Nelson Guardado, vicepresidente de organización territorial del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), informó ayer que ya tienen comprometido el financiamiento público al que tienen derecho por cada voto recibido en deudas adquiridas por la campaña electoral 2019. Según el último dato del escrutinio final, el partido obtuvo 1,434,856 votos. Multiplicado por $5.27 que pagará Hacienda por cada voto recibido, GANA sumará $7,561,691.12 en concepto de financiamiento público.

Política

GANA dice no les quedará nada de deuda política

Edgardo Rivera

viernes 8, febrero 2019 • 12:04 am

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Nelson Guardado, vicepresidente de organización territorial del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), informó ayer que ya tienen comprometido el financiamiento público al que tienen derecho por cada voto recibido en deudas adquiridas por la campaña electoral 2019. Según el último dato del escrutinio final, el partido obtuvo 1,434,856 votos. Multiplicado por $5.27 que pagará Hacienda por cada voto recibido, GANA sumará $7,561,691.12 en concepto de financiamiento público.

“Esa deuda política, eso va para pagar a los acreedores de bienes y servicios, usted sabe todo lo que se compra en una campaña, desde los promocionales, los espacios tiempo aire, esperemos que alcance, pero todo se debe”, dijo el dirigente de GANA. Luego, aseguró que ya “se debe una cuenta muy alta” y que los fondos no pasarán por la cuenta del partido.

“Ese dinero no pasa por la cuenta del partido, eso va directamente con quienes se ha firmado el compromiso de pagar la deuda”, dijo.  La campaña electoral inició en octubre y finalizó en enero.

En el caso de la coalición de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Democracia Salvadoreña (DS), recibirán un monto total de $4,516,832. Ellos se la distribuirán en proporción a los votos que obtuvo cada uno. El partido FMLN recibirá $2,051,553.03 y el partido Vamos puede reclamar $109,421.

La Constitución de la República establece la obligatoriedad del Estado de financiar las campañas de los partidos políticos.