La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino de los fondos asignados a organizaciones sin fines de lucro, más conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG), se ha estrenado en el cumplimiento de su mandato, demostrando públicamente su vocación inquisidora y claramente inconstitucional.

Opinión

Los nuevos inquisidores

Roberto Burgos Viale / Catedrático @burgosviale

lunes 19, julio 2021 • 12:00 am

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La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino de los fondos asignados a organizaciones sin fines de lucro, más conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG), se ha estrenado en el cumplimiento de su mandato, demostrando públicamente su vocación inquisidora y claramente inconstitucional.

Lo que debería de ser un procedimiento de investigación técnica, se ha convertido en una especie de linchamiento público de los líderes históricos de la oposición política, y quienes, a pesar de no contar con una trayectoria intachable en lo que al manejo de los negocios públicos se refiere, no han dejado por ello de contar con la protección legal de sus derechos y garantías fundamentales, que parece mentira, aún debe de recordarse a los noveles diputados: presunción de inocencia, derecho de defensa y debido proceso, entre otros.

Lejos de ello, la Comisión Especial dio un triste espectáculo la semana pasada, cuando cuestionó al ex presidente de operaciones legislativas, a una ex diputada de ARENA y a otra del FMLN, que también presidió el Parlamento, haciendo uso de una falta de cortesía, matonería y hasta violencia de género, que bien merece el inicio de un procedimiento sancionatorio contra los mismos responsables, por parte del Comité de Ética de ese mismo Órgano de Estado, si es que sirviera para algo.

En el caso de la ex diputada Lorena Peña del FMLN, su persona y su partido político son ahora víctimas de las mismas fuerzas que desataron –nunca mejor dicho- cuando hace años se iniciaron en una operación similar, al atacar y señalar ante las cámaras de televisión al ex presidente Francisco Flores Pérez (otro ex presidente del Parlamento además), durante su comparecencia (también nocturna)  ante la Comisión Especial que en enero de dos mil catorce, aún estaba investigando el destino de los fondos donados por la República de China Taiwán.

En aquella ocasión, y tras horas de interrogatorio e intentos por lograr una declaración auto incriminatoria del ex mandatario, este hizo un intento de retirarse alegando cansancio, siendo reconvenido inmediatamente para que no lo hiciera, bajo advertencias del diputado Benito Lara del FMLN, actuando este legislador como si estuviera habilitado para restringir el derecho a la libertad ambulatoria del indagado, consumándose así, uno de los primeros abusos de la posguerra por parte de una Comisión Especial legislativa, y que como el resto de organismos estatales, no posee más atribuciones que aquellas que expresamente le señala la ley, siguiendo lo que la Constitución reconoce como principio de legalidad.

¿Y qué dice la ley sobre estas Comisiones Especiales? El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) desarrolla en el Art. 56, lo que ya define la Constitución todavía vigente en su Art. 132, esto es, la obligación que tienen todas las autoridades civiles, militares y autónomas, de colaborar cuando les sea solicitado.


En el caso del resto de “las personas requeridas” como les llama el reglamento citado, su obligación se limita a comparecer, a brindar la información que se les pide por escrito, y a decir la verdad, sin comprometer sus principios religiosos al jurarlo o prometerlo. Fuera de esto, las personas “invitadas” por una comisión de este tipo no pueden ser privadas de su teléfono, o ser objeto de coacción, ni de acusaciones tontas de “desacato”, ni de ningún tipo de violencia física o psicológica, como si lo fueron quienes comparecieron el viernes pasado a la casa del pueblo.

Por otra parte, siguiendo las disposiciones antes citadas, vale la pena recordarle a la diputada Alexia Rivas, ya que es ella quien preside la Comisión, que las conclusiones a las que lleguen, si no es que en Presidencia las tienen preparadas ya: “no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán los procedimientos ni las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado a la Fiscalía General de la República…”. Lo establece el Art. 132 de la Constitución que juró cumplir.

Finalmente, debe decirse que es una lástima que no se asuma con seriedad y responsabilidad el mandato otorgado por el pleno legislativo. Las personas convocadas tienen mucho que decir sobre el tema que se investiga, ya algunos ciudadanos denunciamos desde octubre del dos mil trece, la existencia de una red de distribución de fondos legislativos entre organizaciones disfrazadas de sociedad civil, y entre otras que efectivamente lo son, o que al menos aparentan serlo.

De hecho, el diputado Guillermo Gallegos sería de gran ayuda en la indagatoria sobre tales prácticas. Ojala esta semana aprendan a hacerlo mejor.