Cuando en un tribunal de justicia internacional se plantea la condena contra el sistema legal que ejerce un Estado, las pruebas de lo que se afirma deben ser suficientes, palmarias, irrefutables y de ninguna manera estar basadas en suposiciones. Esto es así porque la sistematización de una política pública injusta —una relacionada con la salud, por ejemplo— solo puede probarse cuando a partir de casos bien fundamentados se evidencia que ese Estado merece la condena por la aplicación generalizada de ese supuesto marco legal injusto.

Opinión

Manifiesta carestía de evidencias Si lo que llegaron a insinuar ante los jueces de la Corte IDH las entidades “defensoras” de “Manuela” fuera cierto, habría cientos, miles de mujeres encarceladas por abortar…

Federico Hernández Aguilar / Escritor

lunes 26, abril 2021 • 12:00 am

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Cuando en un tribunal de justicia internacional se plantea la condena contra el sistema legal que ejerce un Estado, las pruebas de lo que se afirma deben ser suficientes, palmarias, irrefutables y de ninguna manera estar basadas en suposiciones. Esto es así porque la sistematización de una política pública injusta —una relacionada con la salud, por ejemplo— solo puede probarse cuando a partir de casos bien fundamentados se evidencia que ese Estado merece la condena por la aplicación generalizada de ese supuesto marco legal injusto.

En el caso de “Manuela”, elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de probar que las leyes que defienden la vida embrionaria en El Salvador están destruyendo la existencia de miles de mujeres —las que, según esta narrativa, son enviadas sistemáticamente a la cárcel por “emergencias obstétricas”—, el intento de las organizaciones proaborto ha exhibido sus debilidades argumentativas y su manifiesta carestía de evidencias.

Como ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo en nuestro país, las entidades que promueven la derogación de las leyes protectoras de la vida intrauterina, financiadas por organismos internacionales, han tenido que recurrir a casos muy concretos de mujeres que tuvieron problemas con la justicia en virtud de situaciones no directamente relacionadas con abortos —el de “Manuela” es un vivo ejemplo— para tratar de probar algo que, en realidad, tendría que ser muy sencillo de probar.

Porque seamos francos: si lo que llegaron a insinuar ante los jueces de la Corte IDH las entidades “defensoras” de “Manuela” fuera cierto, habría cientos, miles de mujeres encarceladas por abortar, tanto como médicos, enfermeras y personal de salud. Decenas de profesionales de la ginecoobstetricia estarían demandados en El Salvador por familias indignadas porque sus hijas, hermanas o madres hubieran sido condenadas a morir por tratar a toda costa de salvar a los bebés que tenían en sus entrañas. Casos como el de las famosas “17” serían en realidad 17 mil. El de “Manuela” tendría que ser apenas uno entre cientos de expedientes a los que estas organizaciones pudieran recurrir para acreditar lo que afirman.

Curiosamente, no es eso lo que pasa en nuestro país. De hecho, sucede justo al revés. No es solo que no abunden las mujeres que guardan prisión por haberse provocado un aborto: es que no hay ninguna en estos momentos. No es únicamente que no haya tantos médicos o enfermeras encarcelados por participar en un aborto: ¡es que no hay un solo! Los expedientes de mujeres que han tenido relación directa con la muerte de sus hijos no nacidos se cierran con medidas sustitutivas prácticamente todo el tiempo —algo que las abogadas feministas conocen muy bien— y de ninguna manera pueden terminar en condenas por arriba de los ocho años (contrario a las penosas afirmaciones que he oído incluso en cadenas de televisión tan prestigiosas como CNN o Univisión, haciéndose eco de la misma manipulación discursiva que se escucha aquí).

En consecuencia, ante la frustración de no poder demostrar las injusticias sistemáticas que necesitan, las organizaciones que promueven el aborto se agarran con las uñas de casos dramáticos como el de “Manuela” para, por una parte, relacionarlos a la fuerza con este delito, y luego elevarlos a instancias internacionales de justicia con la esperanza de que la casuística sirva para demostrar la generalidad.