Opinión

Las nuevas ideas

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

jueves 19, noviembre 2020 • 12:53 am

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Son las consecuencias de la reciente crisis institucional causada por el Ejecutivo, lanzando descaradamente a la PNC para obstaculizar el trabajo de investigación de la Fiscalía. La acción fiscal, además de su investidura y competencia, está respaldada por pronunciamiento judicial para realizar una indagatoria a prominentes carteras gubernamentales como los Ministerios de Salud, Agricultura y Turismo, entre otros, sobre presuntos hechos de corrupción en el manejo de millonarios fondos públicos supuestamente destinados a compras de bienes y servicios durante la pandemia.

Este nuevo enfrentamiento, que pretende contener la investigación fiscal, se suma a una larga lista de dolosos conflictos del régimen de Bukele para descalificar y obstaculizar la función de contrapeso al poder, principalmente dirigido contra aquellas instituciones garantes de la transparencia. Abundan las evidencias de ataques y bloqueo a las funciones de la Corte de Cuentas de República, al Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia -en particular la Sala de lo Constitucional- y  Asamblea Legislativa.  Esta agresividad del régimen de Bukele se ensaña también contra los medios de comunicación que no están bajo su control. La agresión se extiende a gremios sociales, desmovilizados y excombatientes, prominentes gremiales empresariales, personalidades y fuerzas políticas de oposición; llegando al extremo de bloquear por cinco meses, con fines electorales, la entrega del presupuesto del FODES destinado al trabajo de todas las 262 alcaldías, maniobra perversa cuyo efecto impide concluir obras comunitarias comprometidas por los ediles a las puertas del  periodo electoral.

La creciente hostilidad irracional del régimen de Bukele carece de todo sentido, está llevando al país a la descohesión y polarización, a una crisis aún más profunda, al mejor estilo de Trump; alejándose más de la expectativa de un liderazgo unificador y transparente, con capacidades de gestión, administración y ejecución de recursos  para resolver la creciente crisis social y emprender un camino seguro a la reconstrucción económica nacional. Estas acciones, métodos y estilo dictatorial han sido señalados por la comunidad internacional, identificando en esas prácticas una amenaza y un claro retroceso democrático y de gobernabilidad.

Este conflicto interinstitucional permanente bien podría inscribirse en la novedad de un estilo de gobierno enfocado en construir cortinas mediáticas para acaparar atención y simpatía de incautos; sin embargo, cuando las cortinas se convierten en obstáculos que impiden el desarrollo -convirtiendo la gestión gubernamental en un desastre administrativo-, o cuando existen requerimientos judiciales con sendos procesos de investigación ante inocultables indicios de corrupción, estos perversos y sistemáticos bloqueos para encubrir la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos revelan que algo muy malo está ocurriendo.

En este contexto, al escudriñar el Presupuesto General del Estado la radiografía revela la incapacidad y perversión del régimen de Bukele. Tanto los organismos financieros y expertos coinciden en que esa iniciativa no cuenta con bases técnicas que justifiquen el origen de ingresos sobreestimados; sobre todo ante una severa recesión por una caída  económica de más del 9% del PIB, en la que de acuerdo a especialistas se necesitará un periodo de al menos tres años para la recuperación. ¿Cómo justificar un incremento presupuestario del 16%, que significan más de un mil millones adicionales en relación al presupuesto del año anterior? Es muy probable que Bukele tenga en reserva la “medicina amarga” de incrementar el IVA del 13 al 16% para después de las elecciones, esta puede ser una de las razones por las que necesita el control del Legislativo.


El régimen de Bukele ha llevado al país a una severa crisis económica y social que tiende a profundizarse aceleradamente. Los compromisos de pago de deuda a un año plazo de LETES y CETES alcanzan la exorbitante suma de 1480 millones de dólares, en los que cualquier desequilibrio compromete principalmente a las AFP y bancos locales que son los otorgantes.  Esta situación se complica en un contexto de crisis por la pérdida de 72000 empleos, debido al lamentable cierre de 2400 empresas; con un severo impacto por la mayor caída de las exportaciones de la región en un 21%, después de la apertura económica y hoy con la escena de una crisis climática que amenaza profundizarse ¿A dónde va este barco?