La deuda pública de El Salvador, este año podría superar el 92% del PIB, es decir, de cada USD100 que se produzcan en todo el territorio nacional, USD92 ya se deberían. Aunque no es el único síntoma, sí es uno de los más significativos para reconocer que las finanzas públicas salvadoreñas están en cuidados intensivos.

Opinión

La encrucijada de la deuda pública (II)

Ricardo Castaneda A. / Economista sénior, Icefi @Recasta

jueves 20, agosto 2020 • 12:00 am

Compartir

La deuda pública de El Salvador, este año podría superar el 92% del PIB, es decir, de cada USD100 que se produzcan en todo el territorio nacional, USD92 ya se deberían. Aunque no es el único síntoma, sí es uno de los más significativos para reconocer que las finanzas públicas salvadoreñas están en cuidados intensivos.

Pero no se debe pasar por alto que, además del incremento de la deuda financiera, la deuda social también ha crecido, es decir, ahora hay más personas que requieren que el Estado cumpla con la obligación de proteger y garantizar sus derechos: la salud, la educación, la seguridad social, un empleo digno, la alimentación y muchísimos más.

Esto implica reconocer que atrás de cada decisión para, tratar, de reducir la deuda financiera, debe tenerse el cuidado de no aumentar la deuda social. Por ejemplo, alguien podría proponer aumentar el IVA al 20% y reducir el gasto en educación; posiblemente, con eso la deuda financiera se pueda reducir en el corto plazo, pero el costo del aumento de la deuda social sería altísimo para el país, en términos de gobernabilidad, pero también de desarrollo. Por eso no es lo mismo aumentar la recaudación a través de la adopción de un impuesto a la riqueza que con un aumento del IVA, no es lo mismo reducir los gastos en publicidad que los de la educación superior.

Entonces, ¿qué hacer? Las circunstancias obligan a asumir responsabilidades mejor compartidas, especialmente entre quienes tienen más poder. Esto significa concretar un pacto fiscal, para aumentar los recursos del Estado, pero con sentido de progresividad, avanzar hacia un gasto público vinculado a metas y resultados, donde no se permitan gastos superfluos, con mecanismos claros de rendición de cuentas y participación ciudadana.

Y en el ámbito específico de la deuda pública se debe primero ordenar el uso de las dos tarjetas de crédito con las que cuenta el Estado: Letes y Cetes, asegurando que se paguen en el año calendario que se emitan. Otro punto indispensable es que no se contrate deuda sino existe claridad sobre los resultados que se obtendrán con esos recursos. El país no puede darse el lujo de desperdiciar ni un solo centavo partido por la mitad. Pero esto no es suficiente.

El Salvador debe acompañar de manera activa las discusiones internacionales de condonación y reestructuración de la deuda con organismos multilaterales. Y es indispensable reestructurar la deuda pública en términos de tiempo y de tasas de interés, porque si antes de la pandemia el servicio de la deuda (pago de intereses y amortizaciones) ya era la partida presupuestaria más grande –este año representaba una quinta parte del presupuesto, más de lo que se destinaba a educación o a salud– de no hacerse ninguna reforma, los próximos años el servicio de la deuda será mayor y le quitará más espacio dentro del presupuesto al gasto social y al gasto en infraestructura económica


Esta negociación no es fácil, pues la mayor parte de la deuda pública está en manos de inversionistas privados, pero tampoco es imposible, como se ha visto en los casos recientes de Ecuador y Argentina. La carta de negociación del Estado salvadoreño es que, si no se logra la reestructuración, el riesgo de no pagarla es altamente probable.

Por lo que un mecanismo es la recompra voluntaria de deuda soberana, auspiciada por un organismo multilateral o incluso algún acreedor bilateral. Esta es una propuesta, a escala global, hecha por el premio nobel Joseph Stiglitz y Hamid Rashid, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas con el objetivo de «[…]reducir la carga de la deuda asegurando importantes descuentos (recortes) en el valor nominal de los bonos soberanos y minimizando la exposición a acreedores privados de riesgo. Pero un programa de recompra también podría diseñarse para avanzar en los objetivos de salud y clima, exigiendo que los beneficiarios gasten el dinero que de otro modo se habría destinado al servicio de la deuda en la creación de bienes públicos».

Para concretar una de estas opciones se demanda mucho colmillo político, pero también mucha capacidad técnica. Este es un tema de país, que requiere a todos los actores unidos. Es fundamental usar la política fiscal de manera estratégica e inteligente, no solo como un instrumento financiero sino sobre todo como uno de desarrollo, es la única opción que tiene el país para salir de esta encrucijada.