La semana pasada se aprobó de manera extemporánea la llamada “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”. El veto presidencial no se hizo esperar, por lo que dicho proyecto está muy lejos de convertirse en una verdadera ley aplicable, ante la posibilidad de que sea sujeta a control constitucional o al paso del tiempo en el archivo legislativo.

Opinión

Las olvidadas en la Ley de Reconciliación…

Roberto Burgos Viale / Abogado, catedrático

lunes 9, marzo 2020 • 12:00 am

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La semana pasada se aprobó de manera extemporánea la llamada “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”. El veto presidencial no se hizo esperar, por lo que dicho proyecto está muy lejos de convertirse en una verdadera ley aplicable, ante la posibilidad de que sea sujeta a control constitucional o al paso del tiempo en el archivo legislativo.

Una de las imperfecciones y arbitrariedades de este texto normativo, es la ausencia de las mujeres como víctimas, como funcionarias y como destinatarias de beneficios producto de la reparación. En suma, como verdaderas titulares de derechos humanos, que por la especificidad de su condición deberían recibir y ser objeto de una protección reforzada desde el Estado.

Nada de eso se lee en el texto de la pretendida “Ley de Reconciliación”, de hecho muchas mujeres que sobrevivieron a la destrucción de sus hogares y al asesinato, desaparición y tortura de sus familiares, fueron revictimizadas por los diputados de la Asamblea Legislativa, que durante las jornadas de consulta en el interior del país mezclaron de forma arbitraria e insensible a víctimas con victimarios, como si el sufrimiento de las primeras fuera equiparable a las justificaciones de estos, confundiendo el ejercicio populista del poder, al que nos tienen acostumbrados, con una fachada de malentendido pluralismo legislativo, que poco contribuyó al proyecto votado y mucho menos a la causa de la justicia.

Los documentos preparatorios que dieron pie en el 2017 a los “Principios de Chicago sobre Justicia Transicional” señalan que el desarrollo de esta clase de justicia exige estrategias concretas para “grupos vulnerables”. Y explica que “en particular, los programas deberían establecerse con una clara comprensión de la naturaleza de la violencia de género y de las necesidades especiales de las mujeres, ya sea como viudas, tutoras o líderes de la comunidad…” (Apartado 4. Desarrollo de un plan comprensivo).

Como ya se ha dicho, nada de esto se encuentra en el proyecto de ley vetado, ni siquiera se pensó en acciones afirmativas como el establecimiento de una cuota de mujeres en el Consejo Nacional para la  Reparación (CONREPARA), o en una investigación profesional y exposición de resultados sobre lo ocurrido desde el proyectado “Centro de Documentación de la Memoria Histórica”, que permitiría hacer visibles las formas en las que ambas fuerzas en pugna utilizaron la violación sistemática a la vida, la libertad sexual e integridad de las mujeres durante el período de la guerra.

Las mujeres han sido botín, fueron privadas del control de sus cuerpos y de su lugar en el mundo por dos visiones encontradas para las que solo servían en función de los servicios que requerían para mantener el esfuerzo de guerra. Las mujeres eran “las nanas” que cocinaban y lavaban uniformes en las bases militares, en la guerrilla la mayoría eran “radistas” o “sanitarias” que muchas veces quedaron expuestas a la arbitrariedad, la tortura y el acoso sexual de sus comandantes al interior de campamentos o casa de seguridad de la guerrilla. Muy pocas eran jefas y quienes lo fueron pagaron un alto precio.


Sobran los testimonios de veteranas de uno y otro bando, pero aún falta exponerlo y valorarlo en sociedad. Más importante aún, falta garantizar las reparaciones que se les deben por los sacrificios vividos y las agresiones sufridas. Pareciera que las mujeres y su condición como tales en una sociedad injusta como la nuestra, solo merece ser analizada en las leyes de reconciliación cuando se trata de su ser “víctimas”, en particular al explicar los delitos de lesa humanidad, pero no se les reconoce un papel protagónico en el proceso de búsqueda de la reconciliación, privando a la sociedad de una visión necesaria, por ser más integral e integradora, que bien puede garantizar el éxito de este complicado proceso.