El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo (Art. 83 Cn.). El gobierno de la República está constituido por tres Órganos con facultades y atribuciones independientes entre sí, pero todos están organizados para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común, en consecuencia, eso obliga al Estado asegurar a los habitantes de la República (nacionales y extranjeros), el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Y dentro de este esquema esencial, la familia es la base fundamental de la sociedad, que tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

Opinión

¿Hacia dónde vamos como país?

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario @armanditolic

lunes 15, noviembre 2021 • 12:00 am

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El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo (Art. 83 Cn.). El gobierno de la República está constituido por tres Órganos con facultades y atribuciones independientes entre sí, pero todos están organizados para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común, en consecuencia, eso obliga al Estado asegurar a los habitantes de la República (nacionales y extranjeros), el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Y dentro de este esquema esencial, la familia es la base fundamental de la sociedad, que tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

Sin embargo, aún en plena vigencia los postulados anteriores, por lo menos, cuatro de ellos, han sufrido deterioro y vulneraciones en el presente régimen ejecutivo presidido por un político joven pero que, precisamente, por su juventud y poca experiencia política, muchas veces demostrada en sus mensajes por redes sociales o en el quehacer presidencial, permitió que la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa, en una decisión evidentemente  antidemocrática, violó los límites que, como órgano estatal tiene actualmente conforme a la Constitución, y con prepotencia, sin ninguna facultad legal, en un claro golpe de mano, destituyera  a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo al mismo magistrado presidente del Órgano Judicial salvadoreño, dando paso, también en forma inconstitucional y asaz abusiva, el decretar la remoción de magistrados y jueces de todo el país, que “tuvieren sesenta años o más de edad, o hubieren ejercido una judicatura por más de treinta años”.

Este entuerto legislativo, sin ninguna justificación aceptable, fue la señal más clara y contundente, de que el país ha comenzado a transitar por las veredas oscuras y harto peligrosas, hacia la probable conformación de una dictadura repudiable.

En cuanto al goce de la libertad, en el sentido estricto de lo personal, desde hace muchos meses hasta el presente, los salvadoreños asistimos diariamente al problema sociopatológico de las criminales desapariciones sufridas por niños, jóvenes y adultos, de uno y otro género, de distintas condiciones económicas y culturales, que ya suman miles de víctimas, sin que advirtamos en el gobierno, una clara demostración de intentar una solución pronta, eficaz y adecuada.

El caso de dos hermanos, Karen y Eduardo Guerra, ha sido la gota que ha derramado el vaso de la tolerancia pública, al aparecer en los medios televisivos, nada menos que el funcionario que, por ley, tiene la responsabilidad de haber buscado, desde hace mucho tiempo, el trazo de rutas para contrarrestar el flagelo que sufren centenares de familias, y quien emitió declaraciones trilladas y hasta con visos de poca credibilidad, a tal grado que fueron desmentidas públicamente por una madre, cuyo dolor fue aumentado con esa intervención desafortunada y sin que aparezcan sus hijos. Estamos, pues, ante el problema de la ineptitud, inexperiencia y dejadez de quienes conforman el gabinete actual en sus diversas áreas, no solamente el de seguridad.  Por cuestiones de tiempo y espacio, no ahondaré en más detalles, pero que el pueblo los intuye o ya los experimenta.

Y como si lo anterior no bastara, también los diputados oficialistas en otro decreto ilegítimo, autorizaron la reelección del mandatario al concluir su actual período, tal y como lo hicieron en su momento, gobernantes antipopulares y déspotas como Nicolás Maduro, en Venezuela y recientemente, el opresor dueto Ortega/Murillo, en la hermana república de Nicaragua, cuando el Art. 131 Cn. Ordinal 16º. faculta y ordena a la Asamblea Legislativa “Desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces, cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo”, normativa constitucional que está en consonancia con el Art. 88 Cn. que reza textualmente: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”. Esta norma es acorde con el Art. 87 precedente.


Las luces rojas de alerta se encuentran encendidas, con la muy posible adopción de medidas restrictivas en financiamientos, ayudas, etc. que están sobre el tapete del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, gobiernos democráticos latinoamericanos, la Unión Europea, etc.  Es hora de rectificar urgentemente. La pelota se encuentra hoy en la cancha oficial de nuestro país…