La diligencia empezará en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. / Archivo DEM

Nacionales

Instan a Gobierno a colaborar en inspección de archivos militares

Iliana Cornejo

viernes 11, septiembre 2020 • 12:02 am

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Por orden judicial, el próximo 21 de septiembre el juez Jorge Guzmán, dirigirá las inspecciones en los archivos militares por la investigación de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.

Según el acusador particular, David Morales, hay tres escenarios que se pueden presentar: que la Fuerza Armada colabore, que obstaculicen el proceso o un bloqueo definitivo.

El abogado señaló que puede haber una colaboración “simulada, como está de moda”, aludiendo al cateo de Centros Penales, recientemente, por la investigación de pactos con pandillas.

Sin embargo, Morales explicó que según los testigos que han desfilado en el proceso, los planes militares no pueden destruirse, de hacerlo, debe existir un acta de expurgo que explique los motivos y qué decía el documento.

“Si se encuentran rastros de que se está ocultando, que se ha destruido o se destruyó en el pasado, no estaríamos en presencia de ninguna falta administrativa o mera ausencia de colaboración, entraríamos en una figura delictiva en la que incurren los funcionarios de la Fuerza Armada e inclusive hasta el mismo presidente”, señala Morales.

El abogado indica que de encontrar estas evidencias o de bloquearse el acceso, el juez Guzmán deberá certificar a la Fiscalía General de la República para que inicie investigaciones preliminares por posible delito cometido.


“Instamos al presidente Bukele, al ministro (René Merino) Monroy y al Alto Mando, a que cumpla con la ley y colabore, y lo que vamos a encontrar es o colaboración o entorpecimiento o evidencia que se ha obstruido u ocultado delito”, añadió.

 

El antecedente

El 6 de marzo de este año, el Ministerio de la Defensa negó el ingreso a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a la institución, donde se haría una inspección de archivos militares entre los años 1970 y 1995, solicitada por la Universidad de El Salvador (UES).

Por este antecedente ya existe una denuncia internacional, en contra del Ministerio de la Defensa, según la Mesa contra la Impunidad en El Salvador.