En la sesión plenaria de este martes, la Asamblea Legislativa recibe una polémica propuesta para reservar la información patrimonial de los funcionarios públicos. A última hora, también recibió una propuesta de dos páginas para contener la pandemia covid-19 tras meses de alza en casos respecto a 2020.

Política

Grupo Promotor pide a Asamblea Legislativa rechazar reformas a la LAIP Opacidad y retroceso en lucha contra la corrupción advierten instituciones.

Yolanda Magaña

martes 13, julio 2021 • 11:23 am

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El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) pidió hoy a la Asamblea Legislativa rechazar las reformas propuestas a la ley, ya que consideran que serían un “nuevo grave retroceso al derecho de acceso a la información pública” y debilitarían la lucha contra la corrupción en El Salvador.

El Ministerio de Gobierno ha solicitado a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a la LAIP para poder clasificar como “información reservada” toda información oficiosa, es decir aquella que las instituciones divulgan obligatoriamente en sus sitios web, como: gastos, viajes, asesores, actas de reuniones, informes contables.

La reforma también pide declarar como “confidencial” las declaraciones de bienes que por obligación legal hacen los funcionarios, empleados, exfuncionarios o exempleados públicos, al comenzar y finalizar sus funciones.

Estas personas deben declarar sus bienes y sus ingresos a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que debe investigar su evolución patrimonial para detectar posibles enriquecimientos ilícitos. La Sección tuvo su auge en su trabajo en los años 2015 y 2016, cuando investigó patrimonios de diputados, expresidentes y otros exfuncionarios.

El Grupo Promotor indicó que lo ideal sería adaptarse a nuevos estándares propuestos en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la “Ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública 2.0”.

La reforma solicitada por el ministro de Gobernación también pide que los sectores solo propongan dos candidatos a comisionados por sector, amplía el plazo de respuesta a los ciudadanos y le da más poderes al presidente del IAIP para manejar la estructura o destituciones dentro del IAIP.