El Congreso de los Estados Unidos aprobó, en diciembre del año pasado, la Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte orientada a frenar la migración ilegal y crear una lista de personas vinculadas a actos de corrupción.

Opinión

La lista Engel: esperanza y temor

Rubén I. Zamora / Abogado, político y diplomático

lunes 26, abril 2021 • 12:00 am

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El Congreso de los Estados Unidos aprobó, en diciembre del año pasado, la Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte orientada a frenar la migración ilegal y crear una lista de personas vinculadas a actos de corrupción.

Fue presentada por Eliot Engel, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, y su contenido central es identificar “a todas aquellas personas del Triángulo Norte de Centroamérica que hayan incurrido en acciones que socaven los procesos o las instituciones democráticas o que hayan cometido actos de corrupción o que hayan obstruido sus investigaciones”, dándole al Presidente un plazo no mayor de 180 días para publicarla. La sanción que se impondría, a los señalados y su familia sería una negativa o cancelación de la visa para entrar a los Estados Unidos.

Como la aprobación legislativa y el plazo de cumplimiento coincidieron con el cambio de gobierno de Trump a Biden, la nueva administración alegó que el plazo empezaba desde su toma de posesión, lo que significa que debemos esperar hasta finales de junio para conocerla.

Si Trump hubiera ganado las elecciones, seguramente habría cuestionado este mandato, pues para él lo importante era que estos tres países se alinearan a su política anti migratoria; por el contrario, para el nuevo gobierno es un espaldarazo a su propuesta de donar 4 mil millones de dólares a estos tres países durante su mandato, siempre y cuando sus gobiernos den una lucha frontal a la corrupción y gobiernen respetando la institucionalidad democrática y los derechos humanos.

El impacto en nuestros 3 países no se ha hecho esperar, generando dos posiciones contradictorias, pues para unos, especialmente los funcionario de gobierno, privadamente expresan su preocupación y temor que nombres de asociados a ellos puedan aparecer, tal y como lo han sugerido funcionarios legislativos que han participado en el proceso de la lista; incluso se ha sugerido, que los recientes e intempestivos cambios de ministros de gobierno, tienen relación con la publicación de la Lista Engel; por otra parte, las Organizaciones de la Sociedad Civil, en buen medida, ven en esta iniciativa una esperanza que contribuya al combate real a la corrupción y al respeto a la Constitución y sus leyes por parte de los gobiernos.

El procedimiento para armar la lista no es fácil, pues, establece que el Departamento de Estado (Relaciones Exteriores), sea quien la fabrique y para esto recibirá no solo la información que le faciliten las agencias de su gobierno (DEA, CIA, Secretaria de Comercio, y otras), sino que deberá de ponerse de acuerdo con los embajadores de EE.UU. en Guatemala, Honduras y El Salvador, en los nombres a incorporar.


Este procedimiento no deja de ser conflictivo, pues, por un lado, el interés de las Agencias del gobierno es combatir la corrupción, mientras que, los embajadores tienden a proteger, en lo posible, sus buenas relaciones con el gobierno del país al que han sido enviados. Si bien, la política norteamericana se basa en la cooperación entre los diversos actores burocráticos, no es infrecuente que visiones o intereses sobre un mismo tema sean contradictorias, tal es el caso de la Lista, y que el resultado a que se llegue, no responda a la denuncia de la corrupción que la norma propone, sino que se quede corta, volviéndose una simple repetición de lo que la Fiscalía y las Organizaciones de la Sociedad Civil ya han denunciado.

El gobierno de El Salvador está viviendo una incómoda situación, por un lado, estaría muy complacido que el gobierno de los Estados Unidos lo acompañara en su condena a los gobiernos anteriores, validando su propaganda de las bolsas negras; pero de ninguna manera le gustaría que aparezcan de nuevo las bolsas negras en manos de sus funcionarios. Probablemente, este dilema explique el silencio gubernamental frente al tema.