Nadie, absolutamente nadie, puede impedir que nos movilicemos libremente en el territorio nacional. Tampoco pueden obligarnos a abandonar nuestra residencia, domicilio, lugar de trabajo o estudios. Los salvadoreños somos libres de movilizarnos, permanecer y residir donde queramos o podamos, toda vez que no perturbamos el orden público y la paz social. La libre movilización es un derecho consagrado en nuestra Constitución.

Opinión

Limitación ilegal a la libre circulación

Jaime Ulises Marinero / Periodista @ulisesmarinero

miércoles 8, septiembre 2021 • 12:00 am

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Nadie, absolutamente nadie, puede impedir que nos movilicemos libremente en el territorio nacional. Tampoco pueden obligarnos a abandonar nuestra residencia, domicilio, lugar de trabajo o estudios. Los salvadoreños somos libres de movilizarnos, permanecer y residir donde queramos o podamos, toda vez que no perturbamos el orden público y la paz social. La libre movilización es un derecho consagrado en nuestra Constitución.

En los juzgados y tribunales salvadoreños son muchos los procesos contra sujetos, especialmente miembros de organizaciones terroristas o pandilleros, que impiden la libre movilización de los ciudadanos.  En general, estos casos terminan con una condena cuando se cuenta con la colaboración ciudadana en el sentido de denunciar estos hechos.

La legislación salvadoreña garantiza la libertad de movilización y contempla sanciones para quienes violen este derecho sagrado. El Código Penal salvadoreño, en su Artículo 152-A reza de la siguiente manera: “El que, mediante violencia, intimidación o amenaza sobre las personas o los bienes, impida a otros circular libremente, ingresar, permanecer o salir de cualquier lugar del territorio de la República, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”. Agrega el artículo que igual sanción será para el que realice dicha acción contra quien efectué o intente realizar acto de comercio lícito.  La sanción crece a un período de seis a diez años de cárcel, cuando la limitación ilegal a la libre circulación se realiza por dos o más personas. La pena de prisión sigue creciendo hasta llegar de ocho a doce años cuando la violencia, intimidación o amenazas sobre las personas o los bienes la realizan para obligar a otro a abandonar su lugar de domicilio, residencia, trabajo, estudios o de realización de cualquier actividad lícita.

El viernes pasado un juzgado de instrucción mandó a juicio a tres pandilleros que exigían 300 dólares a una víctima en una populosa colonia de Soyapango, pero como no pudo pagarla, llegaron armados a su vivienda y le dieron 24 horas de plazo para que abandonara la residencia. La víctima, su esposa y sus tres hijos menores de edad, no tuvieron más alternativa que irse lejos del lugar. Dos meses después regresaron y se dieron cuenta que la vivienda ya estaba ocupada por otras personas a quienes los pandilleros les habían alquilado. Interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional Civil, cuyos agentes lograron detener a los delincuentes. Con seguridad serán condenados a 12 años de cárcel.

A nivel nacional no hay día sin que se celebre una audiencia contra sujetos sospechosos de haber cometido este ilícito. Los procesos judiciales contra acusados de impedir la libre circulación son muy comunes, pero no suficientes. Los terroristas obligan a las personas a abandonar sus casas para apoderarse de ellas o en ocasiones para demostrar que tienen el control territorial. Vemos noticias de comunidades que quedan desoladas porque las familias honradas se van obligadas por el accionar delincuencial de las pandillas que los amedrentan y en ocasiones les matan a familiares. En algunos casos hasta las mismas autoridades policiales ayudan a las familias para que abandonen la zona.

Hay colonias donde los pandilleros tienen el control y deciden quien puede entrar y quién no. La semana pasada tuve necesidad de visitar en horas nocturnas una colonia en Cuscatancingo y mi acompañante, quien reside en la zona, me dijo que bajara los vidrios y encendiera las luces de cortesía para que los pandilleros no se me acercaran. Sin embargo, se me aproximaron dos muchachos de unos 18 o 20 años, pues les pareció desconocido mi carro, y me pidieron dos dólares para permitirme continuar y regresar. En la entrada de la colonia una patrulla de soldados y policía vigilaban, sin percatarse que adentro los pandilleros extorsionan a la población e impiden su libre movilidad. Les conté lo que me acababa de suceder y se movilizaron en su búsqueda, pero entiendo que no los encontraron.


Los salvadoreños tenemos que denunciar. No es posible que delincuentes nos impidan movilizarnos con libertad, mucho menos a abandonar nuestras viviendas, trabajos o domicilios. No nos dejemos extorsionar ni permitamos que nos impidan estar en cualquier parte donde pretendamos convivir en paz y en armonía. Los buenos somos más que los malos y debemos crear un sentido de unidad y confianza. Hay que denunciar, ante las autoridades policiales y fiscales y ante los medios de comunicación, cualquier situación que nos impida movilizarnos con libertad. No dejemos que nos quiten, con la cultura del miedo y el terror, lo que tanto nos ha costado o hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Denunciemos este y cualquier otro delito.