En medio de una de las peores crisis sanitarias, con una caída en los ingresos y la urgencia de aumentar el gasto público, contratar deuda era lo lógico. La deuda en sí misma no es mala y menos en una crisis de esta envergadura. Sin embargo, era clave gestionarla adecuadamente, en términos de tasas de interés y periodos de gracia para empezar a pagarla, y así no hipotecar los presupuestos de los próximos años que son claves para enfrentar la crisis y, tratar de minimizar los impactos negativos en la población, en términos de reducción del desempleo, pobreza y desigualdad; pero también, los recursos provenientes de ese endeudamiento deben utilizarse de manera estratégica asegurando resultados en beneficio de la población porque de no hacerlo el costo de oportunidad es demasiado alto.

Opinión

La encrucijada de la deuda pública (I)

Ricardo Castaneda A. / Economista sénior, Icefi @Recasta

jueves 13, agosto 2020 • 12:00 am

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En medio de una de las peores crisis sanitarias, con una caída en los ingresos y la urgencia de aumentar el gasto público, contratar deuda era lo lógico. La deuda en sí misma no es mala y menos en una crisis de esta envergadura. Sin embargo, era clave gestionarla adecuadamente, en términos de tasas de interés y periodos de gracia para empezar a pagarla, y así no hipotecar los presupuestos de los próximos años que son claves para enfrentar la crisis y, tratar de minimizar los impactos negativos en la población, en términos de reducción del desempleo, pobreza y desigualdad; pero también, los recursos provenientes de ese endeudamiento deben utilizarse de manera estratégica asegurando resultados en beneficio de la población porque de no hacerlo el costo de oportunidad es demasiado alto.

El Salvador se encontró con la pandemia con unas finanzas públicas que ya estaban en crisis: los ingresos eran bajos e inequitativos; el gasto público insuficiente, ineficiente e inefectivo; altos niveles de déficit fiscal y una deuda pública insostenible. Esto era el resultado de un conjunto de malas decisiones por décadas. Específicamente en el tema de la deuda, la manera como se privatizó el sistema de pensiones y la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) hizo que la deuda se incrementara como una bola de nieve. A esto hay que agregar el desorden financiero por la forma cómo se manejaron las dos tarjetas de crédito que tiene el Estado: Letes y Cetes y, que ante la incapacidad de aumentar de manera sostenible los ingresos públicos, cada año los presupuestos se aprobaban acompañados de un endeudamiento obtenido a través de colocación de bonos en los mercados internacionales, con tasas de interés muy altas en comparación con los préstamos bilaterales o multilaterales. Todo esto provocó que incluso previo al impacto de la pandemia, para este año, la partida presupuestaria más grande fuera el servicio de la deuda: el pago de intereses y amortizaciones. Es decir, se destinaba más para pagar deuda que para la educación o para la salud.

A finales de marzo, el Icefi señaló la importancia de establecer un plan que diera claridad sobre las medidas a adoptar, el costo de esas medidas y los resultados esperados, la reorientación de gastos no necesario y no indispensables y finalmente conocer la brecha de recursos que era necesario financiar con endeudamiento. Además, dadas las condiciones, se debía priorizar la gestión de préstamos bilaterales y multilaterales y la última opción debía ser salir a colocar bonos en los mercados internacionales.

Más de cuatro meses después, la percepción general es que se sigue sin un plan, no se han eliminado los gastos innecesarios y el manejo de la deuda no ha sido el adecuado. Desde la Asamblea se ha autorizado un endeudamiento adicional de USD3,000.0 millones para atender los efectos de la pandemia (el más grande de todos los países de Centroamérica), pero donde la gestión ha sido en extremo lenta, tanto del Ejecutivo como de la propia Asamblea. Lo que ha hecho que para sobrellevar la crisis de liquidez (no tener incluso para pagar salarios) se utilizaran las tarjetas de crédito a tasas de interés muy altas, y cuyos saldos deben pagarse en menos de un año.  Por cierto, la tarjeta de las Letes está a punto de toparse.

Por si fuera poco, se decidió salir al mercado internacional a colocar USD1,000.0 millones, en una decisión poco estratégica, a una tasa de 9.5%. Es decir, por los próximos 32 años, cada año se deberán pagar USD95.0 millones solo en intereses. Por más que la propaganda gubernamental quiera decir que es un logro, o que incluso los precios de los bonos hayan subido levemente, el costo de esa decisión es alto y lo deberá pagar la población, incluso quienes más están sufriendo los efectos de la crisis.

A esto hay que sumarle, como se ha podido observar en las discusiones en el seno de la Comisión, que los resultados del endeudamiento no están garantizados, de hecho, muchos de esos recursos no serán para atender la crisis sino para tapar los errores de cuando se elaboró el presupuesto y no se incluyeron gastos que ya se sabía que se iban a tener. El costo de no utilizar adecuadamente ese endeudamiento será demasiado alto, no solo para las actuales generaciones sino también para las futuras. El presupuesto del próximo año requerirá nuevamente deuda. Será inevitable. Pero no se puede seguir gestionando de la manera como se ha hecho hasta ahora. Esta columna continuará…