El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró ayer durante cuatro horas ante fiscales anticorrupción en el Palacio de Gobierno, en el marco de una investigación por asesorías a la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro.

El Mundo

Kuczynski declara por caso Odebrecht

AFP

viernes 29, diciembre 2017 • 12:00 am

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El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró ayer durante cuatro horas ante fiscales anticorrupción en el Palacio de Gobierno, en el marco de una investigación por asesorías a la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro.

Tras el término del interrogatorio, el equipo del ministerio público encabezado por el fiscal especial Hamilton Castro se retiró de la sede gubernamental, sin hacer declaraciones a la prensa.

El presidente peruano tampoco ofreció declaraciones.

Casi a esa misma hora, la líder opositora Keiko Fujimori llegó a las oficinas de la fiscalía a declarar en el marco de una investigación sobre el financiamiento de sus campañas electorales.

Keiko Fujimori declaró en una investigación sobre financiamiento ilegal de campañas electorales -que también abarca a la constructora brasileña Odebrecht- ante el fiscal José Domingo Pérez, durante más de cinco horas. Se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.

El fiscal Castro dirige esta investigación que busca determinar si el mandatario o alguna de sus consultoras se benefició o influyó en concesiones de obras públicas otorgadas a Odebrecht. suficientes.


Esto sucedió luego de que el Presidente logró salvar su destitución ante el congreso.

 

Miles de peruanos marchan contra indulto a Fujimori

Miles de peruanos marcharon ayer en repudio al indulto al expresidente Alberto Fujimori concedido por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Los manifestantes, incluidos familiares de víctimas del gobierno de Fujimori, se congregaron en la Plaza San Martín de Lima bajo el lema “indulto es insulto”, cuatro días después de que Kuczynski le otorgara el perdón al exjefe de Estado invocando razones humanitarias mientras cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.