El principio de supremacía o supralegalidad  de la Constitución  siempre ha sido reconocido. La Constitución ocupa la cima del orden  jurídico del Estado como la ley suprema, bajo la cual se encuentran subordinadas las demás normas del ordenamiento jurídico.

Opinión

La supremacía constitucional

Dr. René Fortín Magaña / IIDC publica esta columna como homenaje póstumo a su expresidente

viernes 4, septiembre 2020 • 12:00 am

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El principio de supremacía o supralegalidad  de la Constitución  siempre ha sido reconocido. La Constitución ocupa la cima del orden  jurídico del Estado como la ley suprema, bajo la cual se encuentran subordinadas las demás normas del ordenamiento jurídico.

Precisamente la Constitución,  desde la óptica en que se observe, se encuentra por un lado en la cúspide, en el vértice donde confluyen las normas salvadoreñas,  y en el sentido opuesto, en la base del ordenamiento jurídico.

Para mejor ilustración del lector, en la República  de El Salvador,  y aplicando la estructura piramidal de Merkl - discípulo de Kelsen – podemos señalar que la legislación salvadoreña está estructurada de la manera siguiente:

Vista desde  la cúspide, en el primer escalón se encuentra la Constitución, la norma fundamental; luego los tratados internacionales; en el tercer nivel las leyes ordinarias o secundarias; continúan los reglamentos, las ordenanzas municipales, los instructivos  y las normas jurídicas individualizadas.

En El Salvador, todas las Constituciones, incluidas las federales, de alguna manera han reconocido el principio de supremacía de la ley constitucional.

Antes de la Constitución de 1950, no existía una disposición expresa  que declarara  el carácter  superior de la Constitución,  pero se puede observar en el texto normativo de la mayoría de las Constituciones  una aceptación tácita de este principio. Así se tienen como indicadores las siguientes:


  • La protesta de los funcionarios públicos de fiel cumplimiento a la Constitución: se encuentra en los artículos indicados de las siguientes Constituciones: 1824 (78), 1841 (53), 1864 (66), 1871 (89), 1872 (125), 1880 (125), 1883 (125), 1886 (138), 1939 (176), 1945 (161), 1950 (211), 1960 (210), y 1983 (235).
  • El veto presidencial, a partir de 1939, en el artículo 82, lo que permitía que hubiesen pesos y contrapesos entre los órganos del Estado. Cuando el Ejecutivo considerase un proyecto de ley contrario a la norma fundamental y lo vetaba, éste era devuelto al legislativo, quien para superarlo debía ratificarlo por mayoría calificada. Para dirimir la controversia sobre la constitucionalidad del proyecto, el Ejecutivo debía dirigirse a la Corte Suprema de Justicia. Esta situación, regulada actualmente en los artículos 137 y 138 de la Constitución, demuestra competencias de los órganos del Estado y su determinación porque un proyecto de ley no contradiga el texto de la ley fundamental.
  • El control difuso de constitucionalidad, para resguardar la prevalencia de la Constitución sobre cualquier norma del ordenamiento jurídico; por medio de éste cualquier Tribunal de la República se encuentra en capacidad de realizar un examen de constitucionalidad de las normas inferiores a la Constitución, con el objeto de inaplicarlas, con efectos inter-partes. Esta situación surgió en la Constitución  de 1939,  artículo 128, cuyo texto rezaba: Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición de los otros Poderes, contraria a los preceptos constitucionales, en los casos en que tenga que pronunciar sentencia. Esa disposición la encontramos en la vigente Constitución,    artículo 185.
  • El control concentrado de constitucionalidad, mediante el cual se establece a partir de la Constitución de 1939, artículo 129, el proceso de inconstitucionalidad a través del amparo y hoy en día, en forma autónoma, en el artículo 183 Cn. Esto marcó una diferencia –como hemos afirmado- y es que en un principio era la Corte Suprema de Justicia la que conocía de este proceso,  y actualmente, a partir de la Constitución de 1983, es la Sala de lo Constitucional,  la cual constituye en esta materia el máximo Tribunal de Justicia.
  • Las leyes pre-constitucionales, el artículo 249 Cn,  deroga todas las disposiciones infra constitucionales anteriores al 20 de diciembre de 1983-, caso que estuvieren en contra de cualquier precepto constitucional. En este supuesto no es necesario promover una demanda de inconstitucionalidad.
  • La norma constitucional, en la Carta Magna actual no queda duda al respecto, ya que el artículo 246, inciso segundo,  expresa: “La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos”.

• Inaplicabilidad de tratados, el art. 149 Cn establece la declaratoria judicial de inaplicabilidad de las disposiciones de cualquier tratado por inconstitucionalidad.