La recién aprobada ley contra la independencia del Órgano Judicial y de sus jueces por los votos de Gana y Nuevas Ideas es parte del esfuerzo sistemático del actual Ejecutivo por sustituir el sistema de gobierno democrático por uno totalitario.

Opinión

La ley contra los jueces es inconstitucional La existencia de corrupción en el Órgano Judicial, no es nueva y es necesario denunciarla y corregirla, pero no puede hacerse al capricho de la voluntad del presidente de la república y mucho menos violando la Constitución.

Rubén I. Zamora / Abogado, político y diplomático

jueves 9, septiembre 2021 • 12:00 am

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La recién aprobada ley contra la independencia del Órgano Judicial y de sus jueces por los votos de Gana y Nuevas Ideas es parte del esfuerzo sistemático del actual Ejecutivo por sustituir el sistema de gobierno democrático por uno totalitario.

Se trata de un par de leyes que se presentan como instrumento de “limpieza” de la corrupción, pero cuyo real objetivo es eliminar los jueces honestos y capaces que para el gobierno actual constituyen un obstáculo a sus mandatos y sustituirlos con funcionarios que callan y obedecen lo que el ejecutivo les manda; a esto se une la creciente persecución  contra  todas y todos los ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y partidos que se le oponen, con una policía Nacional que cada vez actúa violando las leyes que protegen a la ciudadanía.

La existencia de corrupción en el Órgano Judicial, no es nueva y es necesario denunciarla y corregirla, pero no puede hacerse al capricho de la voluntad del presidente de la república y mucho menos violando la Constitución.

Las dos leyes para destituir a jueces por su edad y no por su honestidad y desempeño, evidencian que al Ejecutivo no le preocupa que sean corruptos o incapaces, sino centrado en  que los funcionarios le sean leales y en  deshacerse de los que no lo obedecen; como esta razón no puede  decirla públicamente, recurre hoy a la edad, violando los derechos humanos, las leyes del servicio público y abriéndole la puerta a sus Magistrados de la Corte Suprema, para que se dedique a la “limpia” de los no confiables.

Pero el problema va más allá y es más profundo. Casa Presidencial, nuevamente. ha empujado a sus Diputados de Nuevas Ideas y Gana a violar la Constitución.

El Art. 133 de la constitución establece quienes pueden tener iniciativa de ley, es decir, capacidad de presentar leyes para que sean estudiadas, discutidas y aprobadas o desechadas; establece que solo 5 instituciones pueden hacerlo y los divide en dos: el primero que se refiere a los diputados y el presidente de la república, les da una autorización general y a los tres restantes, (la Corte Suprema de Justicia, los Consejo municipales y el Parlacen), les establece una facultad especifica o sea que solo en ese campo tienen iniciativa de ley.


La Corte Suprema de Justicia tiene esta facultad. “ en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales”; pero es el caso, que la Asamblea Legislativa, a instancia  del ejecutivo, ha pasado dos pieza para las cuales según la Constitución no tiene facultad de asumir la iniciativa de ley, violando la Constitución en los artículos 86.1 y 133; el primero establece: “los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes” y lo repite diciendo:  “Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables” . por ello es que el rechazo de juristas, medios de comunicación nacionales y extranjeros y no pocos jueces han levantado su voz, ante esta nueva violación de la Carta Magna.

Por otra parte lo que me parece es más contundente para argumentar la violación Constitucional, es la lectura de la primera línea del artículo 133 que dice: “Tienen EXCLUSIVAMENTE iniciativa de ley:” y luego pasa a definirle esa “exclusividad “ a los 5 actores que gozan de esa facultad: para los diputados  y el presidente (por medio de un ministro) es una facultad indeterminada,  y por contrario, a las otras tres les especifica los casos en que tienen la facultad de iniciar legislación y que gozan de “EXCLUSIVIDAD”. Esto ha prevalecido desde décadas; los Consejos Municipales tiene la iniciativa para su ley de impuestos municipales, nunca, diputados o presidentes han pretendido hacerlo y la Ley Orgánica Judicial se aprobó “a iniciativa de la C. S. de J.”.  Lo que ha hecho la Asamblea (repito por órdenes de la presidencia), es una burda usurpación de funciones violando la constitución, viola la independencia del Órgano Judicial y rompe con la tradición legislativa.