En El Salvador cometimos el grave error de suponer que con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y con la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se había dado un paso, sin retorno, para desmontar la cultura de la opacidad que había dominado la gestión pública. ¡Grave error! Sobra la evidencia que demuestra que este derecho siempre ha ido contracorriente. Con el actual gobierno, liderado por Nayib Bukele, vivimos uno de los momentos más difíciles que se haya enfrentado desde la creación de la institucionalidad.

Opinión

La opacidad gana terreno en nuestro país

Alicia Miranda / Comunicadora

martes 25, agosto 2020 • 12:00 am

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En El Salvador cometimos el grave error de suponer que con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y con la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se había dado un paso, sin retorno, para desmontar la cultura de la opacidad que había dominado la gestión pública. ¡Grave error! Sobra la evidencia que demuestra que este derecho siempre ha ido contracorriente. Con el actual gobierno, liderado por Nayib Bukele, vivimos uno de los momentos más difíciles que se haya enfrentado desde la creación de la institucionalidad.

La política del gobierno de Bukele sobre el derecho de acceso a la información, y con ello sobre la transparencia en la gestión pública, es simplemente la “no política”. Desde la llegada de Bukele vemos un claro retroceso en la materia que se expresa en un sinfín de acciones. Los ejemplos sobran y no dejan dudas. El primer lugar, la decisión por parte de varios funcionarios de no acatar resoluciones del Instituto, incluyendo los viajes de Osiris Luna. En segundo lugar, los intentos por inhabilitar al Pleno de Comisionados a través de recusaciones pedidas por los representantes del gobierno en las audiencias públicas. Y, finalmente, los intentos por tener control del IAIP a través de la elección de comisionados.

Todo esto es consistente con la “no política”. Ni el derecho de acceso a la información pública ni la transparencia son principios rectores para el actual gobierno. Entonces, ¿por qué seguir reivindicando un derecho que no es reconocido por quienes deberían de garantizarlo? ¿Puede Bukele y su gobierno cambiar de postura? No. En este momento, ni siquiera a nivel discursivo se puede sostener que haya voluntad de un cambio de postura. No hay hilo de twitter publicado por el presidente, o sus funcionarios, que sustituya la información completa, fidedigna y veraz que se requiera para que haya una verdadera rendición de cuentas, mucho menos contraloría social. No se puede sostener lo que no eres a través de un spot publicitario, por más elaborado que sea. Cuando se trata de transparencia, sobre todo en la gestión pública, no hay medias verdades. ¡Lo eres o no! Simple.

Ahora bien, esta realidad no debería de paralizar a nadie que crea y defienda estos principios. De hecho, el derecho de acceso a la información pública nació de una agenda social, no política. Fueron organizaciones de la sociedad civil como Probidad, la APES, FUNDE, FUSADES, FUNDAUNGO, entre otras, las que impulsaron esta lucha durante años. No quitaron el dedo del renglón en ningún momento. Incluso durante los intentos fallidos que impulsó la Asamblea Legislativa, entre 2000 y 2001, por controlar la información sobre las contrataciones de asesores que pedían los periodistas de esa época.  Esta agenda social persistió pese a que durante años el escenario político no era favorable. De hecho, fue una agenda ignorada por funcionarios como el presidente Antonio Saca, que en febrero de 2004 dijo: “La mejor ley es la que no existe”, al referirse a la posibilidad de aprobar una norma que regulara el acceso a la información pública.

En este país siempre han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han velado por el ejercicio y garantía de este derecho. Incluso, posterior a la aprobación de la ley, en diciembre de 2011, fueron las que presionaron para que el presidente Mauricio Funes no siguiera retrasando su entrada en vigencia. La historia nos muestra cómo cada intento por bloquear esta agenda terminó doblegado ante la firmeza de las organizaciones de la sociedad civil.

La constancia social y el tiempo se encargaron de colocar en su justa dimensión cada obstáculo. La lista de los asesores en la Asamblea Legislativa finalmente fue pública, entró en vigencia la ley, se creó el IAIP y se hicieron públicos los informes de las declaraciones de patrimonio posibilitando que se pudieran procesar legalmente a exfuncionarios, incluyendo a Saca.


Es evidente que El Salvador está transitando en una etapa oscura en términos de transparencia en la gestión pública, no solo por las muestras que da el Ejecutivo, sino también porque la Corte Suprema de Justicia se encuentra valorando criterios que se suponían superados en relación al acceso la información sobre las declaraciones de probidad. El error fue haber dado por sentado que con la aprobación de la LAIP y la creación del IAIP se había llegado al final de una batalla.

La opacidad gana terreno en nuestro país; pero en momentos de crisis institucional, son los actores sociales quienes tendrán un rol fundamental en la defensa de este derecho humano. Las organizaciones de la sociedad civil son las llamadas a ejercer un rol más enérgico en los próximos años; sin perder de vista que la transparencia es un valor que siempre estará en peligro y enfrentado al poder de turno.