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Jesuitas pedirán reapertura de juicio a militares

AFP

viernes 24, noviembre 2017 • 2:16 pm

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La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador pedirá a un tribunal enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes y a dos de sus empleadas, en un crimen cometido en 1989 por el ejército.

"La reapertura del caso jesuitas,(es) con el fin de lograr un proceso judicial contra los autores intelectuales de la masacre", consignó la UCA en un comunicado.

La solicitud será presentada el lunes ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador por los sacerdotes, Andreu Oliva, rector de la UCA, y el director del Instituto de Derechos Humanos de la misma casa de estudios, José María Tojeira.

La decisión la tomaron los jesuitas, en virtud que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró en julio de 2016 la inconstitucionalidad de una ley de amnistía que había perdonado todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil entre 1980 y 1992.

La Compañía de Jesús también optó por reabrir el caso ante la "pasividad" de los distintos órganos de Estado en cuanto a "legislar sobre justicia transicional y judicializar" los casos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar parte de los crímenes que se cometieron en el conflicto.

"Esta acción (reapertura del caso) se enmarca en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición frente al crimen de lesa humanidad cometido con el asesinato", destacó la UCA.


La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, entonces rector de esa casa de estudios, y prominente defensor de la Teología de la Liberación.

En la masacre también fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.

En virtud de que en El Salvador solo fueron juzgados los militares que figuraban como autores materiales del crimen, un tribunal de España pidió a Interpol en enero de 2016 detener a 17 oficiales ya retirados del ejército por su implicación en el caso.

En agosto pasado, la Corte Salvadoreña dejó sin efecto las órdenes de detención contra los militares requeridos por España.