Opinión

Las violaciones a la Constitución exigen combatirlas pero respetando su texto

Rubén Zamora/Abogado, político y diplomático

martes 17, noviembre 2020 • 1:23 am

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He leído con preocupación la noticia que el Sr. Juez de lo Penal, que preside el juicio sobre la masacre de El Mozote, ha pedido a la Fiscalía que inicie investigación judicial contra el Presidente Bukele y su ministro de defensa.

Es de público conocimiento que el Ministro de Defensa se ha negado reiteradamente a permitir al juez acceso a los archivos de la Fuerzas Armadas y que el Presidente Bukele, públicamente lo ha acuerpado y ha ido más allá, adjudicándose la facultad de seleccionar los documentos que dice dará al juez. La negativa de ambos funcionarios constituye al menos dos delitos contemplados en el Código Penal: el de “desobediencia” (Art. 322 C.P.) y el de “Denegación de Auxilio” (Art. 323 C.P.). El Presidente Bukele además de impedir acceso al juez, ha asumido una función propia del Órgano Judicial, es decir, ha usurpando la función Judicial lo cual está expresamente prohibida por los Arts. 85 y 87.3 de la Constitución.

El Señor Juez de lo Penal nos ha dado muestras de dedicación, imparcialidad y valentía y por ello respaldamos su labor; sin embargo, no es posible acompañarlo en la petición al Fiscal General de la República de que inicie proceso judicial contra estos dos funcionarios, pues esto sería violatorio de nuestra Carta Magna.

La razón del reparo se basa en los mandatos Constitucionales establecidos en el Art. 326 cuyo primer inciso establece el fuero para el Presidente de la República, los ministros y otros altos funcionarios cuando dice: “responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan”, esto significa que mientras los diputados, por mayoría absoluta despojen al funcionario de su fuero de inmunidad, ninguna autoridad policial o judicial pueden iniciar la investigación judicial; es por ello que la Constitución establece que si son capturados infraganti, deben ser inmediatamente entregados a la Asamblea Legislativa y no a la PNC.

Si el fiscal o un juez recibieren una denuncia contra estos funcionarios lo único que puede hacer es trasladarla a la Asamblea Legislativa y solo si esta decide quitarle el foro, pueden iniciar el juicio; pero, si la Asamblea Legislativa decide que no existe base suficiente para retirárselo, la acusación muere y ni la Fiscalía, ni el órgano Judicial ni la policía puede actuar contra el funcionario. Pero no quedará impune pues una vez que el ex funcionario ya tenga uno de los cargos listados por la Constitución en este artículo, la Policía, la Fiscalía y los jueces, podrán proceder contra él. La inmunidad es siempre temporal, no genera impunidad.


El camino constitucional más expedito para denunciar los delitos de estos funcionarios públicos es, primero, hacerlo ante la Asamblea Legislativa y solicitar que ese Órgano les retire el privilegio de inmunidad; hacer la denuncia ante la Policía o la Fiscalía, lo único que hace es atrasar el inicio del proceso penal y arriesgar que quede engavetada la denuncia en cualquiera de estas instituciones. Por su parte la Asamblea Legislativa está obligada a iniciar el procedimiento de retiro del fuero Constitucional y ateniéndose al procedimiento que los tres incisos siguientes del artículo 236 Cn. establecen.

Al respecto, es necesario aclarar que la común denominación de “antejuicio” con la que identificamos este procedimiento, es completamente extraña a nuestra Constitución y no aparece en su texto, pues de lo que se trata es de un procedimiento para definir si el fuero constitucional ampara o no al funcionario delatado. La Asamblea Legislativa no está facultada a analizar y decidir si el funcionario es inocente o culpable de los delitos que se le impugnan, eso es privativo del Órgano Judicial y por ello es que, si la Asamblea decide por mayoría absoluta de sus miembros (la mitad más uno) que lo despoja del privilegio, el paso siguiente es trasladarlo a la orden del juez, que es quien inicia el proceso penal.