Juan Carlos Bidegaín Hananía, ministro de Gobernación, pidió las reformas este lunes, sin convocar a medios de comunicación. Fotografía: Capres.

Política

LAIP: Gobierno pide que declaraciones patrimoniales de funcionarios sean confidenciales Reformas a LAIP solicitadas por el Gobierno a la Asamblea Legislativa son vistas como muerte del IAIP.

Yolanda Magaña

martes 13, julio 2021 • 7:00 am

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El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín Hananía, solicitó este lunes un pliego de polémicas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (IAIP), en donde solicita declarar confidenciales todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, exfuncionarios o empleados públicos.

En sus argumentos expresados en la carta de presentación de la reforma, dice que es necesario hacer "modificaciones al procedimiento de acceso a la información".

La primera reforma es eliminar el artículo que obliga a la Corte de Cuentas de la República "dar a conocer los informes finales de las auditorías practicadas a los entes obligados".

Esto permite a los medios de comunicación conocer hallazgos al uso de los fondos por el Ejecutivo, Esa información ya no será oficiosa, es decir, no será publicada sin que los ciudadanos lo soliciten.

En su lugar, se agrega la posibilidad de que las instituciones del Estado o sus oficiales de información puedan reservar toda la información oficiosa estatal.

La petición de reforma indica: "Se podrá clasificar como información reservada toda la información oficiosa" de las instituciones de todo el Estado.


La información oficiosa debe ser publicada sin que un ciudadano lo pida.

Esta información es colgada en los sitios web de las instituciones del Estado como obligación: presupuesto, listado de asesores, remuneración, memorias de labores, listado de viajes, informes contables, inventario de bienes, contrataciones, adjudicaciones, información estadística, proyectos de ley, sentencias judiciales, las actas de la Corte Suprema de Justicia, actas del pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e incluso información de los concejos municipales. Con la reforma, se podría declarar reservada.

Declaración de Probidad

El Gobierno pide que dentro de la información confidencial se incluya la declaración patrimonial de probidad de todos los funcionarios y empleados públicos, y sus documentos anexos.

Actualmente, la declaración patrimonial de los funcionarios es información pública gracias a una resolución de la primera generación de comisionados del IAIP.

Sin embargo, si la Asamblea Legislativa aprueba la reforma, sería confidencial.

La publicación de las declaraciones patrimoniales y auditorías patrimoniales permitió la investigación del patrimonio de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, información que fue publicada durante la primera generación de comisionados del IAIP y la generación 2009-2018 de Sala de lo Constitucional.

Sanciones al particular

Además, el Gobierno está solicitando que el IAIP no solo pueda sancionar a los funcionarios públicos, sino a los particulares, con una reforma al artículo 77.

También, requiere que las resoluciones, en general, puedan ser impugnadas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y no solo por los particulares, es decir, una institución estatal obligada puede interponer un recurso ante dicha Sala para no entregar información pública.

Más poder al presidente del IAIP

El Gobierno le solicita a los diputados dar voto calificado al presidente del IAIP en caso de empate.

Así mismo, que el presidente del IAIP tenga facultades legales de: modificar la estructura organizativa del IAIP, preparar agenda de las sesiones del IAIP, elaborar las actas y solicitar el procedimiento de destitución de los empleados del IAIP.

El Gobierno también está solicitando cambios en la forma de elección de comisionados del IAIP, reduciendo la cantidad de precandidatos propuestos por los sectores de tres a dos personas, de quienes elige el presidente de la República.

En la reforma se intenta homologar el plazo de 20 días hábiles, en lugar de 10, para dar respuesta a la solicitud de información que no exceda cinco años de haber sido generada.

"Muerte del IAIP"

La propuesta gubernamental del IAIP generó críticas en redes sociales.

La comisionada destituida por el presidente Nayib Bukele, Liduvina Escobar, aseguró que la reforma es la "muerte del IAIP", ya que no resolverá controversias en las reservas de información pública y hay un control de la Presidencia de la República.

Para Escobar, el Gobierno pretende ocultar la corrupción.

Por su parte, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, señala que se trata de una "total lesividad" al derecho de acceso a la información pública (DAIP).

Prácticamente eliminan la información oficiosa, pues ahora se puede declarar reservada sin mayor problema, lo dejan al arbitrio de los funcionarios". Eduardo Escobar, director ejecutivo de la AC.

El abogado Salvador Enrique Anaya aseguró que Casa Presidencial se está "quitando cualquier máscara de democracia". "El DAIP reducido a un mal chiste y el IAIP a un circo vacío".

Javier Castro, director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), explicó que la reforma abre más las puertas a la opacidad y al abuso de los fondos públicos.

Cuando deberíamos de estar ajustando la LAIP a los estándares de la Ley Modelo 2.0 de la OEA, se hace lo contrario y se busca debilitar más el acceso a la información pública. Javier Castro, director ejecutivo de Fusades.

Los casos Saca y Funes

Wilson Sandoval, director del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), explicó que será reservada la información "que permitió conocer la corrupción de Saca o Funes".

Mientras, el IAIP invitaba este lunes a un curso virtual de transparencia. El IAIP está conformado actualmente por Roxana Soriano, excandidata a diputada de Nuevas Ideas; el abogado José Ricardo Gómez, quien solicitó revertir una resolución que ordenaba entregar información patrimonial del presidente Nayib Bukele; Gerardo Guerrero, exjefe de resoluciones catastrales de la alcaldía capitalina en la gestión de Bukele; así como los comisionados Andrés Gregori Rodríguez, Daniella Huezo y Yanira Cortez, nombrados por el expresidente Salvador Sánchez Cerén.