El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador, publicado este mes de noviembre, reitera recomendaciones ya hechas al Estado salvadoreño desde diciembre 2019 cuando una delegación de esta instancia realizó una visita “in loco” al país.

Opinión

La CIDH y deudas pendientes de El Salvador en protección de Derechos Humanos La situación ha empeorado y las garantías para el respeto de derechos humanos experimentan un franco retroceso.

Celia Medrano / Periodista especialista en Derechos Humanos @celiamedrano15

martes 9, noviembre 2021 • 12:00 am

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El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador, publicado este mes de noviembre, reitera recomendaciones ya hechas al Estado salvadoreño desde diciembre 2019 cuando una delegación de esta instancia realizó una visita “in loco” al país.

La Comisión concluyó que el efecto de la violencia e impunidad es especialmente grave sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas mayores, personas LGBTIQ y personas con necesidades médicas.

La CIDH manifestó también su preocupación por la precaria situación de la población privada de libertad como consecuencia de las condiciones deplorables de detención, altos niveles de hacinamiento, la aplicación excesiva de la figura penal de prisión preventiva y detenciones permanentes en centros de detención policiales.

En el caso de la desaparición y desaparición forzada de personas, el Estado salvadoreño presentó observaciones sobre este tema al proyecto del informe de la CIDH. N obstante, la Comisión recuerda a El Salvador que la falta de diligencia del Estado propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, por lo que hace un llamado para la adopción de “…todas las medidas necesarias para asegurar que el marco normativo y actuación de las autoridades en casos de personas desaparecidas, incluyendo la investigación, sistematización y recolección de información, se ajusten a los estándares internacionales”.

Siguiendo las situaciones constatadas en su visita “in loco” y en función de sus conclusiones, la CIDH recomendó al Estado salvadoreño en sus observaciones preliminares sobre su visita en diciembre 2019 que se ratifique la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

La Comisión también ha recomendado que El Salvador ratifique la Convención Contra toda Forma de Discriminación e intolerancia, así como la ratificación de los Convenios 177, 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con respecto a derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, la CIDH ha insistido en la ratificación de la Convención Americana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, así como también el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.


En materia de protección internacional reforzada, El Salvador ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, la CIDH advierte que no ha Ratificado el Protocolo Facultativo de esta Convención ni tampoco se han dado avances para la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

En su informe de noviembre 2021, la CIDH reitera las recomendaciones ya planteadas al Estado salvadoreño desde diciembre 2019. Transcurridos casi dos años, poco o nada puede observarse con relación al cumplimiento de estas recomendaciones por parte de El Salvador. Por el contrario, la situación ha empeorado y las garantías para el respeto de derechos humanos experimentan un franco retroceso.

Lejos de asumir las recomendaciones, el Estado salvadoreño más bien empeora situaciones de las que la CIDH manifestó preocupación. En el caso, por ejemplo, de la recomendación específica para ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), funcionarios gubernamentales han declarado públicamente que no reconocerán este importante instrumento.

En este contexto, marcado con mayor fuerza por eventos como los del 9F del 2020 y el primero de mayo 2021, será un reto para la CIDH avanzar en una hoja de ruta establecida a partir de sus recomendaciones para con el país. La Comisión ha reiterado su disponibilidad de colaborar con el Estado Salvadoreño para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es responsabilidad de El Salvador aceptar esa mano abierta que se le tiende desde este organismo de indiscutible peso internacional.