Finalizadas las vacaciones agostinas, que constituyen el último gran paréntesis del año, antes de su conclusión cuando lleguen las fiestas navideñas, toca enfocarse nuevamente en los asuntos urgentes que la política nacional arrastra desde hace varios meses.

Opinión

La batalla por la Constitución

Roberto Burgos Viale / Catedrático @burgosviale

lunes 9, agosto 2021 • 12:00 am

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Finalizadas las vacaciones agostinas, que constituyen el último gran paréntesis del año, antes de su conclusión cuando lleguen las fiestas navideñas, toca enfocarse nuevamente en los asuntos urgentes que la política nacional arrastra desde hace varios meses.

Además de la inminente reforma al sistema de pensiones, la apuesta gubernamental por la criptomoneda y la continuidad de las comisiones especiales legislativas que, en medio de verdades y falsedades han hecho del linchamiento un espectáculo público, tenemos que ocuparnos de la reforma constitucional que, a cargo del Vicepresidente de la República y su comisión de expertos, han concluido en la necesidad de reformar buena parte de esta, sin necesidad de seguir para ello el procedimiento vigente hasta el momento.

Como se explica en el Art. 248 de la Constitución, que sigue vigente pese a las intenciones ya anunciadas de modificarla, el proceso de reforma implica una propuesta formal respaldada por al menos diez diputados. En caso que el proyecto de reforma se incluya en la agenda, el parlamento puede aprobarlas con la mitad más uno de los representantes, pero será hasta la siguiente legislatura, en este caso en el año 2024,  cuando sólo con el voto de los dos tercios de los diputados electos, podrán ratificarse estas propuestas que tanto defiende el vicepresidente.

Y es que el proceso de reforma constitucional, cuando no surge de un golpe de Estado, o de la imposición de mayorías poco dispuestas a la discusión democrática, permite un ejercicio de participación ciudadana, que hace de la nueva Constitución un texto fundacional, pero, a la vez, de cohesión colectiva en torno a principios, derechos y valores que se consideran comunes, pese a las innegables y legítimas diferencias de pensamiento, que coexisten –antes de manera pacífica- entre la colectividad que las respalda o aprueba.

Este ejercicio democrático estaría siendo obviado por la comisión que encabeza el Vicepresidente Ulloa, más preocupado por seguir las directrices del Presidente Bukele y en especial sus ansias de ser re electo en el cargo, a pesar de que la misma Constitución establece, desde su aprobación el 20 de diciembre de 1983, que: “El período presidencial será de cinco años, y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.” (Art. 154).

Esta disposición no requiere de interpretación alguna, su sentido es claro y la intención del constituyente que la redactó, de limitar las ansias de permanencia en los Presidentes del futuro, constituye desde entonces una garantía en favor de la alternancia presidencial, pero, a la vez, para promover una sana competencia entre diversas fuerzas políticas, de manera que en dicho proceso no se vieran limitadas estas por el poder desigual de quien ostentara el más alto cargo en la administración, además del mando de las Fuerzas Armadas y de la seguridad pública, antecedentes todos estos, que dejaron una huella dolorosísima en nuestra historia nacional.


Estas lecciones son bien conocidas por el Vicepresidente de la República, no es posible que a estas alturas olvide el legado de su padre como destacado académico e intelectual, que dio la lucha precisamente por los derechos humanos consagrados al menos, formalmente, en la Constitución de entonces, y que fuera asesinado por los escuadrones de la muerte hace cuarenta años, cuando se desempeñaba valientemente como rector de la Universidad de El Salvador.

La batalla por la Constitución no es una lucha violenta, no requiere de fuerza bruta ni del insulto gratuito en redes sociales u otros espacios públicos. Requiere de la inteligencia y de la convicción de todas aquellas personas que estén conscientes de que, en el proceso de reforma que ahora se propone, se tiende con demasiada frecuencia a promover la arbitrariedad del poder, el decisionismo sin normas de este Presidente de la República y, peor aún, la vuelta al militarismo que tan caro fue para los salvadoreños atenuar, al menos, durante las últimas tres décadas.

No habrá paz ni progreso sin una Constitución en la que las mayorías no se vean representadas, no puede abrirse el nuevo capítulo constitucional que el país necesita, vulnerando las reglas constitucionales aún vigentes. Finalmente, no puede engañarse a todos los salvadoreños, y decirles que esto se hace por el bien del país.