar los compromisos previsionales.

En tanto la deuda del SPFN con pensiones deberá mantener una tendencia decreciente en 2030 igual o inferior al 60 % del PIB.

Hacienda aún no presenta métricas.

Debido a la pandemia, la Asamblea Legislativa aprobó suspender las reglas fiscales contenidas en la LRF mientras existiera una declaratoria de emergencia contenida en el decreto 607 y se estableció que Hacienda debía presentar un plan de regulación actualizado 90 días contados a partir de la culminación de los efectos del Estado de emergencia.

Tras una cadena de prórrogas, se suspendió sus efectos el 29 de mayo, pero el Ministerio de Hacienda aún no presenta el plan de recuperación de dicha ley.

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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) explicó la semana pasada que dicho plan debe definir las medidas que Hacienda aplicará para lograr que la deuda se coloque en una senda de sostenibilidad.

Por la pandemia, la deuda pública de El Salvador se elevó y podría superar el 90 % del PIB este 2020. Para el próximo año, en tanto, se espera que estos compromisos sigan incrementando porque Hacienda ha pedido apoyo presupuestario de $1,342 millones.

Para Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) la deuda podría ser incluso mayor pues estima que al anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2021 contempla una sobrestimación en los ingresos tributarios por alrededor de $700 millones.

Esto ocasionará que en 2021 el déficit fiscal pase de un 8.1 % esperado en el anteproyecto a 10.9 %, mientras que la deuda pública pasará de 93.1 % a 96 %.