Opinión

La abogacía amenazada

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, @iidc_sv

viernes 9, julio 2021 • 12:00 am

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En 1990, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente aprobó los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Decían: «Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…); y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión».

La Constitución consagra el derecho al ejercicio libre de la profesión; este se ha configurado a partir del artículo 2, como manifestación de la libertad individual y del derecho al trabajo. La Sala de lo Constitucional lo define como: «la facultad de toda persona para desempeñarse en el campo técnico en el que ha acreditado conocimientos y aptitudes, es decir, garantiza que una persona pueda ejercer libremente la profesión en la cual se ha formado, como medio de realización personal» (Amparo 57-2012).

Según el art. 182 ord. 12o de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia le corresponde autorizar a los abogados y suspenderlos o inhabilitarlos. Es cierto que el ejercicio libre de la abogacía es un derecho fundamental con límites; pero la potestad sancionadora de la Corte Suprema de Justicia también está sujeta a límites, y los abogados sometidos a esos procedimientos sancionadores tienen derechos y garantías que deben respetarse.

Las potestades sancionadoras de la Corte Suprema de Justicia están diseñadas para garantizar que la abogacía cumpla con la función de «[poner] en práctica los conocimientos académicos adquiridos, con libertad y diligencia, en cumplimiento de la ley y de las normas éticas que rigen su profesión» (Sala de lo Constitucional, Amparo 57-2012). Utilizar esas potestades como represalias contra un abogado por ejercer su libertad de expresión es un vicio de desviación de poder (art. 25 inc. 2o Ley de Procedimientos Administrativos) y una violación al derecho de ejercer libremente la profesión.

El Doctor Enrique Anaya, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, es uno de los mas destacados constitucionalistas de El Salvador. Siempre ha mantenido una postura muy crítica ante la Sala de lo Constitucional que, lejos de significar un ataque al orden constitucional, ha demostrado su constante compromiso en defenderlo.


A partir del golpe de Estado del pasado 1 de mayo contra la Sala de lo Constitucional, el Doctor Anaya, nuestro vicepresidente, ha mantenido una condena constante y fundamentada contra esos acontecimientos, tanto en medios de comunicación, como en foros académicos nacionales e internacionales. Ahora la Corte Suprema de Justicia, compuesta precisamente por los magistrados impuestos ese 1 de mayo, activa un procedimiento sancionador contra el Doctor Anaya con el propósito de suspenderle en el ejercicio de la abogacía.

El caso del Doctor Anaya es una evidente caso de desviación de poder y de violación a sus derechos al libre ejercicio de la profesión y a la libertad de expresión. Pero, más allá de él, su caso representa un mensaje intimidatorio a todos los abogados de El Salvador que cuestionan el ataque avasallador al orden constitucional y a la independencia judicial.

Un día los abogados prometimos bajo nuestra palabra de honor «ejercer fiel y legalmente la profesión de abogado» (art. 143 Ley Orgánica Judicial). Eso, en estos tiempos, pasa por defender la Constitución, y es eso lo que ha hecho el Doctor Anaya.

Suspender en el ejercicio de la abogacía a un constitucionalista por ejercer su libertad de expresión nunca transformará en constitucionalistas a quienes urden estos golpes a la luz o escondiéndose tras las cortinas. Lo único que logran es volver notoria su inmoralidad e incapacidad, y reafirmar el carácter autoritario del régimen al que sirven.

El caso del Doctor Anaya debería despabilar a un gremio cuya profesión y medio de vida se ve directamente amenazado al desmoronarse el orden constitucional. Aún es tiempo de que, como nos enseñó Couture, «consideremos la abogacía de tal manera que el día en que nuestros hijos nos pidan consejo sobre sus destinos, consideremos un honor proponerles que se hagan abogados».