Los diputados de la Asamblea Legislativa aún no definen cómo supervisarán el uso de los $2,000 millones para el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por COVID-19, tras la renuncia de organizaciones privadas del comité público-privado que definiría el plan de gastos y rendiría cuentas al congreso.

Política

Incerteza y desconfianza en supervisión al fondo de $2,000 millones para la crisis Sin el comité supervisor, la Asamblea no sabe cómo el Ejecutivo rendirá cuentas del uso del fondo de emergencia.

Gabriela Villarroel

miércoles 13, mayo 2020 • 12:02 am

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Los diputados de la Asamblea Legislativa aún no definen cómo supervisarán el uso de los $2,000 millones para el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por COVID-19, tras la renuncia de organizaciones privadas del comité público-privado que definiría el plan de gastos y rendiría cuentas al congreso.

En medio de denuncias por la falta de información y transparencia en las decisiones para manejar fondos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) dejaron el comité supervisor.

Entre las atribuciones del comité, estaba diseñar un presupuesto extraordinario y un plan; y rendir cuentas a la Asamblea; sin embargo, el Ministerio de Hacienda declinó entregar el presupuesto y un plan a diputados esta semana.

Sin embargo, se trata de un mandato del artículo 11 del decreto 608, explica Anabel Belloso, diputada del FMLN. “Se debe cumplir con el decreto de los $2,000 millones de deuda: hacer presupuesto, planes e informar”, afirmó.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, lamentó la renuncia del Comité y consideró que el Gobierno ya comenzó a utilizar “por adelantado” parte de los fondos, por lo que no solo debe presentar un presupuesto, sino rendir cuentas.

“La pregunta simple y sencilla es ¿de dónde se tomaron los $450 millones (para transferencias directas a familias afectadas)?, es deuda de corto plazo, deuda que obviamente se debe pagar. De esos $2,000 millones, $450 millones ya se fueron en avanzada”, aseguró.


El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, aseguró por su parte que su fracción hará un análisis “de todos los aspectos” para supervisar el uso de los fondos. “Lo importante es que deben tomarse decisiones porque un comité solo con funcionarios de Gobierno no tiene sentido”, indicó.

Sin confianza

Ni la Corte de Cuentas de la República ni la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) tienen la credibilidad para supervisar los $2,000 millones, según algunos diputados.

“Nuestras esperanzas estaban en ese Comité para supervisar el uso de estos fondos, ¿ahora en quién tenemos que tenerlas? ¿En la Corte de Cuentas? Yo no le veo que nos pueda ayudar a supervisar. Muchos hemos perdido la confianza”, aseguró el presidente legislativo, Mario Ponce.

Carlos Reyes aseguró, sin embargo, que la Corte de Cuentas debe auditar aunque asegura “ha habido algún tipo de traba para que los auditores hagan su trabajo”.

La Cicies, según el presidente de la Asamblea, “estaría haciendo su trabajo”, pero agregó que es “una Cicies al estilo salvadoreño, autorizada solo por el Ejecutivo, no tiene la legitimidad al pasar por el Congreso ”. Al estar supeditada a la Presidencia, consideró, “no es una instancia que esté auditando”.