Algo sucedió. Cuando parecía que la Ley Bitcoin no iba a entrar en vigencia, tal cuál como estaba diseñada, producto principalmente de las negociaciones con el FMI, ahora parece definitivo: el 7 de septiembre un criptoactivo de alto riesgo será moneda de curso legal. Es difícil comprender por qué un gobierno que se ufana en decir que gobierna escuchando al pueblo (lo que interpreta como tener encuestas diarias de medición de simpatía) siga con esta medida a pesar del rechazo de la población.

Opinión

Lo “gratis” que saldrá carísimo

Ricardo Castaneda A. / Economista sénior, Icefi @Recasta

jueves 26, agosto 2021 • 12:00 am

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Algo sucedió. Cuando parecía que la Ley Bitcoin no iba a entrar en vigencia, tal cuál como estaba diseñada, producto principalmente de las negociaciones con el FMI, ahora parece definitivo: el 7 de septiembre un criptoactivo de alto riesgo será moneda de curso legal. Es difícil comprender por qué un gobierno que se ufana en decir que gobierna escuchando al pueblo (lo que interpreta como tener encuestas diarias de medición de simpatía) siga con esta medida a pesar del rechazo de la población.

Es difícil comprender por qué, a pesar de la advertencia de especialistas, organismos multilaterales y los propios técnicos del Ejecutivo se quiera seguir adelante. El gobierno bien haría en leer el artículo 29 de las normas técnicas para facilitar la aplicación de la Ley Bitcoin, emitidas por el Banco Central de Reserva donde se indica que: «[…]La entidad debe brindar a los clientes a través de medios electrónicos, información previa a la celebración del contrato de servicios, con el contenido mínimo siguiente: a) Volatilidad del valor de Bitcoin; b) Comisiones por cobrar; c) Imposibilidad de revertir las operaciones una vez ejecutadas, en su caso; d) Riesgos cibernéticos y de fraude inherentes; e) Advertencia que, en caso de pérdida de cliente o claves de clientes, no podrá acceder al saldo de su cuenta y no habrá forma de reestablecer o recuperar la contraseña; f) Leyenda explicativa sobre posible modificación de las comisiones; y g) Otra información que se considere de importancia para los clientes».

Por cierto, se percibe que las normas elaboradas fueron desarrolladas por técnicos, a quienes les tocó confeccionar un traje de sastre que no encaja con la realidad ni con la ley. Dejándole la responsabilidad a las entidades financieras para que se aseguren que no se cometa lavado de dinero, cuando la lógica de los criptoactivos es funcionar afuera del sistema financiero.

Por si fuera poco, en diferentes lugares del país, especialmente espacios públicos como parques, se han empezado a construir las casetas donde operarán los cajeros chivo, y que de acuerdo con el propio presidente serán 200 en todo el país, además de 50 sucursales para retirar o depositar dinero. Según él todo será sin ninguna comisión. Desde el inicio, el gobierno se ha empeñado en decir que todo esto será “gratis” y que incluso a la gente se le “regalarán” $30 de bienvenida al descargar la aplicación Chivo.

Pues ese “regalo gratis” no es ni lo uno ni lo otro. Este martes el Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reacomodo presupuestario. En ella, se destaca que el costo inicial de este experimento será de $203.3 millones, de los cuales $150 millones serían para financiar un Fideicomiso en Bandesal, para la convertibilidad automática e instantánea de bitcóin a dólar. USD 23.3 millones para el proyecto “criptofriendly” que según se indica es para implementar la Ley y $30 millones para entregar un bono a través de la billetera electrónica.

Es decir, en un país donde 1 de cada 3 niños y niñas no tiene acceso a la educación, donde más de dos millones de personas no tienen asegurado que vayan a comer, donde la mayoría de las mujeres no tiene ingresos propios, donde ni siquiera se tiene garantizado que en septiembre el ejecutivo pueda cumplir todos los compromisos financieros, se ha decidido utilizar un monto equivalente a casi dos veces el presupuesto de la Universidad de El Salvador, o a más de 3 veces el presupuesto del Hospital Rosales para apostar al casino con el bienestar de la gente. Entre las definiciones de irresponsabilidad esta debería ser una de ellas.


Para un experimento, del cual sigue sin haber un solo estudio técnico, si fuera tan bondadoso no se tendría que gastar un solo centavo de los impuestos recaudados o por recaudar. Pero resulta que en El Salvador independientemente de si usted usa o no bitcóin, tendrá que pagar con sus impuestos los costos de esta decisión. Una decisión que desde ya sabemos será carísima.