Representantes de Cristosal y ALAC anunciaron la demanda contra el Estado salvadoreño. No descartan una nueva demanda por purga de jueces. /Cortesía Cristosal.

Política

Sociedad civil, jueces y magistrados destituidos el 1 de mayo demandan al Estado ante la CIDH Cristosal y ALAC, representantes de los magistrados, piden medidas cautelares y la restitución de la Sala de lo Constitucional. No descartan nueva demanda por purga de jueces.

Gabriela Villarroel

viernes 3, septiembre 2021 • 9:16 am

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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituidos el 1 de mayo presentaron una demanda en contra del Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su remoción y sustitución aprobada por diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.

La organización Cristosal y el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) son los representantes de los jueces constitucionales que fueron destituidos el 1 de mayo, Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez y Marina de Jesús Marenco de Torrento.

Junto a decenas de jueces, los representantes de las organizaciones brindaron una conferencia de prensa para informar la decisión, y no descartaron presentar una nueva demanda internacional por la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que amenaza con destituir a más de 170 jueces mayores de 60 años.

Las reformas a la ley de la carrera judicial aprobadas el martes dañan la independencia judicial y violentan derechos. Anunciamos que si se publican en el Diario Oficial estas reformas, también demandaremos al Estado". Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

A través de un comunicado publicado hoy, las organizaciones aseguran que la destitución de los magistrados fue un "golpe al sistema de frenos y contrapesos y la independencia de órganos", por lo que solicitan a la CIDH que emita medidas cautelares y, una vez resuelta la demanda, ordene la reinstalación de los cinco jueces.

La remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional constituyó un golpe al sistema de frenos y contrapesos y la independencia de órganos, provocando una desprotección a la ciudadanía que se va agudizando cada vez más". ALAC y Cristosal.


El documento remitido a la CIDH establece que la Asamblea aplicó una "destitución sumarísima" como sanción a los magistrados, por la supuesta comisión de infracciones "que no se encuentran tipificadas en ninguna ley formal salvadoreña".

La Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), además, participó en una audiencia ante la CIDH en la que denunció verbalmente los "graves retrocesos a la independencia judicial" en El Salvador.

¿Por qué demandarán al Estado?

En la demanda, Cristosal y ALAC establecen que los diputados oficialistas "privaron a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de sus derechos sin respetar las garantías constitucionales más elementales".

La noche del 1 de mayo, 64 diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC aprobaron la destitución de los magistrados, señalándolos de violaciones a la Constitución de la República, por "vulnerar el derecho a la vida, la seguridad jurídica y legalidad".

Esto, específicamente como respuesta a resoluciones de la Sala que ordenaron al Gobierno aprobar un Estado de Excepción y cuarentena únicamente en acuerdo con la Asamblea Legislativa ─en ese entonces de mayoría opositora─, y no a través de decretos ejecutivos.

La denuncia solicita a la CIDH que, una vez analizada y siguiendo el proceso establecido, condene al Estado salvadoreño y ordene reparar el daño provocado, reinstalando en sus cargos a los magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional destituidos el 1 de mayo". ALAC y Cristosal.

El nombramiento inmediato de otros cinco magistrados, según los organismos, "apunta a que se trató de una maniobra política maquinada por el oficialismo para tomar por asalto los órganos de control que no le eran genuflexos y así, colocar piezas afines". 

Los nuevos magistrados son Óscar López Jerez, exasesor del PDC y uno de los magistrados que exoneró al diputado Guillermo Gallegos de presunto enriquecimiento ilícito; Elsy Dueñas Lovos, exmagistrada de la Sala de lo Contencioso; José Ángel Pérez Chacón, exasesor del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; Luis Javier Suárez Magaña, exempleado de la SIGET, y Héctor Nahun Martínez García, defensor en el antejuicio del director de la Policía Nacional Civil (PNC).

La demanda menciona también las acciones de altos mandos de la PNC, que escoltaron a los nuevos magistrados y al recién nombrado fiscal, Rodolfo Delgado, para ocupar las sedes de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República. 

ALAC y Cristosal esperan que se activen los mecanismos internacionales disponibles que ayuden a corregir los efectos de la decisión inconstitucional y violatoria de derechos humanos tomada por la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo y que han traído a la ciudadanía la desprotección, incertidumbre y retroceso del Estado de Derecho en El Salvador". ALAC y Cristosal.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha reiterado en diversas ocasiones a organismos internacionales, cuerpo diplomático y a la minoría opositora que no ordenará la restitución de los magistrados de la Sala, a pesar de las peticiones específicas y rechazo de delegaciones de Estados Unidos, la Comisión Europea y organismos de derechos humanos.