Un aumento a las pensiones y un sistema público voluntario, son las propuestas del candidato a Presidente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Hugo Martínez.

Política

Martínez pide subir la pensión mínima sin un financiamiento

Yolanda Magaña

sábado 2, febrero 2019 • 12:04 am

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Un aumento a las pensiones y un sistema público voluntario, son las propuestas del candidato a Presidente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Hugo Martínez.

El 15 de enero de 2019, casi al final de la campaña electoral, Martínez llevó a la Asamblea Legislativa una pieza de co­rrespondencia a la Asamblea Legislativa para aumentar la pensión mínima de $207.60 a $250.00 mensuales.

Se haría mediante una reforma a la Ley del Presupuesto General del Estado y de presupuestos especiales de 2019. La propuesta, que también incluye la propuesta de aumentar la pensión mínima por invalidez parcial de $145.32 a $175.00, no detalla cómo se financiaría.

El programa de gobierno del FMLN tiene un apartado, de dos párrafos, sobre las pensiones, en donde propone “una reforma profunda”. No la explica. El plan puede ser consultado en fmln.org.sv.

Este plan indica que la reforma se fundamentará en que este es un “derecho humano de la población cotizante y no cotizante” y un bien público, aunque tampoco detalla cómo lo garantizaría. A eso le agrega que la población no es un cliente, sino el propietario de sus fondos “con el pleno derecho a participar e incidir determinadamente en el rumbo, modelo y administración de sus fondos”.

En la práctica, los ahorros de los cotizantes, por ley, se han invertido en gran proporción en certificados del Estado, ante insuficiencia financiera del mismo.


El 18 de julio de 2017, a solicitud del gobierno del FMLN, con los votos de su aliado GANA, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma para invertir más ahorros de los cotizantes en estos Certificados de Inversión Previsionales (CIP) del Estado, que generan bajo rendimiento. La aprobación se dio el mismo día que aprobó una reforma a la Ley de Extinción de Dominio para debilitar la normativa cuando se tratara de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.