Opinión

Libertad de expresión y pandemia

IIDC-Sección El Salvador

viernes 7, agosto 2020 • 12:00 am

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La pandemia por covid-19 ha alterado la vida personal y social en todo el mundo y, definitivamente, El Salvador no ha sido inmune ante los cambios impuestos desde una nueva realidad: este veloz y trascendental impacto en las vidas humanas impone una mayor vigencia de la libertad de expresión y todas las manifestaciones -tanto subjetivas como objetivas- de tal derecho, constitucionalmente reconocido.

La libertad de expresión adquiere, en el contexto de la pandemia, mayor trascendencia si cabe, y así se consigna, con detalle, en el informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, presentado en junio de 2020 al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Por este camino, la pandemia sirve también como llamada de atención a todos los Gobiernos y políticos, así como a todos los actores pertinentes de la era digital, y les demuestra que la censura de toda índole interfiere en el ejercicio de una serie de derechos humanos; que fomentar el acceso a la información refuerza la promoción de la salud, la vida, la autonomía y la buena gobernanza; y que las restricciones —aunque persigan un objetivo legítimo— han de cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

Y es que, como también se expresa en el citado informe del Relator Especial, la pandemia ha generado también una crisis de la libertad de expresión: “provocada por causas naturales, sin duda, pero favorecida por unas políticas informativas que han debilitado las infraestructuras de alerta y notificación. Las personas y sus comunidades no pueden, sin embargo, protegerse de las enfermedades cuando se les niega información, cuando han perdido la confianza en las fuentes de información y cuando la propaganda y la desinformación dominan las declaraciones de las autoridades públicas”.

En El Salvador estamos padeciendo importantes restricciones a la libertad de expresión, elaboradas con motivo -más bien, excusa- de la pandemia; y así tenemos, entre otros aspectos: desde el Órgano Ejecutivo, el diseño e implementación de una política de propaganda que falsea los hechos y oculta la realidad (por ejemplo, la divulgación de videos dedicados a potenciar una imagen mesiánica de la administración presidencial y a imputar intereses mezquinos a cualquier crítica a esta); dificultades para el acceso a información pública (llegando, inclusive, al práctico cierre de las oficinas estatales de acceso a la información pública); publicación de información general, manipulada y no desagregada sobre la situación de la pandemia (así, el Colegio Médico ha indicado, en reiteradas ocasiones, que los datos oficiales no son confiables); ocultamiento de datos (por ejemplo, la negativa del Ministerio de Salud a informar sobre los contagios y fallecimientos entre el equipo de salud); y, de modo alarmante, constantes ataques a periodistas y medios de comunicación que muestran independencia de criterio frente al discurso y propaganda oficial.

Es en ese escenario, en que desde el poder estatal se organiza y ejecuta una política de desinformación y propaganda, cuando el papel de los periodistas muestra toda su ineludible necesidad y vital importancia para conservar y profundizar la democracia y, en definitiva, controlar el poder: son estos momentos cuando la envergadura del rol de los periodistas se muestra en toda su dimensión, esto es, cuando desnudan al poder, cuando ponen en evidencia la improvisación, la incapacidad y la corrupción de gobernantes y funcionarios públicos.


Por ello resulta vital, en esta coyuntura, insistir en la necesidad de potenciar el ejercicio responsable de la libertad de expresión (sobre todo cuando se hace uso de las redes sociales); examinar -con razonable desconfianza- la credibilidad de las fuentes de información (sobre todo ante sitios webs que son falsos medios de comunicación y más bien actúan como simples cajas de resonancia del discurso gubernamental); y, de modo relevante, reclamar protección y promoción de los medios de comunicación -tanto tradicionales como digitales- independientes, exigiendo que el Estado abandone su estrategia de acoso, intimidación y amenazas a tales medios.

Por ello, ante semejantes retos que enfrentan cotidianamente, debemos agradecer a periodistas y medios de comunicación que honestamente colaboran para contar con una ciudadanía formada e informada, quienes ahora -ante los ataques- afrontan un desafío adicional: actuar unidos en la defensa de la libertad de expresión.