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Juez decreta que masacre de San Andrés es crimen de lesa humanidad Por este crimen, tres exmilitares fueron capturados la semana pasada y uno solo identificado como "El chele Aníbal" no ha sido localizado.

Iliana Cornejo con reportes de Rosa Fuentes

miércoles 18, agosto 2021 • 8:35 pm

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El Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel determinó esta noche que la masacre contra cinco personas ocurrida el 7 de abril de 1981 en el cantón San Andrés de San Miguel, constituye delitos de lesa humanidad. 

El juez dijo que los delitos son de lesa humanidad todos los delitos contra los cuatro imputados". Fiscal del caso. 

Esta decisión del juez indica que los delitos no prescriben aunque el caso haya ocurrido hace 40 años.

En un operativo, la Policía Nacional Civil capturó la semana pasada a tres exmilitares identificados como Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides y a José de la Cruz Orellana Iglesias por los delitos de homicidio agravado, robo y asociaciones ilícitas y robo. 

Además, hay una cuarta orden de captura para otro exmilitar solamente identificado como "El chele Aníbal" a quien la fiscalía ha individualizado como el líder de una estructura paramilitar que se encargaba de obtener información sobre supuestas personas "subversivas".

La resolución

En audiencia inicial, el juez  resolvió dar medidas a dos de los tres detenidos: a Luis Alonso Benavides Polío de 91 años de edad y a José Inés Benavides de 80 años de edad; para ellos, el juez impuso las medidas de no salir del país, no portar armas de fuego, firmar cada 15 días en el juzgado y pagar una fianza de $20,000 cada uno.

Considero que ponerles una fianza de $20,000 es una medida muy desproporcional porque incluso estas personas son jornaleros, no tienen condiciones económicas, casi eso es una negativa de gozar medidas cautelares". José Mártir Martínez Roque, defensor. 

Para el tercer imputado, José de la Cruz Orellana Iglesias, de 60 años de edad, el juez decretó detención provisional.

La historia del crimen

La fiscalía explicó que Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, residían en el cantón San Andrés de San Miguel, en 1981, y en la noche fueron sacadas de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.

Una de las víctimas era presidente de una cooperativa, la esposa de él era una maestra, ambos eran catequistas del lugar; los otros dos eran estudiantes y trabajadores del campo y otro más que era de la cooperativa, pero que ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces ni muchos menos con el conflicto armado". Fiscal del caso.

Supuestamente un "oreja" dio información sobre ellos al S2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato.

La fiscalía dice que fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.