Recientemente el grupo ad-honorem,  que estudia el seudo proyecto de reforma a la Constitución, acaba de dar sus valoraciones de aquellos aspectos que desean incorporar  en un eventual cambio a la norma primaria, es así que pretenden proponer ante la Asamblea Legislativa que, a partir de 2029, se amplíe el período presidencial de cinco a seis años en El Salvador, así mismo incorporan una especia de referéndum, que abre la posibilidad de una consulta popular que se pronuncie sobre ratificar o no el mandato del periodo que le resta a la Presidencia, así también proponen reformar el TSE, entre algunas reformas.

Opinión

Manoseo constitucional

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios @Jaime_RO74

miércoles 20, enero 2021 • 12:00 am

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Recientemente el grupo ad-honorem,  que estudia el seudo proyecto de reforma a la Constitución, acaba de dar sus valoraciones de aquellos aspectos que desean incorporar  en un eventual cambio a la norma primaria, es así que pretenden proponer ante la Asamblea Legislativa que, a partir de 2029, se amplíe el período presidencial de cinco a seis años en El Salvador, así mismo incorporan una especia de referéndum, que abre la posibilidad de una consulta popular que se pronuncie sobre ratificar o no el mandato del periodo que le resta a la Presidencia, así también proponen reformar el TSE, entre algunas reformas.

Hay que prestarle atención a las propuestas, ya que en su seno llevan una gran cantidad de irregularidades que son contrarias al proceso de reforma imbíbito en la misma Constitución, digo lo anterior,  porque  los que sabemos un poco de derecho y de legalidad, entendemos que no se puede ordenar por medio de un decreto presidencial, una reforma constitucional a un grupo de ciudadanos o funcionarios pertenecientes al Órgano Ejecutivo, dado que no es competente para ello, ya que la carta magna, estableció de forma exclusiva que esta facultad le corresponde a un número no menor de 10 diputados.

Y para que una reforma a la Constitución entre en vigor, es necesario que sea aprobada por 43 votos de los 84 diputados en una legislatura y en la siguiente debe ser ratificada por 56 votos, pero también el constituyente estableció que hay tres aspectos de la Constitución que no pueden modificarse ni por la vía derivada ni por la vía de la reforma legislativa, esto es, la alternabilidad en la presidencia de la República, es decir que el ciudadano que toma el protesto, lo hace el 01 de junio y concluye cinco anos después el 01 de junio, ni un día mas, siendo este plazo fatal.

La misma suerte corre, el sistema de gobierno, que es democrático, republicano y representativo, esto significa que el poder esta repartido en tres órganos de Estado, y ninguno de ellos tiene mas poder que otro, y para acceder tanto al Legislativo o al Ejecutivo es por medio de una diversidad de partidos políticos, ya que esta prohibido el sistema de partidos únicos, de modo que se hace por medio de votaciones democráticas,  libres y sin injerencias internas y externas, de tal suerte que el sistema de gobierno no puede modificarse bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo al proponer una ampliación del periodo presidencial, se estaría modificando el sistema de gobierno y la alternabilidad en la presidencia, como se dijo antes esto no puede ser modificable, porque es una clausula pétrea anclada en el Articulo 248 Cn. Por otra parte al proponer el referéndum revocatorio o confirmatorio del mandato presidencial, se estaría incorporando a la Constitución  la “democracia participativa” lo cual es incompatible con el sistema de gobierno, que indica que nuestra democracia es representativa, esto significa que la representación del pueblo se alcanza por medio de los funcionarios que  se elijen en las urnas.

De manera que cualquier estudiante de derecho, sabe que lo que están proponiendo estos abogados de renombre histórico en El Salvador, que conforman la comisión de reforma ad-honorem,  no es realizable, porque no cumple con el proceso de reforma establecido en la misma Constitución, en todo caso se requiere de una asamblea constituyente para hacer una nueva carta magna que contenga todo lo que ahora propone el vicepresidente Félix Ulloa, claro que ese escenario, únicamente podría lograrse por medio de un poder originario,  tal como ocurrió en 1979 cuando se depuso del poder al general Carlos Humberto Romero.


Entiendo que hay mejoras que se le pueden hacer a nuestra Constitución, pero por mucho nuestra carta magna es una de las  leyes primarias en Latinoamérica mejor avaluada. Ahora bien proponer reformas constitucionales, con la excusa que no se puede obligar a las nuevas generaciones a estar con una camisa de fuerzas, es hasta cierto punto no valedero, ya que las verdaderas intenciones han aflorado, que tienen que ver con la acumulación del poder, el desbaratamiento de la democracia, y la reelección presidencial.