El Salvador, ha pasado por momentos históricos álgidos, donde ha prevalecido, la intolerancia e irrespeto a los derechos humanos, situación que sirvió de caldo de cultivo para que se diera una cruenta guerra civil que cobró la vida de 75,000 salvadoreños, en un periodo de 12 años, pero al no tener memoria histórica, la violencia se volvió a repetir con el terrorismo, la extorsión y los más de 60,0000 asesinatos que se han dado en manos de las  pandillas, y que en alguna medida los que han detentado el poder, no solo fueron tibios con estos criminales, sino al contrario en tiempos electorales patrocinaban la operación criminal.

Opinión

La educación es mejor que la represión

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

jueves 27, febrero 2020 • 12:00 am

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El Salvador, ha pasado por momentos históricos álgidos, donde ha prevalecido, la intolerancia e irrespeto a los derechos humanos, situación que sirvió de caldo de cultivo para que se diera una cruenta guerra civil que cobró la vida de 75,000 salvadoreños, en un periodo de 12 años, pero al no tener memoria histórica, la violencia se volvió a repetir con el terrorismo, la extorsión y los más de 60,0000 asesinatos que se han dado en manos de las  pandillas, y que en alguna medida los que han detentado el poder, no solo fueron tibios con estos criminales, sino al contrario en tiempos electorales patrocinaban la operación criminal.

De modo que el crecimiento pandilleril no fue producto de la casualidad, sino de factores que no se atendieron a tiempo por los gobiernos de turno, como lo son: la pobreza, la desigualdad, el mal sistema educativo, la falta de acceso a oportunidades laborales dignas, la poca inversión en lo social; además de la desintegración familiar, la irresponsabilidad paternal, y la poca preparación de los padres de familia para afrontar la tarea de educar, instruir y corregir a sus hijos en tiempo, todo ello fue una combinación letal que concluyó con una  generación de jóvenes excluidos y sin un futuro promisorio que desencadenó la violencia pandilleril.

De tal suerte que el fenómeno pandilleril no se podrá frenar aplicando contra cultura, patinetas, arte o poesía; se requiere mucho más que un puro de marihuana y una patineta, para apaciguar las ganas de matar o extorsionar a las personas honradas y trabajadoras por parte de estos delincuentes que no tienen ningún valor por la vida.

Por ello, creo que por más millones que el gobierno exija para el Plan Control Territorial, la situación no va a cambiar si no existe un sustento legítimo de la inversión en seguridad que pueda medirse a corto, mediano o largo plazo; de lo contrario, se continuará tirando el dinero público a la suerte,

dado que la reducción de los homicidios no es el único ratio de bajos índices de violencia, sino uno de varios índices que determinan la seguridad mínima a cada ciudadano, y estos índices tienen que ver con la calidad de vida en las comunidades más violentas del país, por ejemplo: el acceso a una educación de calidad, a salud pública, a vivienda digna, a que los niños jueguen sin temor a que les disparen en la cabeza, a oportunidades de empleo bien remunerado, acceso al emprendedurismo con créditos a disposición de las clases más vulnerables para fomentar la generación de empleo y riquezas.

Es decir, oportunidades por igual, para todos los salvadoreños y que estos accedan a los mejores puestos públicos en base a los méritos y no por cherada o parentesco, como ha sido en el pasado y sigue siendo. Pero volviendo a la seguridad, cuando se presenta un Plan como lo es el “Control Territorial” que tiene más dudas que eficacia, que se desconoce el gasto total que se está ejecutando en las comunidades, y cuando se les pide cuenta, se molestan y hasta le echan la jauría de troles en las redes sociales, es de pensar con mucho detenimiento qué es lo que está pasando en el país, para no repetir una tercera ola de violencia.


De manera que el “Plan Control Territorial” se ha vuelto un barril sin fondo, ya que no han bastado los casi $240 millones ejecutados del presupuesto 2019, luego $5 millones para uniformes y botas, posteriormente autorizaron otros $ 91 millones en préstamo, para la fase 2; después de ello, el Ejecutivo volvió a pedir una reorientación de $21 millones,   y finalmente la piedra en el zapato, los $109 millones; aunado a ello, está la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CES), de la cual se recaudan $207 millones anuales, que por cierto fue una promesa de campaña que se eliminaría, pero todo quedó en promesa.

De manera que ningún Gobierno ha gastado tanto en seguridad, sin dar mayores explicaciones, sobre todo porque $25 millones, son para video-vigilancia, por cierto, cuestionados, de modo que el enfoque del “Plan Control Territorial” está basado en contracultura, publicidad, redes sociales, control territorial, tecnología y espionaje. Muy distante de la posible solución que es el trabajo preventivo en la primera infancia, es decir, hacer una fuerte inversión en educación, que premie el talento por sobre la memoria y repetición.