De acuerdo con Transparency International (TI), algo recurrente durante las emergencias en la región latinoamericana es la corrupción, especialmente en lo relacionado al tema de la salud. Así, por ejemplo, la atención médica brindada en los hospitales públicos se vuelve objetivo de “transes” entre funcionarios públicos y pacientes que urgen de auxilio. Países como Ecuador, México, Bolivia, Perú y Colombia han visto casos de corrupción que van desde sobreprecios en compras de ambulancias, pasando por la irregular aplicación de vacunas a políticos antes que ciudadanos en riesgo (caso “vacunagate” en Perú) hasta cientos de contratos discrecionales con anomalías en la adquisición de implementos, tales como mascarillas.

Opinión

La lucha contra el virus de la corrupción El trabajo del Comité de Veeduría es un trabajo constante y técnico, pero que con su lupa también incomodará a quienes no cumplan con la transparencia.

Wilson Sandoval / Abogado y politólogo @wosm87

miércoles 17, marzo 2021 • 12:00 am

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De acuerdo con Transparency International (TI), algo recurrente durante las emergencias en la región latinoamericana es la corrupción, especialmente en lo relacionado al tema de la salud. Así, por ejemplo, la atención médica brindada en los hospitales públicos se vuelve objetivo de “transes” entre funcionarios públicos y pacientes que urgen de auxilio. Países como Ecuador, México, Bolivia, Perú y Colombia han visto casos de corrupción que van desde sobreprecios en compras de ambulancias, pasando por la irregular aplicación de vacunas a políticos antes que ciudadanos en riesgo (caso “vacunagate” en Perú) hasta cientos de contratos discrecionales con anomalías en la adquisición de implementos, tales como mascarillas.

Frente a lo anterior, sería un error afirmar que El Salvador es un país exento de corrupción en la región. Tomando en cuenta dicho contexto, es que bajo un acuerdo mutuo entre la Asamblea Legislativa (AL) y el Ejecutivo se concibió la idea de crear un mecanismo ciudadano que vigile la administración y ejecución de los fondos de emergencia destinados para que desde el gobierno nacional y los gobiernos locales se haga frente a la corrupción. Así, nació el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, el cual tiene por objetivo principal “poner la lupa” sobre el uso de los recursos que ascenderían hasta 2,000 millones de dólares para combatir el virus COVID-19.

“Poner la lupa” implica que cada centavo que ingresa al Estado para combatir la pandemia pertenece a los salvadoreños y por ello cada centavo debe ser vigilado con el fin de salvar vidas. Así el Comité ha venido vigilando el uso de los fondos desde mediados del año 2020, generando diversos informes sobre utilización de estos, mediante peticiones de información pública dirigidas a autoridades como los ministros de Hacienda, Salud, Obras Públicas, etc. Con la información obtenida, hemos identificado que se generó la disponibilidad de más de 999 millones de dólares como parte de los fondos de emergencia. Pero también hemos identificado que la gran mayoría de fondos se ha utilizado con un mecanismo poco transparente: mediante el Fondo de Protección Civil y Mitigación de Riesgos (FOPROMID) que desactiva dispositivos de rendición de cuentas como la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).

Obviar el mecanismo de utilización de los fondos acordado entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, el cual implica priorizar el uso de los fondos a propuesta de una junta directiva conformada por diferentes ministros, y no de forma centralizada por el ministro de Hacienda, así como utilizar fondos en temas no considerados como parte de la emergencia, (FOMILENIO o pagos a veteranos de guerra),  u omitir mecanismos de transparencia como la LACAP, representan un riesgo al ser gestiones discrecionales y opacas. Por antecedentes en la región y en nuestro país, la falta de transparencia es el común denominador de los grandes actos de corrupción. Cada uno de estos aspectos fue trasladado a la sociedad y autoridades con la entrega pública del tercer informe del Comité de Veeduría Ciudadana, el cual también fue remitido a instituciones como la Corte de Cuentas de la República, Fiscalía General de la República y la misma CICIES.

En conclusión, el trabajo del Comité de Veeduría es un trabajo constante y técnico, pero que con su “lupa” también incomodará a las autoridades municipales o nacionales que no cumplan con los criterios de transparencia y rendición de cuentas que se establecieron en la administración de los fondos de emergencia. La incomodidad no pretende ser un ataque, pero si pretende invitar a que la información sobre la ejecución de nuestro dinero sea pública y que apunte a dignificar a los salvadoreños y salvadoreñas, como ciudadanos que merecen que su dinero se utilice de forma legal y transparente. Invitados estamos todos a participar en la consecución de una lucha contra el virus mortal de la corrupción.