Toda Constitución se aprueba con pretensiones de perdurabilidad, pues no es una ley cualquiera: las sociedad democráticas han encontrado en ella el lugar idóneo para expresar el consenso social alrededor de los contenidos esenciales de la democracia, el Estado de derecho y la garantía para la dignidad, libertad e igualdad de todos los ciudadanos. Desde ella se hace vinculantes para todos los poderes públicos los derechos fundamentales de la persona, las garantías del debido proceso, los principios del orden económico, o el reparto de atribuciones entre los diferentes órganos estatales y sus controles recíprocos, de manera que no se produzcan abusos por la concentración de poder.

Opinión

Las reformas constitucionales en serio

Dr. Rodolfo González / Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional @iidc_sv

viernes 23, abril 2021 • 12:00 am

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Toda Constitución se aprueba con pretensiones de perdurabilidad, pues no es una ley cualquiera: las sociedad democráticas han encontrado en ella el lugar idóneo para expresar el consenso social alrededor de los contenidos esenciales de la democracia, el Estado de derecho y la garantía para la dignidad, libertad e igualdad de todos los ciudadanos. Desde ella se hace vinculantes para todos los poderes públicos los derechos fundamentales de la persona, las garantías del debido proceso, los principios del orden económico, o el reparto de atribuciones entre los diferentes órganos estatales y sus controles recíprocos, de manera que no se produzcan abusos por la concentración de poder.

Es natural entonces que la Constitución no contenga cláusulas relativas a su modificación total. Consecuencia de ello es que ningún órgano o funcionario tiene competencia para convocar a una asamblea constituyente que apruebe una nueva Ley fundamental, y cualquier invocación de una supuesta voluntad popular que reclamaría el cambio total fuera de los procedimientos establecidos, implica desconocer el rol racionalizador de estos para que haya seguridad jurídica tanto en la fijación como en la modificación de las reglas esenciales de la convivencia nacional.

Nuestra Carta Magna, como es común en las democracias, únicamente regula el procedimiento para hacerle modificaciones parciales, pero impide que algunos de sus contenidos sean reformados; es el caso de las cláusulas intangibles o “pétreas”, que son el carácter irreductible del territorio, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como la forma y sistema de gobierno. Todas estas disposiciones son susceptibles de interpretación y tienen su propia problemática; la clarificación de su contenido se hace en última instancia por la justicia constitucional.

Pero junto a los aspectos formales relativos a la iniciativa para la reforma, que solo puede provenir de los diputados en un número no inferior a diez, a la aprobación del acuerdo de reforma por la primera legislatura con mayoría de la mitad más uno de los diputados y a la ratificación por la siguiente con mayoría de dos tercios, en la jurisprudencia constitucional salvadoreña se ha resaltado también la necesidad de una “fase de información” en el procedimiento de reforma: el pueblo debe saber con la debida anticipación los aspectos que se pretende modificar y tener la posibilidad de pronunciarse sobre ellos; esto solo se puede garantizar si en la campaña de las elecciones legislativas se aborda de manera explícita las propuestas de reforma, sin esconderlas a los ciudadanos.

Los contenidos constitucionales son demasiado importantes como para que sean modificados de manera irreflexiva, o sustrayéndole al pueblo soberano la posibilidad de pronunciarse sobre tales cambios. Por ello se afirma que la elección de los diputados, además de generar representación y dar mayoría a un proyecto legislativo determinado, también hace las veces de referéndum en el procedimiento de reforma constitucional, pues sabiendo con claridad y anticipadamente cuáles son las propuestas que los partidos o candidatos individuales plantean para la reforma, el pueblo orienta su voto y elige a los diputados que intervendrán en el procedimiento de cambio formal. Así se evitan ”sorpresas” en la incorporación de nuevos contenidos, derogación de derechos o modificación de la estructura fundamental del Estado y el régimen democrático.

La Sala de lo Constitucional es la garante de que al pueblo no se le impida pronunciarse en dicho proceso, y así, ha ejercido ya control en algunas ocasiones anulando el acuerdo aprobado después de las elecciones, e impidiendo a la siguiente legislatura que lo ratifique.


Y es que, tomarse en serio las reformas constitucionales implica que se respete la esencia del procedimiento establecido en su texto, no solo en lo que se refiere a la intervención de dos legislaturas con distinta mayoría, sino y sobre todo que el pueblo tenga la posibilidad de intervenir y decidir en última instancia si acepta o no el cambio. Otra forma de entenderlo es torcer los procedimientos y generar una grave devaluación de la democracia.