Política

Gobierno pide interpretación auténtica para aclarar cobros en autónomas

Redacción DEM

martes 27, julio 2021 • 12:15 pm

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La Asamblea Legislativa estudiará una petición del Ministerio de Gobernación para aprobar una interpretación auténtica de un artículo de la Ley de Procedimientos Administrativos.

El objetivo es aclarar que las instituciones del Estado puede fijar cobros por licencias, autorizaciones, permisos, certificaciones u otros servicios.

Actualmente la ley indica que esta potestad de la administración pública tiene sus límites: el artículo 161 indica que "no podrán tipificar infracciones ni sanciones administrativas, establecer delitos o penas, ni tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público".

Así, Gobernación pide interpretar auténticamente esta disposición, con el fin de permitir a la administración pública tener potestad normativa por "derechos, trámites y servicios" por "licencias, autorizaciones, permisos, certificaciones, acreditaciones" fijados "con base en el interés público" a través de dicha potestad normativa.

Interprétase auténticamente el inciso 3o. del artículo 161 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el sentido que la disposición, al referirse a las cargas patrimoniales de carácter público hace alusión a cualquier otro ingreso de carácter tributario". Interpretación solicitada en proyecto de ley.

En el proyecto de decreto se explica que este tipo de cobros son ingresos paratributarios o ingresos no tributarios.

De acuerdo al ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, "no se tiene certeza si las tarifas que las instituciones públicas cobran por los derechos, trámites o servicios que estas brindan u otorgan son consideradas cargas patrimoniales de carácter público".

El proyecto ingresó a la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, que por el momento únicamente lo ha leído.

La Asamblea Legislativa estudia una Ley de Recursos Hídricos mediante la cual se facultaría al Estado a otorgar permisos y autorizaciones por hasta 15 años para el uso y el aprovechamiento del agua en el país.