1979… Las llamas crecían y ardían cada vez más; se vislumbraba evidente en lontananza el incendio que devastaría al país. El Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador documentó, durante todo el año anterior, 147 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad militarizados y los organismos paramilitares coordinados por la cúpula de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Las causas de esos crímenes: “políticas”. Durante los doce meses siguientes, la cifra se incrementó hasta sumar 580 víctimas mortales por las mismas sinrazones a manos de los mismos responsables; en 1980 fueron casi 12 000 y en 1981 superaron las 16 000. Terrible escenario.

Opinión

He visto el futuro… Visto lo anterior para prevenir un nuevo naufragio, sin asomos de independencia judicial y con desigualdad multidimensional, debemos preverlo…

Benjamín Cuéllar / Defensor de Derechos Humanos @BenjamnCullar2

jueves 7, octubre 2021 • 12:00 am

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1979… Las llamas crecían y ardían cada vez más; se vislumbraba evidente en lontananza el incendio que devastaría al país. El Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador documentó, durante todo el año anterior, 147 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad militarizados y los organismos paramilitares coordinados por la cúpula de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Las causas de esos crímenes: “políticas”. Durante los doce meses siguientes, la cifra se incrementó hasta sumar 580 víctimas mortales por las mismas sinrazones a manos de los mismos responsables; en 1980 fueron casi 12 000 y en 1981 superaron las 16 000. Terrible escenario.

¿Cómo se configuró? Una buena fuente para responder esta interrogante la encontramos en lo proclamado por los jóvenes militares rebeldes que, el 15 de octubre de 1979, derrocaron al Gobierno impuesto presidido por el general Carlos Humberto Romero; además de acusarlo por haber “violado los derechos humanos del conglomerado”, le echaron en cara ‒¡ojo!‒ el fomento y la tolerancia de “la corrupción en la administración pública y de justicia”, así como la generación de “un verdadero desastre económico y social”. También mencionaron el enorme desprestigio del país y de la FAES.

Hubo, además, otras voces que se escucharon entonces. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de país aprobado el 18 de noviembre de 1978, entre otras conclusiones afirmó que las leyes internas reconocían la validez de la justicia y el proceso regular; sin embargo, denunció que los recursos legales no eran “eficaces para proteger a las personas arbitrariamente privadas de sus derechos humanos fundamentales”. La CIDH se refirió, además, a las graves condiciones económicas y sociales prevalecientes entre las mayorías populares, como “una de las principales causas” de la tensión y la polarización en el país.

También nuestro santo se refirió a ambos males. A finales de abril de 1978 denunció, de manera general, a los jueces que se vendían; inmediatamente la Corte Suprema de Justicia pretendió intimidarlo. En la nota enviada al pastor y mártir, intentó forzarlo a revelar “los nombres de los jueces venales” acusados. Pero le salió el tiro por la culata. En lugar de amilanarse, monseñor Romero se alegró porque pudo ampliar ‒el 13 de mayo de ese año‒ lo que afirmó antes en su homilía del 30 de abril. Dijo que, “después de tanto tiempo de estarse denunciando estas cosas, la Corte Suprema de Justicia declara públicamente su intención de empezar a sanear lo que está malo en ese supremo poder tan trascendental para la paz de nuestra vida nacional”. Pero no saneó nada y la justicia siguió siendo un imposible para las víctimas sin recursos económicos o influencias; no vino la paz, luego, sino la guerra.

Antes había expresado que la Iglesia no callaría ante las injusticias económicas y sociales. Además, a menos de tres meses de su magnicidio le demandó a la oligarquía no idolatrar sus riquezas. “No las salven de manera que dejen morir de hambre a los demás. Hay que compartir para ser felices […] El que no quiere soltar los anillos se expone a que le corten la mano; y al que no quiere dar por amor y por justicia social, se expone a que se lo arrebaten por la violencia”, aseguró.

Visto lo anterior para prevenir un nuevo naufragio, sin asomos de independencia judicial y con desigualdad multidimensional, debemos preverlo: ahora la nave nacional transita nuevamente por aguas peligrosas, debido a su pésima conducción. Alfredo Martínez Moreno ‒célebre jurista y diplomático salvadoreño recién fallecido‒ al inicio del discurso póstumo en homenaje a su colega Guillermo Trigueros habló de los “seres que en su efímero paso por el mundo, tras una existencia digna y provechosa, abundante en frutos para sus semejantes, dejan en la comunidad en que han vivido una presencia perdurable”. De arriba abajo, cuesta ubicar a alguien así dentro de la plantilla de funcionarias y funcionarias formalmente a la vista en el Gobierno actual; menos entre las figuras que se asoman tras sus sombras tenebrosas como parte del poder real dentro del mismo, nacidas o no en El Salvador.


Por ello, revisando nuestro pasado y considerando lo que está ocurriendo en el presente, no me queda más que recordar a Leonard Cohen cuando en una de sus memorables composiciones confirmó haber visto el futuro, describiéndolo así: “es un crimen”. “Esto sentenció va a rodar por todos lados. No habrá nada que se tenga alrededor. Los vientos del horror cruzan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón”. Me temo que eso que ya nos pasó puede volver a pasarnos… a menos que decidamos ya, no después, cumplir nuestro deber.