Política

Más de 20 organizaciones rechazan “golpe de Estado” en El Salvador Las entidades consideran que la noche del sábado se dio “un asalto a la separación de poderes” tras la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y del jefe de la iscalía por parte de la nueva Asamblea Legislativa.

José A. Barrera

domingo 2, mayo 2021 • 2:31 pm

Compartir

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil y representantes de la empresa privada rechazaron hoy a lo que catalogaron como “golpe de Estado”.

Las entidades, agrupadas en el movimiento “Por la vida de democracia en El Salvador”, emitieron un pronunciamiento de siete puntos en el que “condenan” y “desconocen” a las autoridades designadas anoche por la Asamblea Legislativa la noche del sábado.

El documento, firmado por entidades como Acción Ciudadana, Colectivo Feminista, Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Cristosal, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), entre otras, calificaron de “asalto a la separación de poderes” a las destituciones de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de la República.

Condenamos categóricamente este golpe de Estado avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por aUnidad Nacional (Gana), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC)”, Comunicado de las organizaciones sociales y empresariales

El documento añade que “mediante la cooptación de la justicia” el bloque oficialista pretende consumar un “ya cuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una sola persona”.


El analista político y diplomático Rubén Zamora, dijo que “la Asamblea Legislativa cometió actos nulos y en contra de la constitución”. En tanto, Zaida Navas, defensora de los Derechos Humanos y representante de Cristosal, dijo que las actuaciones son inconstitucionales.

“El proceso de elección de funcionarios de segundo grado está regulado en la Constitución y está establecido el procedimiento (…) Todo eso no se ha cumplido. En tal sentido estos funcionarios, al igual que en el caso del fiscal, son funcionarios inconstitucionales y los actos que han cometido caen en delito”, dijo.

Navas dijo que los allanamientos en la CSJ como en la FGR incluyen a funcionarios no competentes para entrar como el director de la Policía Nacional Civil, que denotan una violación al Estado de Derecho. Además, recalcó que se está incurriendo en una “usurpación de funciones”.

Anoche, con 64 votos a favor, el bloque NI, Gana, PCN y PDC destituyeron destituyó a Armando Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia y nombró a Óscar López Jerez en su lugar, además destituyó a los magistrados Áldo Cáder, Carlos Sergio Avilés Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento.

La misma configuración legislativa votó al mismo tiempo para jurar en el cargo a Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahun Martínez García.

Además, casi a la medianoche la Asamblea Legislativa, con 64 votos, ordenó destituir al abogado Raúl Melara Morán como fiscal general de la República y en sustituirle inmediatamente por el abogado Rodolfo Delgado.

Al respecto, Navas dijo que “estas personas tienen responsabilidad penal al asumir funciones que no les corresponden”.

El pronunciamiento de “Por la vida de la democracia en El Salvador”, recalcó que reconocen el mandato de las personas que usurparon los cargos, incluso por la fuerza. “Las funciones de órganos constitucionalmente elegidos y cuyas actuaciones serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales”, destaca.

Las entidades también hicieron un llamado a la comunidad internacional a expresar su rechazo a “la toma arbitraria de las instituciones por parte del presidente Bukele y los diputados que ejecutaron las decisiones”.

Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), hizo eco de la propuesta de reactivación de una Comisión de la OEA por las inconstitucionalidades en la separación de los funcionarios.

El académico dijo que con estas medidas se está afectando la separación de poderes, algo que consideró clave para cualquier democracia moderna.