Política

Ley del agua: señalan 3 contradicciones de la propuesta gubernamental Alianza envía nota a Asamblea Legislativa en la que pide ser escuchada en la comisión ad hoc.

Saraí Alas

lunes 12, julio 2021 • 12:30 pm

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Miembros de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señalaron hoy contradicciones en la propuesta de Ley de Recursos Hídricos presentada por el Gobierno.

El Órgano Ejecutivo presentó su propuesta de Ley de Recursos Hídricos la noche del 18 de junio a través del ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

1. Contradicción entre bien público y desarrollo económico. Luis González, coordinador de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), indicó que una contradicción del proyecto de ley del Gobierno es que declara el agua como bien público pero plantea promover el desarrollo económico y social.

El tema del agua en el país es tan complicado que plantear el desarrollo económico no es lo adecuado, la finalidad de la ley general del agua debería ser el mantenimiento de este bien natural de los ecosistemas para beneficio de la población y de la vida, no para el desarrollo de la vida”. Luis González, director de incidencia de la UNES.

González ha asegurado la necesidad de suprimir, dentro del objetivo, la promoción de desarrollo económico, ya que la ley no puede establecer como prioridad el consumo humano del agua si establece también como prioridad el desarrollo económico.


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2. Autorizaciones a privados de cantidades de agua posiblemente superiores a la necesidad de consumo humano.

El coordinador de Incidencia de UNES señaló que las organizaciones defensoras del agua están preocupadas por las autorizaciones que darían entidades públicas o privadas para uso del recurso hídrico, debido a que no priorizaría el abastecimiento a familias.

El artículo 61 de la propuesta de Ley de Recursos Hídricos del Gobierno indica que la “Autoridad Salvadoreña del Agua" podrá autorizar a particulares a través de una autorización, uso consuntivo o no consuntivo, o aprovechamiento de determinada cantidad y calidad de agua superficial o subterránea”.

González critica que a través de ese artículo se brindaría un total de 473,040 metros cúbicos por año a entidades privadas cuando en El Salvador no hay claridad sobre el balance del recurso hídrico.

El agua es un bien público pero estamos hablando de que autorizaciones de estas cantidades de agua, esos 473,040 metros cúbicos, podrían servir para darle agua a 2,600 familias en un año, pero aquí están dando estas autorizaciones que pueden ser superiores para un uso privado por 15 años o por 30 años”. Luis González, director de incidencia de la UNES.

 

3. Centraliza: la autoridad es pública pero suprime las entidades territoriales.

La propuesta del Gobierno suprime las instancias territoriales que tienen poder de decisión sobre el recurso hídrico en las diferentes regiones o cuencas.

El ambientalista dice que el Gobierno propone un organismo centralizado para la junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua por lo que teme que, al eliminar “entidades del agua” territoriales para que opere dicha autoridad, la ley del agua no se aplique.

Si bien es cierto la junta directiva que ellos han formado es pública, el problema es que órganos importantes para desarrollar los mandatos de ley son eliminados, por ejemplo: una dirección ejecutiva, los organismos zonales de cuenca, la dirección de monitoreo y seguimiento. Se mantiene un tribunal sancionatorio, pero se elimina el tribunal de apelaciones”. Luis Gónzalez, director de incidencia de la UNES.

Rodolfo Calles, representante de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) objeta esta supresión de organismos zonales de cuenca, ya que son los que regularían que exista el vital líquido en las cuencas y sean autosostenibles.

En la práctica, la propuesta del Gobierno centraliza las decisiones sobre el recurso hídrico en diferentes zonas del país.

Estamos cuestionando que la ley del gobierno ha eliminado toda la estructura zonal de cuenca y ha atomizado la estructura para administrar el agua en prácticamente una junta directiva que se va a reunir cada dos meses. Es decir, van a tener seis reuniones al año para definir qué hacer con el tema del agua a nivel nacional, eso está fuera de contexto, el agua no nace del chorro se gestiona en las cuencas”. Rodolfo Calles, representante de Aprocsal.

El representante de Aprocsal señaló que otro organismo que se queda fuera son las juntas de aguas, que administran pozos en comunidades donde las alcaldías o la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no proporcionan el servicio, por lo que las comunidades estarían en riesgo.