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Juez autoriza que segundo grupo de ecuatorianos cumplan sus penas en su país. La medida no solo cumple una medida humanitaria para prisioneros extranjeros sino que reduce los costos carcelarios en el país.

Jaime López

martes 17, noviembre 2020 • 5:51 pm

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El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria  y de Ejecución de la Pena de San Vicente autorizó la solicitud de traslado internacional de cinco  reclusos hacia Ecuador y autoriza que las penas de prisión, que van de 12 a 20 años, las cumplan en su  país.

Según la resolución del  juzgador, se reunieron los requisitos del  derecho internacional y se reducen los costos al Estado Salvadoreño.

El traslado de los reos se da en respuesta  a suplicatorios  penales  ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de  Juan  Andrés Quiñonez Manzaba, Alexis Ramón González Márquez, Byron Jorge Andrade Ceballos, Darwin Eduardo Cheme Valencia, Jesús Alberto Cedeño Arcentales, condenados por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.

Darwin y Alexis fueron condenado a 20 años, luego de ser capturado el 9 de abril de 2016  a bordo  de una lancha  con 497 kilos de cocaína  valorada en 12 millones, en Punta Remedios de Acajutla.  Cedeño, fue sorprendido cuando transportaba 700 kilos  de cocaína  en la Bocana El Cordoncillo de La Paz, mientras que Quiñonez Manzaba, condenado a 15 años y Bairon Andrade a 12 años

La resolución del juzgador está basada en la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, ratificada por El Salvador y diversos países del mundo. Los cuatro extranjeros reunían  el requisito  para optar al beneficio pues ya tenían una sentencia firme y definitiva.


En octubre el juez  autorizó el traslado de los ecuatorianos, Fermín Honorio Vera Aragundi, John Carlos López Marchán, José Bailon  Pin y Ronny Eduardo Solís Echeverría, condenados a penas de 15 a 20 años por tráfico ilícito.

Según informe del juzgado en El  Salvador existen diversos extranjeros recluidos  en delegaciones policiales, centros penales  o cumpliendo penas de trabajo de utilidad pública; esta situación ha motivado a que instituciones como la Procuraduría General de la República, Corte Suprema  de Justicia y Centros Penales a realizar diferentes peticiones a los  juzgados de vigilancia penitencia a fin de que  los reclusos regresen a sus países de origen en colaboración con autoridades consulares  con el fin de salvaguardar el derecho internacional que les asiste.