Al menos tres escenarios pueden suceder tras la interpelación del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por las horas de militarización de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero de 2020, hecho conocido como el 9-F.

Política

Los tres escenarios que enfrenta el ministro de la Defensa en su interpelación El FMLN dice que también hay que esperar el trabajo de la comisión especial.

Gerson Chávez

miércoles 19, agosto 2020 • 12:04 am

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Al menos tres escenarios pueden suceder tras la interpelación del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por las horas de militarización de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero de 2020, hecho conocido como el 9-F.

El 28 de julio pasado, el pleno legislativo avaló la reprogramación de la interpelación para este viernes 21 de agosto a las 9:00 de mañana, porque no pudo realizarla el 21 de marzo a causa de la pandemia de coronavirus.

El diputado y general en situación de retiro Mauricio Vargas, del partido de Arena, explicó que tras la interpelación puede ocurrir que el pleno legislativo no recomiende la destitución de Merino Monroy, aunque cree que “esta decisión dificilmente” será adoptada por la Asamblea Legislativa.

El segundo escenario es que el pleno sí recomiende la destitución, sin embargo, planteó que constitucionalmente no sería vinculante, es decir, el Presidente de la República no está obligado a acatar el recomendable.

Según el artículo 131 de la Constitución de la República, la recomendación para la destitución solo  “será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos”.

 


¿Vinculante?

El director de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, reiteró el recomendable de destitución solo es vinculante cuando se refiere a los jefes de seguridad pública o inteligencia del Estado, o bien por graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, cree que el ministro de la Defensa  aunque “ordinariamente no se dedica a las funciones de seguridad pública”,  de manera “excepcional” sí interviene en “funciones de seguridad pública”.

Para Castro, lo que sucedió  el 9-F “se puede calificar como una grave violación de la Constitución” y cree que la Asamblea debe “determinar el alcance de la participación que tuvo el Ministro de la Defensa”.

Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar planteó que los hechos del 9-F posiblemente encajen en alguna figura delictiva pero no en una “grave violación de derechos fundamentales”.

De acuerdo a Escobar, un tercer escenario de la interpelación sería que el pleno legislativo identifique la comisión de delitos por parte de los funcionarios que deberá certificarlos a la Fiscalía.

El subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal, valoró que “el problema de interpelación es que puede quedar solo en una recomendación” de destitución del ministro, que puede ser acatada o no por el Presidente de la República.

En cambio, planteó que el trabajo de la comisión especial de la Asamblea Legislativa creada para investigar los hechos del 9-F es más amplio porque se dedicará a indagar si Merino Monroy u otros funcionarios violaron derechos humanos el día que ingresaron al recinto legislativo.