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Juez  ratifica orden internacional de detención contra Sigfrido Reyes y defensa pide audiencia especial El exdiputado Reyes es procesado de lavado de dinero por $6 millones, apropiación indebida de $106,000 en concepto de viáticos y estafa en la compra de cinco terrenos del Ipsfa.

Jaime López

viernes 26, marzo 2021 • 4:30 am

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El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, afirmó ayer que ratifica la orden internacional de captura contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales acusado de estafa, peculado y lavado de dinero y activos por $6 millones.

La decisión del juez surge ante la solicitud de los abogados del exdiputado Reyes, que revoque su decisión de no programar una audiencia especial de revisión de medidas a favor de Reyes y que en ella se evalúe la posibilidad de cambiarle la detención por reglas de conducta.

Pero, lejos de dar marcha atrás a su decisión, el juez confirma que ratificará la orden internacional de detención decretada por el Juzgado Décimo de Paz.

Si, es cierto que se ratifica la orden de detención provisional contra Sigfrido Reyes y se le deniega el cambio de medida cautelar, primero porque no existe cambio en la situación, todo lo que alega la defensa, ya lo hizo en la audiencia inicial”. Juez Arévalo Ortuño.

Agregó que los abogados presentaron una caja con nuevas pruebas, pero eso no cambia la situación y en todo caso, son pruebas que se tienen que valorar en la audiencia preliminar o previa al juicio.

Y para cerrar con broche de oro, los abogados ni siquiera se comprometieron a traer al señor Sigfrido Reyes quien tiene que ratificar que acepta todas las medidas cautelares impuestas”, reiteró el juez.

El abogado Pedro Cruz afirmó ayer que presentó un recurso de revocatoria por escrito a la negativa del juez Arévalo Ortuño de programar una audiencia especial para revisar la medida más gravosa impuesta a su cliente.

Fiscalía acusa al exdiputado Reyes de haberse supuestamente apropiado de $106,000 a través del cobro de viáticos de unos 56 viajes, y supuestas misiones oficiales en la Asamblea Legislativa.

Consideramos que uno de los supuestos en los que se basa la imposición de la medida cautelar (detención) ha cambiado y es lo que se llama apariencia de buen derecho, eso quiere decir que si existe la probabilidad de que los hechos que plantea la Fiscalía encajan en un tipo penal, es dable imponer medidas”, Pedro Cruz, defensor de Reyes.

De ahí que en este proceso y con la información nueva que ha ingresado al juzgado, “la apariencia de buen derecho” en el delito de peculado ha sido desmontada” y se plantea la necesidad de hacer una audiencia especial de revisión de medidas para examinar, “si esa apariencia de buen derecho”, a estas alturas, se mantiene o no; y en consecuencia se modifique las medidas cautelares, suprimiéndolas o brindando otras menos gravosas, afirmó el abogado Cruz.

El profesional cuestionó la resolución del juez Arévalo Ortuño, de no convocar a una audiencia especial para discutir los aspectos que se están argumentando y se difiera para la audiencia preliminar, pero ya como una resolución de fondo.

“Oero nosotros estamos pidiendo una audiencia especial previa, no estamos pidiendo la exoneración del delito, estamos pidiendo que se analice la medida, pero el juez ha interpretado que nuestro planteamiento es más de fondo y que él se va a pronunciar hasta ese momento”, añadió Cruz.

Nuevas pruebas

En las nuevas pruebas presentadas, dice el abogado hay certificaciones emitidas por la Asamblea Legislativa en la que exoneran a Sigfrido Reyes de haber manejado fondos de la institución y mucho menos viáticos; con lo que no se cumplen los requisitos del delito de peculado, que ocurre cuando el funcionario público mantiene custodia de los recursos y en este caso, él no tenía esas atribuciones, sino que era otra persona.

“En las nuevas pruebas hay varias constancias, reglamentos de la Asamblea que establecen que ningún diputado ni un directivo ni el presidente de la Asamblea son los encargados del fondo circulante viático; sino que el que cuida o administra los fondos es un encargado especial que al ser nombrado, hace un juramento que él va a cuidar y que él responde por esos fondos, además ofreció fianza y eso consta, ¿quíén era esa persona?, ¿cuándo juró?”.

Reyes Morales está acusado judicialmente desde enero de 2020, por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada, junto a otras 13 personas, entre familiares y amigos.

Además es procesado por la supuesta compra de cinco terrenos que hizo la sociedad Terrenos e Inversiones S.A. de C.V. (Terrein), propiedad del exdiputado efemelenista y de su asesor legislativo, Byron Enrique Larrazábal Arévalo, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a un precio bajo.