Opinión

La pandemia, el trabajo y los trabajadores

Roberto Burgos Viale / Catedrático

miércoles 30, septiembre 2020 • 4:28 pm

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La pandemia que afectó y sigue afectando de tantas maneras al mundo desde inicio del año, ha supuesto un proceso de transformación en la vida y el bienestar de la mayoría de los seres humanos.

En las ciudades mayormente pobladas, el primer cambio se notó al verse ocupadas por primera vez en décadas por el silencio y por el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad. Despobladas a su vez de peatones y automovilistas, también redujeron el nivel de contaminación del aire y se alteraron de un día para otro los patrones de consumo y la regularidad en las cadenas de suministro; pero tales procesos, dieron también paso a la incertidumbre, al miedo y a una serie de cambios que también en forma silenciosa comienzan a darse por aceptados de manera anticipada, sin que exista el espacio público para analizarlos, discutirlos y mucho menos adaptarlos a la naturaleza misma de las personas a las que les serán aplicados.

Una de estas alteraciones recaerá en las nuevas reglas del trabajo, en la concepción de este como actividad personal mientras que aún es muy pronto para considerar en toda su magnitud las implicaciones que esto tiene para la vida, el desarrollo y el bienestar personal, en los tiempos que se avecinan o que ya están aquí.

Tradicionalmente pues, el trabajo era considerado como una actividad humana realizada “a cuenta de otro”, por la cual, mediando un acuerdo de voluntades y utilizando el esfuerzo físico o intelectual, se desempeñaba una actividad concreta, necesaria para alcanzar ciertos resultados por los que se percibía un salario. Este proceso debía cumplirse casi exclusivamente en un lugar específico destinado a ello, con un horario acordado y durante un tiempo o plazo que garantizaba la continuidad del empleo y la estabilidad en este.

Aunque en El Salvador el respeto a las normas laborales no había sido la regla, se puede afirmar que existía una expectativa razonable de exigencia respecto a su acatamiento, y una institucionalidad más bien mínima para supervisar el cumplimiento forzoso en la mayoría de casos en que fuera necesario, al menos en el sector formal de la economía, donde el servicio de inspección laboral mantenía una presencia constante mediante visitas regulares a los centros de trabajo inscritos como tales en las dependencias respectivas.


La pandemia sin embargo, parece haber dado al traste con esta capacidad mínima para reaccionar a los abusos laborales. En los primeros meses de esta, parecía que los esfuerzos del ente contralor se centraron más bien en amenazar al sector empresarial con la imposición generalizada de multas, en caso de no mantenerse las relaciones laborales vigentes hasta el mes de marzo, a pesar de que la economía mundial se encontraba detenida y que la actividad comercial interna era prácticamente nula.

Algunas fábricas y establecimientos comerciales optaron por aplicar la figura legal de la suspensión del contrato de trabajo, pues esta era una medida valida y reconocida en el ordenamiento vigente, mientras que otras ni siquiera tuvieron la oportunidad de proceder a ello, pues sufrieron la intervención de autoridades civiles y militares en una acción que quiso ser disuasiva, frente a un sector empresarial que aunque no puede considerarse cohesionado, tampoco es afín al actual gobierno.

Si las medidas sanitarias impedían la libre circulación, la actividad laboral y el transporte público en aras de la salud de la población, la falta de información sobre el retorno a la actividad económica se convirtió en otro motivo de tensionamiento entre el ejecutivo y el resto de los principales órganos de Estado. Lo único claro fue que la ayuda directa traducida en atención médica y paquetes de alimentos a domicilio, era la única alternativa para las familias de trabajadores que lo necesitaban y que se vieron beneficiados por una cobertura deficiente.

El resto de posibilidades utilizadas en otros países del mundo tales como el trabajo de las organizaciones comunitarias, acciones de solidaridad sindical y hasta la instalación de mesas de negociación de contratos colectivos para prevenir el desempleo en el el futuro, fueron alternativas impensables en medio del creciente tensionamiento social provocado por una administración más enfocada durante los meses de marzo a julio en controlar la movilidad humana, el mensaje público y el flujo de información sobre adquisiciones y compras que insistentemente demandaban periodistas e investigadores.

Fue el impasse dentro del mismo Estado ante la falta de diálogo y búsqueda de soluciones producto de consensos, lo que provocó un retorno desordenado a la actividad económica en el mes de agosto, retorno que milagrosamente no ha devenido en mayores contagios entre la población trabajadora. Sin embargo, la exigencia de los derechos laborales ha quedo en suspenso debido a la falta de espacios públicos para la organización y reivindicación de los mismos. El trabajo a domicilio por su parte, que parece ser la opción más aceptada por una parte importante de la sociedad que goza de empleos formales, trae aparejado una serie de inconvenientes para la autonomía de los trabajadores que parecen no haber sido tomados en cuenta por quienes se plantean alegremente esta como una opción permanente y no solo de transición.

Ejemplos de esto último es lo que ya se denuncia en otras partes del mundo, donde el uso indiscriminado de software destinado a monitorear la actividad de los trabajadores dentro de su propia casa, captar su imagen y “capturar” el contenido de sus pantallas, plantea una ruptura con la concepción clásica de la actividad laboral a la que hacía referencia al inicio, así como con respecto a los ámbitos de dependencia y sometimiento de las personas con respecto a su empleador, cuya jerarquía normalmente estaba excluida dentro del espacio doméstico o familiar.

El cambio de reglas laborales se está haciendo sin la participación de sus principales destinatarios, con la tolerancia de los gobiernos que ven expandirse su margen de actuación e intromisión en las vidas de los ciudadanos que también son trabajadores y sin que se tenga aún claro los costos que para la salud mental y la armonía familiar representan la conversión del domicilio en un espacio laboral.

La pandemia, parece que hizo confluir el interés de aquellos sectores que se oponen a la organización de los trabajadores y a la interacción entre estos fuera de algunos sitios virtuales, o sin el uso de herramientas tecnológicas que representan el control para unos y la oportunidad de negocio para otros, apostando al final por un trabajo carente de reglas y garantías.

Por supuesto que no es posible generalizar aún sobre los alcances de la mal llamada “nueva realidad”, a la que debería considerarse solo una larga etapa de transición marcada por la incertidumbre y el autoritarismo. Pero también es cierto que la falta de organización laboral, de sindicalismo independiente y de información, harán muy difícil recuperar los niveles de vida y de bienestar que se tuvieron hasta inicios del año.

El aprendizaje que conllevan las nuevas formas de empleo y las exigencias de auto cuido entre la población, no pueden ser la excusa ni el motivo para dejar fuera del presente las conquistas históricas alcanzadas por los trabajadores. Los derechos fundamentales no admiten cuarentena, las ciudades sí.