En nuestra historia moderna (últimos 100 años), hay dos gobernantes que asumen como su mayor logro la seguridad pública como base de su legitimidad, se trata del gobierno del General Martínez y en el actual gobierno de El Salvador.

Opinión

Los casos de Martínez y Bukele El actual gobierno presenta como su mayor logro en estos dos años el éxito de su política contra los delincuentes.

Rubén Zamora / Abogado, diplomático y político

martes 13, julio 2021 • 12:00 am

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En nuestra historia moderna (últimos 100 años), hay dos gobernantes que asumen como su mayor logro la seguridad pública como base de su legitimidad, se trata del gobierno del General Martínez y en el actual gobierno de El Salvador.

El General Martínez, ha sido el único presidente que se ha mantenido en el puesto por más de tres periodos consecutivos y, aun ahora, siete décadas después, se considera que su mayor logro fue suprimir la delincuencia durante los 13 años de presidencia. Martínez se auto-gloreaba de ello constantemente y exigía que la Asamblea Legislativa, que controlaba, dictara leyes cada vez más draconianas.

Ocho décadas después, el joven abogado, Oscar Meléndez, se dedicó por más de tres años a investigar en el archivo del Palacio Nacional, más de 10,000 documentos judiciales sobre delincuencia, del periodo de Martínez y encontró, que en su tercer año de gobierno el General Martínez enfrento un fuerte estallido delincuencial que iba creciendo a niveles insoportables: la Policía registran 1,388 muertes violentas en 1934 que, con una población de  millón y medio, significaba 88 homicidios por 10.000 habitantes; esto no ha sido superado por nuestra  sociedad, que, en plena lucha  contra las maras, en 2014 pues, según los  datos de la PNC los homicidios fueron 56 por cada 10.000 habitantes.

En 1934, Martínez reaccionó y les declaró la guerra; logrando bajar las muertes violentas a 53 por 10,000 habitantes y durante el resto de su dictadura ESTE FUE EL NIVEL QUE SE MANTUVO.  Los datos empíricos no dan cabida a la imagen histórica de un presidente que controla la delincuencia, a no ser que abracemos un mito y neguemos la realidad.

Ochenta años después, en nuestro país, enfrentamos una realidad similar; el actual gobierno presenta como su mayor logro en estos dos años el éxito de su política contra los delincuentes. Lo curioso, es que trata de sustanciar su éxito, casi exclusivamente presentando datos sobre reducción de homicidios, sin tomar en cuenta la totalidad del problema.

Lo que vemos actualmente es en primer lugar es la extensión e institucionalización de las extorsiones a la población de bajos recursos. Segundo, que está creciendo el número de desaparecidos y que de nuevo reaparecen cementerios clandestinos con decenas de cadáveres y lo vemos a pesar de la violencia de la PNC para ocultarlo.


La actuación de las maras se está modificando; el primero es el acuerdo de reparto de territorios que se está haciendo la colaboración del ministerio de Gobernación,  las frecuentes reuniones de altos funcionarios de este ministerio y los capos de las maras en prisión, tienen que ver con este cambio; antes, el alto número de homicidios respondía en buena medida, a enfrentamientos entre mareros, ahora, con el establecimiento de límites territoriales entre ellos, los homicidios se han reducido drásticamente y esto les permite: establecer un mayor y control de las comunidades, desarrollar las extorsiones, con menos costos y mayor seguridad, así como, acercarse cada vez más a los carteles de drogas, incrementando su  contribución para la transmisión de la coca que va a Estados Unidos y asumiendo menudeo de las drogas en el interior del país.

A lo anterior se añade otra incipiente línea de carácter propiamente político; se trata de un empeño de la dirección de las maras de pasar de su participación en la burocracia local al mando político del municipio, ubicando en la municipalidad ya no solo empleados, sino concejales en las alcaldías.

El recrudecimiento de las desapariciones y el reaparecimiento de cementerios clandestinos, como la casa de Chalchuapa, son consecuencia de los cambios de la estrategia de las maras. Ellos están cambiando su política, dejando a un lado ritos de iniciación, tatuajes y estilos de vida semi-Hipes, pero en lo que no pueden cambiar es en el carácter delincuencial de su vida y esto requiere ir más allá de la PNC y de la Fuerza Armada. Por ello, la pretensión del actual gobierno de estar resolviendo la inseguridad ciudadana no es aceptable y, al igual que con la memoria del General Martines, tienen un carácter de mito que tarde o temprano va a ser desenmascarado.