El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) urgió al Gobierno salvadoreño a cumplir su compromiso de buscar un nuevo organismo internacional para conformar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), garantizando su independencia.

Política

ICEFI pide que nueva Cicies no sea dependiente

Saraí Alas

miércoles 9, junio 2021 • 1:45 am

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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) urgió al Gobierno salvadoreño a cumplir su compromiso de buscar un nuevo organismo internacional para conformar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), garantizando su independencia.

A través de un comunicado, el ICEFI lamentó la cancelación abrupta de la CICIES y la calificó de “un nuevo golpe a la lucha contra la corrupción y la impunidad” en El Salvador.

Consideró, además, que el argumento del Gobierno para finalizar el acuerdo marco suscrito con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), no justifican la anulación de la CICIES, “considerando que fue solicitada expresamente por el presidente Nayib Bukele”.

El Gobierno atribuyó su rompimiento con la OEA a la contratación de Ernesto Muyshondt, procesado penalmente en El Salvador.

Tras el fin de la CICIES, sin embargo, el presidente Bukele prometió buscar un nuevo organismo extranjero para lanzar una nueva Comisión anticorrupción, tildando de “basura” e “hipócritas” a miembros de la comunidad internacional.

Para ICEFI, este compromiso de buscar un nuevo organismo “deberá incluir el respeto a condiciones esenciales de independencia, y la aprobación y vigencia de las herramientas legales y facultades necesarias para asegurar la efectividad de su trabajo”.


Por ello, también urgieron a la Asamblea Legislativa a comprometerse a analizar las propuestas de reformas de ley que la CICIES entregó en abril de 2021, que incluyen cambios a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (1959); el Código Penal (1998) y el Código Procesal Penal (1973); la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos (1998); la Ley de Ética Gubernamental (2011); y, la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita (2013).